En estos años de vigencia de la Constitución del 91 la experiencia ha demostrado que muchas de las instituciones que se diseñaron para mejorar o purificar la política han producido efectos contradictorios.

Liberar al país del bipartidismo y de la tiranía del bolígrafo fue bien intencionado, pero mal desarrollado, pues el efecto final fue acabar con los partidos y dar lugar a agrupaciones sin sustancia ideológica, programática y organizativa, algunas lo más parecido a partidos de garaje, otras, con la única misión de expedir avales, que en ocasiones se negocian sin ninguna responsabilidad política.

Sin embargo, a pesar del bipartidismo, hubo otras agrupaciones políticas con respaldo electoral.

La circunscripción nacional de Senado, con el propósito de crear “liderazgos nacionales” en la medida en que los candidatos debían hacerse conocer en todo el país y no solo en sus respectivos departamentos como antes, tuvo como efecto práctico encarecer la política, facilitar el ingreso de dineros ilícitos a las campañas y dejar a muchas regiones del país sin representación en el Senado como ocurre hoy, por ejemplo, con San Andrés, Chocó, Quindío y la llamada media Colombia, es decir, las antiguas intendencias y comisarías. En cambio, hay municipios en la Costa que llegaron a tener dos y tres senadores, con entidades poderosas a su servicio.

Con la creación del Consejo Nacional Electoral se fortaleció el “poder electoral”, pero, como lo escribí en otra columna, el origen político de sus integrantes –aun cuando ha habido en su seno excelentes juristas– deslegitima sus decisiones y tampoco ha logrado hacer cumplir de manera efectiva las normas sobre violación de topes electorales y financiación ilícita de campañas.

Aun cuando fueron concebidas antes, las consultas para escoger candidatos se han intensificado después de la vigencia de la Constitución del 91 y se han tergiversado por completo. Igualmente, el fin era sano: impedir que al interior de los partidos los “jefes” y la dictadura del bolígrafo excluyeran a buenos candidatos, simplemente porque no eran de sus afectos o les tenían antipatía u ojeriza. Se les olvidó un tema elemental: que su funcionamiento requiere la existencia de partidos con militantes de carne y hueso carnetizados. Así ocurre en todos los sistemas democráticos sólidos.

En los EE. UU., en las primarias, equivalentes a las consultas, en la de los republicanos no intervienen los demócratas y viceversa. Siendo secretario internacional del Partido Liberal y uno de los vicepresidentes de la Internacional Socialista, asistí a una de las elecciones y me llamó la atención que el entonces poderoso PSOE sacaba doce millones de votos, pero al candidato lo elegían los militantes carnetizados que no eran más de dos millones. En esa designación no intervenía el Partido Popular.

Hoy, con razón, los partidarios de Iván Cepeda –histórico líder de la izquierda que nunca empuñó las armas– temen que en la consulta de octubre pueda ser derrotado por el carismático y mediático Daniel Quintero, que por haber tenido respaldo de partidos y caciques tradicionales cuenta con el apoyo de estructuras puramente electorales aun cuando su trayectoria política no venga de la izquierda y sus propuestas, como la de revocar el Congreso, no sean las del Pacto Histórico. Claro que quienes defienden a Quintero aducen que en el 2022 apoyaron a Petro otrora rabiosos uribistas como Roy Barreras y Armando Benedetti. Todo eso se resolvería si las consultas fueran de verdad internas.

El otro mecanismo desnaturalizado es el de las firmas. Fue concebido para que ciudadanos sin trayectoria política y sin partidos que los avalaran pudieran dar los primeros pinitos para hacerse conocer. Terminamos en lo contrario, reconocidos jefes políticos con peso y trayectoria, por diversas razones, recorren el país “recogiendo firmas”. Las firmas demostrarían una tendencia si cada ciudadano o ciudadana solo pudiera apoyar a un candidato, pero una misma firma puede avalar a varios o a todos. Y eso sin hablar de que puede servir para eludir controles sobre gastos electorales.

No se debe cambiar las normas electorales a mitad de camino y con estas se elegirá el Congreso y el presidente. Después, sin necesidad de constituyente, podríamos pensar en caminos constitucionales para enseriar la política.

*Exfiscal de la Nación