En Colombia enfrentamos una crisis silenciosa y mortal: la adulteración de licores. Finalizando septiembre en Barranquilla, 13 personas perdieron la vida y otras terminaron hospitalizadas tras consumir ‘cococho’, un licor artesanal local hecho con metanol que cuesta entre $2.000 y $4.000 pesos; la reciente tragedia que nos recuerda que detrás de una botella mal sellada no hay una simple infracción comercial, sino una sentencia de muerte.

El metanol, comúnmente usado en la adulteración, es un alcohol tóxico de uso industrial que puede causar ceguera, daños neurológicos irreversibles y la muerte. En este más reciente caso, entre todos los afectados, la letalidad alcanza un 70 %. No hablamos de hechos aislados: en 2023, 54 personas resultaron intoxicadas y 41 perdieron la vida.

La adulteración constituye una industria criminal profesionalizada que opera con planeación, inversión y redes de distribución. Expertos en seguridad ciudadana han identificado hasta doce pasos en el proceso de producción de estas bebidas, que suelen fabricarse con meses de anticipación para inundar el mercado en temporadas festivas. Es un negocio con rentabilidades extraordinarias para las mafias, a costa de la salud pública.

Las cifras confirman el desafío: aproximadamente el 12 % del licor disponible en el mercado colombiano es adulterado. Solo en el primer semestre de 2025, las autoridades incautaron 175.000 unidades de bebidas alteradas, con un valor cercano a los USD $246.000, lo que equivale a aproximadamente a $962 millones de pesos colombianos. Entre las más afectadas se encuentran precisamente las de mayor consumo popular: cerveza y aguardiente. Cada decomiso revela la magnitud de una práctica que ya se extendió por diferentes regiones del país, desde el Atlántico hasta Antioquia y Nariño.

La pregunta es cómo responder a esta amenaza sin permitir que nuevas tragedias sigan ocurriendo en las ciudades. La respuesta debe ser integral: se necesita reforzar los controles sanitarios y logísticos, mejorar los mecanismos de trazabilidad de cada botella legal, fortalecer la inteligencia policial y judicial contra estas redes, y endurecer las sanciones para quienes ponen en circulación veneno líquido.

La adulteración de licores es un ataque directo a la vida de los colombianos, para lo que se requiere una acción decidida del Estado y de la sociedad. El debate candente es la reforma tributaria actual. El Gobierno planea subir el IVA de los licores del 5% al 19% para recaudar más, pero esa receta tiene riesgos mortales. Encarecer drásticamente el licor legal amplía la brecha de precios con el ilegal compitiendo con un veneno de $4.000 vendido en la calle. Esta elasticidad de la demanda juega a favor del crimen organizado. En la práctica, cada nuevo impuesto podría traducirse en más víctimas por metanol.

*Exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y coordinador de la Estrategia Triángulos para LATAM & Caribe contra el comercio ilegal