La rectoría de Leyton Barrios enfrenta una crisis de legitimidad que compromete la estabilidad institucional de la Universidad del Atlántico. La presunta falsedad en certificados incluidos en su hoja de vida —confirmada por la negación expresa, rotunda, de la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca— ha puesto en entredicho la validez jurídica de su designación y abierto la puerta a la nulidad del proceso por “falsa motivación”.
Todo indica que el Consejo Superior tomó su decisión, con base en información que ahora resulta seriamente cuestionada, lo cual evidencia fallas de verificación en los mecanismos internos, tanto del Comité Electoral como el de Credenciales. ¿Cómo es posible que no detectaran la inconsistencia a tiempo? ¿Por qué se valoraron documentos sin verificar su origen? Dudas razonables que exigen respuestas y, sobre todo, honestidad. La universidad no puede permitirse caer en más errores que vulneran la confianza de la comunidad académica.
En consecuencia, si las presuntas falsedades en la hoja de vida de Barrios, a las que habría acudido el entonces candidato para validar su aspiración, se confirman, se configuraría una causal suficiente, a la luz del derecho administrativo, para declarar la nulidad del acto de escogencia y ordenar el reinicio de una elección, que ha estado envuelta en acusaciones de injerencia política, hechos de violencia y el riesgo de pérdida de la autonomía universitaria.
Esta es una crisis, como lo advirtió EL HERALDO desde el primer momento, que ya no puede ocultarse ni tampoco minimizarse. ¿Cómo confiar en la idoneidad de un rector si su propia experiencia acreditada genera tantas dudas? ¿Con qué autoridad ética puede dirigir una universidad aquel que no ha despejado con total transparencia los señalamientos sobre su trayectoria profesional? Por donde se mire, todo este asunto, así como la credibilidad del rector ante los estamentos educativos, se caen por su propio peso. De modo que estamos ante un escenario insostenible para quien dirige la alma mater más importante del Caribe.
La demanda presentada por el gobernador Eduardo Verano ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, sustentada en el certificado que la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca niega haber emitido y cuya inexistencia documental es ahora irrefutable, será determinante para dilucidar el escándalo. Sin embargo, no es la única. A diario se están interponiendo recursos judiciales para superar el estado de cosas paralizadas, si es que cabe decirlo así, en el que ha caído la universidad tras semanas de suspensión de sus actividades.
Las explicaciones que ha esgrimido la defensa del señor Barrios, por más vehementes que sean, no sustituyen la obligación de demostrar, con pruebas verificables, la autenticidad de sus certificaciones. No basta con alegar persecución política ni con cuestionar el cambio de postura del gobernador Verano. La única responsabilidad recae directamente en quien aspiró al cargo de rector y entregó la documentación que hoy se encuentra bajo sospecha.
Ciertamente, Barrios sigue en funciones hasta que se resuelva esta lamentable situación. Pero sostener su rectoría bajo un manto de interrogantes equivale a prolongar un deterioro que socava su autoridad, retrasa decisiones, estanca procesos y agudiza las tensiones en el interior de la Universidad del Atlántico, a tal punto que podría ser irreversible. Esta casa de estudios merece una dirección que no genere sospechas, sino que construya confianza; que no tenga que defenderse en los estrados judiciales, sino que lidere con mérito y legitimidad.
Una vez más se constata cómo las intromisiones políticas pretenden capturar la autonomía universitaria. La vigilancia especial ordenada por el Ministerio de Educación —aunque no sea una intervención formal— muestra desorden institucional. Pero también genera recelos de intromisión estatal por precedentes en otras universidades públicas, como la Nacional de Colombia, donde —desde el poder central— se trató de reinterpretar la facultad legal que tienen estos centros académicos para autogobernarse y adoptar sus determinaciones.
La Universidad del Atlántico tiene que quedar fuera del forcejeo político. La escogencia del rector (a) debe ser pleno de garantías, no de sospechas, y sus procedimientos blindarse contra quienes la ven como una plataforma para la confrontación ideológica, la repartija de cuotas burocráticas o para obtener poder electoral. En aras de su paz institucional, Leyton Barrios debe dar un paso al costado. Basta de tanto cinismo que presiona desde las sombras.
