En Colombia, la libertad de cualquier procesado no es un premio, ni un beneficio especial: es la regla. Así lo establece la Constitución. Claro, la ley prevé excepciones, pero seamos directos: la situación de Álvaro Uribe Vélez no está en una de ellas. Esas excepciones no se aplican de manera automática, y mucho menos pueden utilizarse como castigo anticipado o con el fin de evitar la impunidad de un ciudadano que siempre ha estado presto y comprometido con el proceso.

El pasado primero de agosto, como ha sido de conocimiento público y ampliamente discutido, se condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal. Lo preocupante no es solo el fallo, sino la decisión de hacerlo cumplir de inmediato. Es decir, sin que la sentencia esté en firme, ya se ordenó su detención sin una razón jurídica sino más bien subjetiva o incluso, emocional. Es una opinión que desconoce la base misma del sistema penal acusatorio, como lo es el derecho a impugnar, la libertad como regla general y a la presunción de inocencia que no es derribada sino por un fallo en firme.

Álvaro Uribe, como cualquier ciudadano, tiene derecho a apelar. Y mientras eso ocurre, debería permanecer en libertad, salvo que exista un motivo serio para lo contrario. No basta con ser una figura pública, haber sido un expresidente, tener una trayectoria política importante o tener opiniones controversiales. La privación de la libertad no puede utilizarse para generar confianza en la justicia, ni para “dar ejemplo” en medio del debate público. Puesto que, la justicia no es un espectáculo.

Por eso su defensa, de manera acertada, presentó una tutela contra ese aparte de la decisión que ordenaba su detención de manera inmediata. Y aunque algunos critican el uso de esa herramienta, lo cierto es que ya hay precedentes donde ha prosperado ante el mismo Tribunal y no, no es verdad que le hayan negado el amparo constitucional a Álvaro Uribe Vélez, simplemente negaron una medida cautelar sin que ello signifique que la tutela no haya prosperado.

Se trata de proteger las garantías que deben cobijar a cualquier ciudadano, sin importar quien sea, ahí es donde se debería ver reflejada la verdadera igualdad material entre todos los colombianos.

Este no es un juicio sobre Uribe. Es una prueba de coherencia para el Estado de derecho. Si hoy ignoramos la presunción de inocencia con él, mañana podríamos hacerlo con cualquiera y ningún ciudadano está exento de pasar por un proceso penal. Y entonces sí, nadie estaría a salvo. La libertad no se negocia. Se respeta.

@CancinoAbog