Se cumplen tres años del gobierno de Gustavo Petro, y me parece oportuno hacer un balance objetivo de su gestión en materia de política agropecuaria.
Comencemos este análisis por la designación de recursos al sector agropecuario. De un presupuesto de $2,4 billones que Duque asignó al sector en 2022, Petro lo subió a $9,1 billones en 2024. Paradójicamente, este gobierno ha sido el de peor desempeño en la ejecución presupuestal en la historia de la cartera del agro. En el 2024 solo logró ejecutar el 38,3%. El Dane reveló hace poco que la pobreza monetaria rural en el 2024 fue del 43,4%. Ahí está la razón.
Respecto al crédito agropecuario, las cifras de Finagro revelan que la política de bancarización del campo fracasó. De 2.7 millones de productores del campo, solo 310 mil pequeños productores pudieron acceder a créditos Finagro en 2024. Es decir, el 87% de la población productiva de este país no existe para el sistema financiero. En materia de desembolsos, el gobierno Petro ha logrado que entre el año 2022 y junio de 2025 se desembolsen $114,7 billones, pero solo el 14% de esos recursos va a pequeños productores. Por su parte, el Banco Agrario presenta un altísimo índice de deterioro de su cartera, lo cual ha obligado a sus directivas a hacer provisiones por 1,2 billones de pesos aproximadamente, lo cual debe estar deteriorando las utilidades del banco.
En materia de política comercial agrícola, al gobierno le fue peor. La ausencia de un programa de ordenamiento productivo y de un mecanismo de control o distribución de los contingentes de importación hizo que los precios de la producción nacional se fueran al piso. Tampoco fueron capaces de activar el instrumento de coberturas de precios para contratos forward en la Bolsa Mercantil de Colombia. Lo anterior trajo como consecuencia la quiebra de miles de productores de papa, arroz, maíz, leche y yuca, entre otros. Además, afectó a otros sectores de la economía del país, por los paros agrarios y bloqueos de vías.
Respecto al programa de reforma agraria, las cifras del Ministerio de Agricultura muestran que han comprado 415.000 hectáreas de 3 millones prometidas. Han adjudicado unas 232.000 hectáreas, pero el 68% lo hicieron sin registro de los títulos ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y, de los 1,2 millones de hectáreas formalizadas, el 75% fueron en predios de comunidades étnicas. Si no le entregaron a cada familia campesina un proyecto productivo con paquete tecnológico y financiación, esa reforma agraria se perdió. La tierra per se no genera riqueza.
En conclusión, los resultados han sido más agrio que dulce. Era de esperarse, con tanta cambiadera de ministras (una cada 12 meses) e improvisación y desaciertos en la política agraria. Afortunadamente, el “superciclo” de precios internacionales y la tasa de cambio del dólar permitieron que los sectores agroexportadores tradicionales le dieran una mano al crecimiento del PIB agropecuario en estos tres años.
En una encuesta del Diario de la República, los empresarios capitalinos rajaron al Ministerio de Agricultura con un 2.4 de calificación. Menos mal que no encuestaron a los empresarios del agro.
*Consultor en crédito de fomento agroindustrial.
@indadangond
