La deuda oficial con las empresas comercializadoras de energía y gas, al corte de abril llegó a los $7.6 billones, está en el centro de las preocupaciones del sector energético y lógicamente también de los usuarios, por sus temores de que ello pueda llegar a derivar en un racionamiento en la prestación de este servicio público, que es esencial y por consiguiente un derecho fundamental, como lo es el acceso al mismo en condiciones de confiabilidad y firmeza. Y es que en el riesgo de no tener acceso al servicio de energía concurren dos factores, la no disponibilidad de la energía, debido a la falta de flujo de caja de las empresas prestadoras del servicio, concomitantemente con el alza desmesurada de las tarifas que, pese a sus anuncios, el Gobierno no ha podido contener.
La causa raíz de esta deuda oficial obedece a que, después que estas le descontaron en sus facturas a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 el subsidio al consumo de energía ($2.7 billones) y gas natural ($628 mil millones), la Nación, que debe reintegrárselo se ha abstenido de hacerlo. Adicionalmente, son muchas las entidades oficiales que están en mora del pago de la factura por la prestación del servicio ($1 billón). Finalmente, está la deuda por concepto de la Opción tarifaria ($3.3 billones). El Presidente Petro se comprometió en mayo del año pasado a asumir la correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, pero hasta la fecha esta es una promesa incumplida.
Esta deuda, que se incrementa mes a mes, afecta la solvencia, la liquidez y el flujo de caja de las empresas comercializadoras. Ello llevó a la intervención por parte de la Superintendencia de servicios públicos a la empresa Air- e, cuyo caso es solo la punta del iceberg, puesto que las demás empresas comercializadoras de energía y gas es similar. Ello llevó a los organismos de control, Procuraduría y Contraloría General, en un pronunciamiento conjunto, a advertirle al gobierno nacional del riesgo de un apagón financiero y de un efecto dominó, ante la imposibilidad de pagarle la energía contratada con las empresas generadoras, lo cual comprometería la prestación del servicio.
Estamos ante un riesgo inminente de racionamiento de energía, esta vez, a diferencia de 1992/1993, por el apagón financiero a que han estado expuestas tantos las empresas comercializadoras como las generadoras de energía. Así lo han manifestado ellas y sus gremios y lo han advertido los organismos de control y lo que más preocupa es que de parte del Gobierno no se toman las decisiones pertinentes e inaplazables.
Acaba de anunciar el Ministro de Minas y Energía Edwin Palma que “se canceló la suma de $2.5 billones para cubrir los valores adeudados en su totalidad, del rezago presupuestal del 2024”. Ello es un alivio para las empresas. En efecto, gracias a su gestión, el Ministro de Hacienda se comprometió a girar $1.8 billones y $564 mil millones, por concepto del reintegro a las distribuidoras de energía y gas, respectivamente. De esta manera se salda la deuda de 2024, evitando el apagón financiero, queda pendiente los $1.2 billones correspondientes a los subsidios de energía ya aplicados entre los meses de enero a abril.
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