El Heraldo
La minga de la semana pasada, que llegó hasta Bogotá, pedía respeto a la vida de los pueblos ancestrales.
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Colombia

El 30% de los crímenes contra líderes son hacia comunidades indígenas

De los 246 muertos en 2020, 91 son de pueblos originarios. En el Caribe han asesinado a dos líderes indígenas en Córdoba este año.

No había pasado una semana de la multicolor caravana que desembarcó con sus vistosos atuendos de minga desde el suroccidente colombiano hasta el pleno corazón de la capital del país, la Plaza de Bolívar, para exigir que no mataran más a sus coterráneos indígenas y que se cumpliera con el acuerdo de paz a cabalidad, cuando las balas zumbaron, impactaron y hundieron las latas del automóvil en que se movilizaba el más representativo parlamentario de la bancada de los pueblos originarios en el Congreso, Feliciano Valencia, del Mais, para ponerle de presente que hay a quienes no les interesa ni cesar la violencia ni seguir con la paz.

Pero como si fuera poco, el mismo día de lo de Valencia se produjo otro atentado en Riohacha, un par de horas más tarde, contra la lideresa wayuu Irama Movil, a quien ya habían intentado matar en octubre del año pasado en la vía a Valledupar.

Tampoco habían pasado muchos días desde que el fin de semana pasado una masacre en San Marcos, Sucre, en que resultaron víctimas cinco personas, dejó un solo sobreviviente y testigo desprotegido, Carlos Valerio, capitán arawak que denunciaba desalojos irregulares de 200 viviendas de campesinos e indígenas.

91 crímenes

Lamentablemente, estos episodios de violencia contra los pueblos originarios no son una excepción, sino que hacen parte de una estadística que se repite con frecuencia en varias latitudes del territorio nacional, al menos desde que arrancó el 2020: de los 246 asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos que registra Indepaz este año, 91 son en contra de líderes indígenas, la mayoría de Cauca y Nariño y algunos del Chocó, Putumayo, Caldas, Antioquia, Valle del Cauca, Caquetá, Bogotá y Norte de Santander.

En el Caribe se han producido este año dos crímenes contra líderes indígenas, ambos en Córdoba: Óscar Domicó, el 4 de junio en Tierralta, y Eduardo Olea, el 22 de septiembre en San José de Uré.

Y desde 2016, según Indepaz, han sido asesinados 269 líderes indígenas, de los cuales 242 fueron luego de la firma del acuerdo de paz y 167 durante este gobierno.

“Varias razones”

El experto en seguridad Néstor Rosanía pone de presente en diálogo con este diario que “no hay una única razón para que estén matando a los miembros de las comunidades indígenas, sino varias: se han opuesto al tema del cultivo, el procesamiento y el transporte de cocaína por el territorio y eso le ha generado una enemistad con disidencias de las Farc, los paramilitares, con el Clan del Golfo, y en general con los grupos armados que manejan la zona; segundo, porque también son reclamantes de tierras y se enfrentan a los ejércitos antirrestitución; y tercero, porque se han opuesto a proyectos minero-energéticos que afectan a sus comunidades y estos grupos podrían tomar represalias”.

Advierte además el analista que las zonas rojas para los líderes de los pueblos ancestrales son “Cauca y Nariño, porque allí están los primeros tres eslabones de la cadena de las drogas, están el cultivo, el procesamiento, el control de los laboratorios y el transporte, y todo eso pasa por los territorios indígenas, los indígenas están en la mitad de la cadena logística, y eso ha generado problemas con las disidencias”.

Y frente al atentado contra el senador Valencia, señala que “el liderazgo en la oposición a los grupos armados se la están cobrando las disidencias”.

El 35% de asesinatos

El director de Indepaz, Camilo González, explica en entrevista con este medio que “el asesinato de líderes y lideresas de grupos étnicos en Colombia representan cerca del 30 o 35% del total de asesinato de líderes desde la firma de los acuerdos. Esto es supremamente desafortunado e indica que hay una especial desprotección y un ataque dirigido de manera particular contra estas comunidades que son distintas, que son ancestrales, originarias, y deben merecer todo el respeto como indica la Constitución y la ley”.

Coincide el exministro en que en el Cauca y Nariño está el 90% de la agresividad contra esas comunidades, “porque están muy organizados controlando el territorio, oponiéndose a grupos armados, oponiéndose a traficantes de armas y a todo tipo de delincuentes y sobre todo defendiendo sus territorios ancestrales, y eso los hace blanco de todo tipo de violencias”.

Y critica González lo que sucedió en la minga: “Eso muestra que el Gobierno tiene una política de desprecio a las demandas de los indígenas, los han calificado de todo tipo de improperios, (...) es una política racista, discriminatoria, un discurso de estigmatización y de odio; y eso hace que las políticas de protección, de seguridad, no se traten verdaderamente con las autoridades indígenas, y de esta manera se omiten acciones y se permite una agresividad mayor de grupos criminales que atentan contra esas comunidades”.

La guardia indígena impide el paso de la droga y promueve la sustitución

La Misión de Observación Electoral, MOE, señala que la letalidad contra las poblaciones ancestrales durante la primera mitad del presente año en el país fue del 70%, pues de los 20 hechos de violencia contra estas comunidades hubo 13 asesinatos y un atentado.

La organización confirma que  Cauca es el departamento donde existen más hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales en el país, ya que este año han sucedido 45 hechos de violencia, el 18% de los registrados en Colombia. Además, el 91% de los asesinatos perpetrados en este departamento fueron contra líderes sociales. Y el principal liderazgo social afectado son los líderes indígenas, donde el 77,8% de los líderes agredidos en 2020 fueron asesinados.

Esta violencia, se lee en el reporte emitido por la MOE en septiembre pasado, podría estar relacionada principalmente con la presencia del ELN y de las disidencias de las Farc, y en menor escala los GAO y grupos del EPL, que buscan hacerse al control de las cadenas de producción y comercialización de los cultivos ilícitos.

Mención especial hace la investigación en el caso de la guardia indígena, pues se han dispuesto a combatir a los grupos armados a su manera, bien sea impidiendo el paso de la droga o promoviendo la sustitución de cultivos ilícitos. Esto, advierte, ha generado una ola de violencia en la que han sido asesinados miembros de la guardia y líderes indígenas. Esta situación había sido alertada por esta organización desde el 2019, a partir de la masacre en el resguardo de Tacueyó, Toribío, ocurrida el 29 de octubre de 2019, donde fueron asesinados cuatro comuneros y la gobernadora indígena, Cristina Bautista, que se encontraban haciendo control en el territorio. En este 2020, la violencia no se ha detenido, como se evidencia con los asesinatos de guardias en los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires, indica el documento.

“Cuenta de cobro del narcotráfico”

El consultor de seguridad John Marulanda indica en este periódico otra de las hipótesis que se manejan para explicar la violencia contra los pueblos ancestrales.

“Si es verdad que el Gobierno destruyó todos esos laboratorios en las regiones donde están los resguardos indígenas, el daño que se les causó fue muy grave y con seguridad que esa mercancía estaba ya comprometida, o por lo menos habían comprado insumos que se decomisaron, pero como funciona el crimen organizado transnacional esa mercancía ya tenía dueño o estaba comprometida. Y al no poderse cumplir el negocio, es muy probable que diferentes mafias del narcotráfico, distintos carteles u organizaciones pasen cuenta de cobro, porque así es como se arreglan las cuentas entre delincuentes. No estoy diciendo que el señor Feliciano esté involucrado, pero lo que sí puede suceder es que carteles del narcotráfico tomen venganza o arreglen cuentas con alguien que le pueda estar debiendo la mercancía o con alguien que, como Feliciano, dirigió a los indígenas fuera del territorio y no dejó quien cuidara ese negocio que estaba en desarrollo”, opinó.

Agrega el alto oficial militar retirado que “bien sea por esa teoría o porque lo de la minga en Bogotá resultó en un fracaso, en un desgaste inútil de todas las comunidades, entre ellos y el narcotráfico se está realizando esta serie de incidentes y de homicidios, no en contra ya solamente de los diferentes ciudadanos indígenas o moradores de la región, sino que están apuntándoles a los lideres, lo cual es un verdadero reto para el Gobierno nacional que debe garantizarles la seguridad a toda esta gente de los pueblos indígenas”.

Atentados en Cauca y La Guajira

El pasado jueves se perpetraron dos atentados contra dos líderes indígenas de gran representatividad en el país: el senador del pueblo nasa Feliciano Valencia, del Mais y la lideresa wayuu Irama Movil.

La agresión contra Valencia se presentó con disparos de fusil contra su camioneta en Tacueyó, Cauca: "Hacia las 9:40 am aproximadamente estábamos subiendo de Santander a Tacueyó, donde se estaba celebrando el homenaje a nuestra compañera Cristina. Cuando íbamos pasando por el sitio El Tierrero nos salieron hombres de civil armados, trataron de atravesar una camioneta en la que ellos se movilizaban, al no hacerles caso porque no conocíamos quiénes eran, seguimos y ahí fue cuando nos dispararon al vehículo, escuchamos como unos 10 o 12 tiros y afortunadamente solo impactaron la camioneta”, contó el parlamentario.

“Cuando decimos que nos están matando o nos van a matar no estamos diciendo mentiras, los territorios están tomados otra vez por la violencia y estructuras criminales", agregó.

Horas más tarde, la lideresa wayuu Irama Movil fue objeto de un atentado cuando se movilizaba en su vehículo en Riohacha, en medio de hechos en que se produjo un intercambio de disparos entre los atacantes y un escolta de la víctima, quien ya había sido objeto de otro atentado en octubre del año pasado, en la vía a Valledupar.

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