El Heraldo
EFE
Colombia

En libertad los 14 detenidos por vandalismo en medio de protestas

Los abogados denunciaron golpes, torturas e incomunicación por más de 12 horas de los detenidos.

El Complejo Judicial de Paloquemao informó que el Juzgado 33 Penal con Función de Control de Garantías declaró en la madrugada de este viernes como ilegal la captura de los 14 manifestantes señalados por la Fiscalía de cometer actos vandálicos el pasado miércoles en Bogotá y Cali, durante el paro nacional contra la reforma tributaria.

El juez declaró ilegal la orden y el procedimiento de las diligencias de allanamientos, "por falta de los respectivos elementos que soportaron los motivos fundados y que dieron lugar a la expedición de esa de orden de allanamiento. Por consecuencia, se decretó ilegal la captura de las 14 personas", indicó el ente judicial.

Así mismo, frente a los que se capturaron en vía pública también se argumentó que las órdenes de captura estaban mal diligenciadas

Al respecto, la Comisión Colombiana de Juristas, que representó a algunos de los detenidos advirtió en un comunicado que la Policía Metropolitana de Bogotá "negó el acceso de los y las abogadas representantes de algunos de estos manifestantes, quienes fueron sometidos a retenciones ilegales e imputaciones de cargos sin la asistencia jurídica necesaria, violando así sus derechos fundamentales".

Agrega el grupo de abogados que a Juan David Rodríguez Monroy y Daniel Alejandro Fraile Monroy, dos de las personas detenidas, a pesar de que el abogado se desplazó al Centro de Traslado por Protección (CTP) de Puente Aranda para asistirlos, "le negaron hablar con los jóvenes, incluso contando con el poder de representación otorgado por las madres de los mismos. Aunque funcionarios de la Alcaldía y de la Policía Nacional del Puesto de Mando Unificado (PMU) aseguraron a los abogados de la CCJ que los jóvenes estaban en el CTP de Puente Aranda, uniformados de ese Centro manifestaron que no estaban allí, ignoraron la insistencia por parte de los representantes legales y no activaron ningún mecanismo para su ubicación".

Por ello, asegura la Comisión que ambos estuvieron incomunicados por más de 12 horas, sin contar con la asistencia legal estipulada en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

"El 29 de abril, y gracias a la insistencia de su abogado, fue posible encontrarlos dentro del CTP de Puente Aranda donde horas antes los habían negado. Ambos presentaban señales de tortura y golpes", denunciaron los defensores de Derechos Humanos.

"Hubo otras tres personas (...) que fueron llevadas al CTP de Puente Aranda y de quienes se desconoció su paradero durante horas. Los patrulleros de la Policía asignados negaron la presencia de los capturados en el CTP, impidiendo que sus abogados pudieran entrevistarse con ellos. Por supuesto, estas personas tampoco fueron puestas oportunamente a disposición de un juzgado de control de garantías", se lee.

Imágenes del Paro Nacional 28A en el país

En varias ciudades las personas se congregaron desde temprano para marchar en contra de la reforma tributaria. Johnny Hoyos - Andrés Rodríguez.

Ante esto, la Comisión Colombiana de Juristas señaló que los servidores públicos que están realizando las detenciones sin el lleno de los procedimientos establecidos en la ley podrían estar incurriendo en el delito de desaparición forzada: "Por ello, además de exigir que a todas las personas detenidas el 28 de abril les permitan comunicarse con sus familias y representantes judiciales inmediatamente, exigimos se abran las investigaciones penales y disciplinarias que conduzcan a esclarecer el comportamiento de los policías que las mantienen incomunicadas y a que esa institución adopte los correctivos del caso para que estas situaciones no sigan ocurriendo".

Por su parte, la Campaña Defender la Libertad reportó que las protestas dejaron un saldo de, al menos, 49 manifestantes heridos, 4 personas presuntamente asesinadas, 73 personas detenidas arbitrariamente, 14 allanamientos con presuntas irregularidades, 10 personas defensoras de derechos humanos agredidas, entre otras.

Por su parte, el colectivo de abogados Cajar, que representa también a algunos de los detenidos, había informado el jueves que había sido declarada la “ilegalidad de la captura” del joven “Edwin Daniel Zambrano” y se compulsaron copias “al policía que lo capturó por haber inducido en error al fiscal”.   

La Fiscalía había informado el pasado miércoles en un comunicado que estos sujetos eran "presuntos integrantes de las denominadas brigadas clandestinas, que serían las responsables de infiltrar y sabotear jornadas de protesta en diferentes ciudades del país".

Estas personas, agregó el ente acusador, también "habrían participado en diferentes actos vandálicos y ataques contra la fuerza pública en Bogotá, como los ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020 contra los CAI de la Policía Nacional en la localidad de Bosa y el barrio Villa Luz; y el portal de Transmilenio de Las Américas. También hay indicios de que estarían involucradas en la destrucción de una sucursal bancaria el 21 de septiembre de 2020, en el centro".

Entre los detenidos se encontrarían cuatro de los supuestos cabecillas de distintas redes criminales: alias Raimundo, señalado de financiar y brindar apoyo logístico, como entrega de máscaras antigases, a los grupos que realizaban las acciones violentas; alias Topo, Saex y Flaco, sindicado de comprar los productos químicos, orientar la fabricación de artefactos explosivos artesanales, así como planear y definir los roles durante los disturbios.

"Estos tres últimos y uno más conocido con el alias de Pablo, fueron capturados en Cali. Al parecer, llegaron a esa ciudad el pasado 26 de abril con elementos e insumos para preparar ‘papas bomba’ y bombas molotov que, según los elementos de prueba, iban a ser utilizadas durante las movilizaciones de hoy (miércoles). Otra persona, alias Neco, fue ubicada en Ibagué. Hay evidencia que lo relacionaría directamente con la quema de los CAI de Piamonte y Laureles, en la localidad de Bosa, en el sur occidente de Bogotá", se lee en el reporte.

Por ello, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputará delitos como terrorismo agravado, concierto para delinquir agravado y violencia contra servidor público.

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