Más detalles salen a luz sobre el crimen del director de cárcel La Modelo de Bogotá, el coronel retirado de la Policía Élmer Fernández, cuyo hecho ocurrió el pasado jueves 16 de mayo por sicarios que lo atacaron a tiros cuando se movilizaba en un vehículo en Bogotá.
En su momento el presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), Óscar Robayo, informó que el director Fernández había sido amenazado hace un tiempo y esos hechos fueron dados a conocer a las autoridades.
En el más reciente reporte, la Policía informó que dos motocicletas podrían estar implicadas en el crimen y el recorrido lo iniciaron desde la cárcel La Modelo, —lugar donde termina su jornada laboral— hasta el lugar del crimen.
“Hay una Pulsar de color verde que ya habíamos dimensionado. Eso es lo que estamos verificando, en este momento revisando las cámaras”, anunciaron las autoridades.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró: 'Estamos trabajando con las autoridades para dar con los responsables a la mayor brevedad. Hago un llamado a todas las autoridades para que trabajemos juntos por proteger la vida y garantizar la seguridad de todas las personas amenazadas por grupos criminales'.
El Gobierno declaró en febrero pasado la emergencia carcelaria para enfrentar la persecución de bandas criminales a los guardianes de prisiones y combatir la extorsión que se hace desde los centros de reclusión del país, todos con un alto hacinamiento.
La medida se dio luego de una ola de violencia contra los funcionarios del Inpec y que le costó la vida a uno de ellos, llamado Jesús Cárdenas, tiroteado por dos sicarios cuando desayunaba cerca de la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena.
En esa ocasión, el ministro Osuna explicó que se iba a disponer de dinero para comprar equipos bloqueadores de la señal de teléfonos celulares en las cárceles, que son utilizados por presos para extorsionar y planear otras acciones criminales.
El Inpec administra 125 establecimientos carcelarios en todo el país con capacidad para 81.740 reclusos pero en la actualidad albergan a 101.976 personas privadas de la libertad.
Eso significa que la ocupación en las cárceles del país excede su capacidad en 20.236 internos, lo que equivale a un hacinamiento del 24,7 %, clasificado como alto por el Inpec.
