El expediente del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ungrd, en que están involucrados exministros del Gobierno de Gustavo Petro y congresistas de la Comisión de Crédito Público, volvió a moverse esta semana con el llamado a juicio por parte de la Corte Suprema al cordobés Wadith Manzur y la araucana Karen Manrique.
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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema señaló en un comunicado que imputó por el delito de cohecho impropio al senador Manzur y a Manrique, representante a la Cámara.
El alto tribunal también llamó a juicio a Manzur y Manrique, así como a los senadores Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, el representante a la Cámara Julián Peinado y el excongresista Juan Diego Muñoz, pero estos responderán al proceso en libertad.
La Corte acusa a los congresistas y al exrepresentante de supuestamente “conceptuar las operaciones de crédito que interesaban” al Ministerio de Hacienda a cambio de coimas que se hacían efectivas en contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
“Para la Sala, el amplio material recaudado durante la investigación permite concluir que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio”, agregó la información.
Manzur, de los más votados
Manzur, del departamento de Córdoba, fue el segundo senador más votado del Partido Conservador en las elecciones del domingo y logró la reelección con 134.914 votos, según el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad organizadora de las elecciones.
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“Recibo con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades. Confío en la justicia y en que este proceso permitirá esclarecer los hechos y demostrar mi inocencia. Tengo la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley”, señaló Manzur.
Su padre, en la JEP
Cabe recordar que Julio Manzur, padre de Wadith, en su momento fue uno de los caciques electorales más importantes del departamento. Sin embargo, su ascenso en la política se derrumbó luego de que se probara su relación con paramilitares.
En este sentido, el año pasado, ante magistrados de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), compareció el exsenador cordobés Julio Alberto Manzur Abdala a rendir versión en el marco del Caso 04, que investiga la situación territorial de la región de Urabá.
De acuerdo con la JEP, la vinculación de este al mencionado caso se basa en el proceso que cursó en su contra ante la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir agravado, por sus presuntos vínculos con las AUC en Córdoba, los cuales habrían permitido el control burocrático y la afectación de procesos electorales por parte de esa organización armada ilegal en la región de Urabá.
Manrique, de Arauca
Manrique, por su parte, fue reelegida como representante a la Cámara de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del departamento de Arauca por la Asociación de Víctimas Intercultural Regional, con 5.640 votos.
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En declaraciones a la emisora Blu Radio, el abogado defensor Andrés Garzón confirmó que la congresista Karen Manrique se presentó primero en una estación de Policía y posteriormente fue trasladada a la sede de la Sijín, donde permanece a la espera de las instrucciones que emita la Sala de Instrucción.
La defensa de Manrique sostiene que las actuaciones de la parlamentaria no constituyen un delito. Según Garzón, estas se enmarcan dentro de lo permitido por la Ley Quinta de 1992, normativa que faculta a los representantes a gestionar proyectos en beneficio de sus regiones.
De acuerdo con el abogado, existe un intento de “satanizar” las acciones de la congresista, ya que, afirma, estas se relacionan con un proyecto que ella había prometido impulsar tras un paro cívico realizado en 2023.
Origen y otros involucrados
El escándalo de corrupción en la Ungrd, organismo que se encarga de atender y prevenir emergencias causadas por desastres naturales en el país, fue destapado por la prensa en febrero de 2024 y desde entonces ha ido creciendo hasta alcanzar a altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Entre los procesados figura el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla –cercano a Petro– que, según la Fiscalía, fue determinante, en coordinación con el exdirector de la Ungrd Olmedo López, para la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos.
Según la investigación, los dos funcionarios supuestamente buscaban beneficiar a los cinco congresistas y al entonces representante Juan Diego Muñoz a cambio de que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.
Tanto Bonilla como el exministro del Interior Luis Fernando Velasco fueron enviados a la cárcel el año pasado como medida de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía los acusa de haber liderado una “organización criminal” que, entre 2023 y 2024, habría destinado más de 612.000 millones de pesos (unos 165 millones de dólares) para comprar apoyos legislativos mediante la asignación de contratos y proyectos.
Además, Carlos Ramón González, ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, y quien está prófugo de la justicia colombiana en Nicaragua, fue acusado en enero por los delitos de cohecho por dar u ofrecer; peculado por apropiación agravado, y lavado de activos.
La Fiscalía señaló que lo acusó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia porque González, cuando era director del Dapre, supuestamente ordenó sobornar a congresistas con recursos de la Ungrd a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.
Esa entidad lo acusa de haber pagado 4.000 millones de pesos a los ex presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, hoy igualmente detenidos por este caso.
Exconsejera presidencial
La ex consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, por su parte, se mantiene recluida en la cárcel desde finales de 2024 por hechos comprobados en el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo.
Además, a mediados de 2025, una jueza dictó prisión preventiva contra el ex director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha.
Según el ente acusador, Manrique Soacha sería uno de los principales responsables del presunto direccionamiento de contratos por más de 100.000 millones de pesos, destinados a proyectos de acceso a agua potable en comunidades vulnerables, especialmente en el departamento caribeño de La Guajira.
El caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es considerado el mayor escándalo de corrupción del gobierno del presidente Gustavo Petro, que finalizará su mandato de cuatro años el próximo 7 de agosto.
