La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra varios agentes interventores de la Coosalud EPS y decretó la suspensión provisional del funcionario Alexander Mesa Romero, quien se desempeñaba como agente especial interventor de la entidad.
De acuerdo con el auto emitido el 12 de marzo de 2026, la decisión fue adoptada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Vigilancia Administrativa tras analizar informes técnicos, jurídicos y financieros relacionados con la gestión de las EPS intervenidas por el Gobierno nacional.
La investigación también cobija a los interventores Mauricio Camaro Fuentes, Gloria Libia Polanía Aguilón, Carlos Eduardo Franco Muñoz y Julio César Piñeros Cruz, quienes habrían tenido responsabilidades en la administración de la entidad promotora de salud.
Según el documento, la actuación disciplinaria se originó a partir de un informe denominado “Visita administrativa y de control de gestión a Coosalud EPS”, elaborado tras una diligencia realizada el 14 de agosto de 2025 y ampliada en enero de 2026. Dicho reporte fue remitido a la Procuraduría para evaluar posibles incumplimientos por parte de los agentes interventores en el manejo de la entidad.
El organismo de control explicó que la suspensión provisional impuesta a Mesa Romero es una medida cautelar, no definitiva, orientada a evitar que la presunta conducta disciplinaria continúe o se repita mientras avanza la investigación.
Asimismo, la Procuraduría indicó que la permanencia del investigado en el cargo podría facilitar la reiteración de las conductas bajo análisis. Por esta razón, ordenó su separación inmediata del cargo, sin derecho a remuneración durante el tiempo que dure la suspensión.
En la decisión también se dispuso que el superintendente nacional de salud designe un reemplazo temporal mientras se mantiene la medida cautelar, y que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades disciplinarias.
El proceso busca establecer si durante la intervención de la EPS se presentaron irregularidades que pudieran afectar el funcionamiento del sistema y la atención a los usuarios del sistema de salud.
Otras decisiones
No es la primera decisión de esta característica que se toma en contra de agentes interventores.
En medio de la creciente crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia, los reclamos de los usuarios contra algunas EPS intervenidas por el Gobierno nacional siguen acumulándose sin respuestas efectivas, incluso cuando median órdenes judiciales.
Uno de los casos fue el de doña Blanca Uribe, de 92 años, quien permanecía internada en el Hospital Manuel Uribe Ángel, en Envigado, a la espera de un procedimiento para el reemplazo de su marcapasos.
Ante la demora en la autorización y realización de la intervención, su hija, Mónica Isabel Restrepo, presentó una acción de tutela el pasado 23 de enero con el fin de garantizar el procedimiento. Sin embargo, según denunció, no obtuvo una respuesta oportuna por parte de Nueva EPS. Desde el centro asistencial indicaron que no contaban con el dispositivo necesario para llevar a cabo la cirugía.
Por otro lado, la falta de solución llevó a que una semana después se promoviera un incidente de desacato. Pese a que la justicia citó de manera virtual a una declaración juramentada al agente interventor de la entidad, Luis Óscar Galves, y al gerente regional, Carlos Andrés Vasco, ninguno de los dos se presentó a la diligencia.
El prolongado trámite judicial, sumado a la necesidad de que la paciente sea remitida a una institución que cuente con la especialidad en electrofisiología, derivó en un fallo reciente de un juzgado penal de Medellín. La decisión impuso arresto por dos días y una multa equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes tanto para Galves como para Vasco.
