Este miércoles 11 de febrero se cumple el plazo que fijó el Ejecutivo para que la Corte Constitucional decida si levanta la suspensión provisional del decreto de emergencia económica expedido por la ola invernal. De no haber un pronunciamiento favorable, el Gobierno ha advertido que expedirá una nueva medida fiscal que incluiría un impuesto al patrimonio.
El presidente Gustavo Petro solicitó formalmente al alto tribunal que reactive el decreto y señaló que, en caso de mantenerse la suspensión, se avanzará en una nueva acción legal para enfrentar la crisis. La advertencia fue respaldada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien insistió en que la decisión de la Corte es clave para garantizar recursos y herramientas extraordinarias.
Desde la Casa de Nariño sostienen que la paralización temporal del decreto limita la capacidad institucional para responder con rapidez a los estragos causados por las lluvias, que continúan afectando con fuerza a varias regiones, especialmente en la Costa Caribe.
Además, en el documento enviado por el mandatario a la Corte, señaló que los nuevos elementos de juicio con los que busca demostrar que las condiciones actuales del país difieren sustancialmente de aquellas que motivaron al alto tribunal a frenar temporalmente la medida.
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Asimismo, el jefe de Estado enfatizó que Colombia atraviesa una coyuntura crítica a raíz de la temporada de lluvias, una situación que, según expuso, no permite aplazamientos ni decisiones alejadas de la realidad que enfrentan miles de familias damnificadas.
En la región Caribe, el impacto ha sido especialmente fuerte. Departamentos como Córdoba y Sucre registran extensas inundaciones, daños en vías, pérdidas de cultivos y afectaciones a la infraestructura pública. En Montería, la presión sobre la red de albergues es cada vez mayor ante la llegada constante de personas que lo han perdido todo y buscan apoyo humanitario.
De acuerdo con estimaciones entregadas por el propio mandatario, solo en Córdoba será necesario construir cerca de 5.000 viviendas para atender la emergencia habitacional, cifra que podría ajustarse una vez concluya el censo definitivo de afectados.
