La Defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que retire la solicitud enviada a los diferentes medios, en la que requiere información detallada de las políticas editoriales, los procesos de decisión informativa y los mecanismos internos de verificación que aplican los medios en su trabajo diario.
A través de una carta de cuatro páginas, la funcionaria pidió “retirar el requerimiento enviado a los medios de comunicación, en atención a que su formulación actual puede resultar incompatible con los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos sobre libertad de prensa, reserva profesional y autonomía editorial”.
“La naturaleza de la información solicitada, aun cuando se plantee con fines analíticos o de diagnóstico, involucra aspectos esenciales del proceso deliberativo y de toma de decisiones al interior de los medios, los cuales gozan de una protección reforzada precisamente para garantizar su independencia frente a cualquier forma de injerencia estatal.”, agrega.
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Para la funcionaria el requerimiento, emitido el pasado viernes 10 de octubre por parte de la CRC, de documentos internos relativos a los procesos editoriales, tales como actas, relatorías y manuales, bajo advertencia de eventuales sanciones administrativas, vulnera el derecho a la libertad de expresión y va en contra de lo establecido en los artículos 20, 73 y 74 de la Constitución.
Además, advierte que el comunicado emitido por la CRC no es sufrientemente claro sobre los alcances jurídicos.
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“Consideramos que dicho comunicado no aclara de manera suficiente los alcances jurídicos y las garantías aplicables a la información solicitada, ni despeja la preocupación central sobre la naturaleza de los documentos requeridos, que incluyen actas y relatorías de decisiones editoriales internas. Incluso si el propósito de la solicitud es investigativo o analítico, la formulación actual del requerimiento puede generar efectos inhibidores sobre la deliberación periodística, lo cual contradice los estándares constitucionales e interamericanos sobre libertad de prensa y reserva profesional.”, se lee en la carta.
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Finalmente, la Defensoría ofreció “acompañar un diálogo institucional que permita avanzar en la promoción del pluralismo informativo, la calidad de los contenidos y la confianza ciudadana en los medios, con base en los estándares de derechos humanos que protegen la autonomía, la reserva periodística y la autorregulación como pilares de la libertad de prensa en una sociedad democrática”.
