El Estado colombiano, a través de la Fiscalía y de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), asumió su responsabilidad y pidió perdón a un hombre condenado por su supuesta participación en el asesinato del guerrillero Hernando Pizarro Leongómez, sin que él hubiese intervenido en ese crimen cometido en 1995.
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La detención ilegal y arbitraria por parte de agentes estatales se produjo cuando Gustavo Sastoque tenía a su cargo el archivo de la sección de criminalística y la correspondencia del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.
Sastoque fue vinculado al proceso penal por el homicidio de Pizarro Leongómez, pese a no ejercer funciones operativas. Él tenía a su cargo el archivo de la sección de criminalística y la correspondencia del CTI, recordó hoy la Andje.
El 8 de marzo de 1995, Sastoque fue citado a comparecer ante la Fiscalía Regional para preguntar por un expediente. Cuando llegó fue detenido por agentes estatales en un cuarto de interrogatorio, sin indicarle las razones de su detención.
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Una hora después le mostraron una orden de arresto, emitida el mismo día, por el delito de homicidio de Pizarro Leongómez, quien fue jefe del Comando Ricardo Franco, una disidencia de las FARC, detalló la Agencia.
Tras pagar más de 10 años de prisión, la Asociación para la Promoción Social Alternativa (Minga) solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó la responsabilidad internacional del Estado colombiano en la detención arbitraria e ilegal de Sastoque.
“Esto debe suscitar una profunda reflexión sobre nuestro quehacer, sobre el enorme impacto que tienen nuestras decisiones en la vida de las personas vinculadas a una investigación y sus familias, sobre el peligro de actuar con la presión de encontrar un responsable pronto en crímenes que suelen ser muy mediáticos y donde la sociedad reclama resultados rápidos”, dijo la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, durante un acto de desagravio a Sastoque.
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Justicia corrupta
“El 8 de marzo de 1995 empezó una terrible pesadilla en mi vida (...) utilizaron testigos falsos para sindicarme y luego condenarme por un delito que jamás cometí. Desafortunadamente, fui el elegido de la Fiscalía para tan macabro plan”, manifestó Sastoque.
Igualmente, dijo que, aunque haya un acto de perdón, “el daño está hecho”, al recordar que sus planes de estudiar derecho, comprar una vivienda y de conformar un hogar no los pudo cumplir por “una justicia corrupta”.
En abril de 2021, el senador colombiano Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada cuando era guerrillero de las FARC, aseguró ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que fue él quien dio la orden para ejecutar en 1995 a Pizarro Leongómez, uno de los participantes en la masacre de Tacueyó, en la que fueron asesinadas a finales de 1985 y principios de 1986 cerca de 170 personas, a quienes la disidencia de las FARC consideraba informantes o traidores.
