La magistrada de la JEP, Ana Ochoa, leyó este jueves la segunda sentencia del tribunal de paz y que se considera histórica para el país, pues se trata de la primera condena por ‘falsos positivos’ en la región Caribe.
Se trata de 12 exmilitares del Batallón La Popa de Valledupar, sentenciados a 8 años de trabajos en infraestructura comunitaria por los falsos positivos de 135 víctimas en Cesar y La Guajira entre 2002 y 2005.
La togada recordó que se trata de penas alternativas y restaurativas, pactadas en medio de un proceso de paz y admitidas por la Corte Constitucional en el ordenamiento jurídico colombiano.
La sentencia, que involucra reparaciones a las comunidades indígenas kankuamas y wiwas, de la Sierra Nevada de Santa Marta, será vigilada por la JEP y la ONU.
Todos los exuniformados condenados, tras reconocer su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en la Costa Caribe, verán sus sentencias disminuidas dependiendo del tiempo que hayan pagado de cárcel en la justicia ordinaria.
Las penas
Los condenados, todos exintegrantes del Batallón La Popa, son los mayores Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez; los subtenientes Carlos Andrés Lora, Eduart Álvarez Mejía y Elkin Burgos Suárez; los sargentos Efraín Andrade Perea, Manuel Padilla Espitia y José de Jesús Rueda; el cabo Elkin Rojas, y los soldados Yeris Andrés Gómez, Alex José Mercado y Juan Carlos Soto.
El tribunal les impuso la sanción máxima de ocho años, aunque aplicó descuentos a quienes “ya habían empezado a saldar su deuda con la justicia y con las víctimas a través de procesos penales previos en los que cumplieron penas de prisión o estuvieron sujetos a medidas de aseguramiento”, explicó Ochoa.
Los sancionados deberán trabajar en seis proyectos restaurativos, que incluyen la construcción y mantenimiento de memoriales y centros culturales, apoyo en obras de infraestructura y adecuación de espacios productivos, en colaboración directa con comunidades indígenas y afrodescendientes.
Todos reconocieron haber participado en 135 asesinatos y desapariciones forzadas que dejaron además 192 víctimas indirectas en los departamentos del Cesar y La Guajira, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.
“La mayoría de las víctimas eran jóvenes entre 18 y 34 años y trabajaban en el campo o en el sector informal. Su selección respondió a su vulnerabilidad económica, a la falta de empleo, a la búsqueda de mejores oportunidades, así como a su visión de campesinos o indígenas o afrodescendientes, lo que evidencia factores de discriminación histórica”, dijo la magistrada, quien leyó en la audiencia los nombres de las víctimas.
