La Defensoría del Pueblo envió al Congreso de la República su concepto sobre el Proyecto de Ley 02 de 2025 con el que se estructura el marco jurídico para la ley de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados del país.
La entidad, que valora de manera positiva la iniciativa legislativa, enumera por lo menos cuatro “avances” contenidos en el proyecto de ley: la incorporación de la responsabilidad penal de financiadores y colaboradores; la articulación de medidas judiciales y extrajudiciales de verdad como requisito para acceder a beneficios.
También consideran relevante que se aplique un enfoque de investigación macrocriminal permitiendo determinar responsabilidades de máximos responsables, así como el fortalecimiento de la justicia ordinaria, evitando la creación de nuevas instituciones.
“No obstante, se advierte que es necesario realizar ajustes de fondo para garantizar plenamente los derechos de las víctimas y evitar riesgos de inconstitucionalidad”, aseveró la Defensoría.
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Hay nueve “puntos críticos” en la ley de sometimiento, por ejemplo, señalan la participación de las víctimas y pueblos étnicos; la reparación integral, la reserva estatutaria, la “inconveniencia y riesgo de inconstitucionalidad por otorgar nuevos beneficios penales a reincidentes en la violencia armada”.
Igualmente, mencionan los “riesgos de excarcelación sin cumplimiento de condiciones de aporte a la verdad, a la reparación, a la justicia y a las garantías de no repetición”. Advierten que “la protesta social es un derecho fundamental y no un asunto de crimen organizado” y recomiendan que este punto se tramite en un cuerpo normativo distinto, específico y autónomo.
Consideran la necesidad de garantizar la ejecución penal pues “no es claro cómo se ejecutará la sanción penal teniendo en cuenta las capacidades limitadas del Sistema Penitenciario y Carcelario”. Asimismo, advierten del vacío en la asignación de recursos a las instituciones del Estado que intervendrían con la eventual aprobación del proyecto de ley.
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Finalmente, sugieren que el proyecto debe articularse con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia creada en el marco del Acuerdo Final de Paz, que es la encargada de discutir las políticas de sometimiento.
“La Defensoría advierte que la legitimidad de este proyecto dependerá tanto de su contenido como de la participación efectiva de las víctimas, quienes deben estar en el centro de la discusión. Asimismo, hace un llamado a que cualquier decisión legislativa equilibre los beneficios para los responsables con los derechos de las personas y comunidades afectadas por la violencia, en especial la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, concluyeron.
