El expresidente Álvaro Uribe radicó una carta ante el Tribunal Superior de Bogotá, en la que indica que renuncia a la prescripción de la acción penal en su contra, por el caso que enfrenta por soborno a testigos y fraude procesal: “La prescripción de la acción penal, que nunca he buscado y de la que no quiero beneficiarme, no puede privarle la oportunidad a la Sala de tener las condiciones materiales mínimas para proferir un fallo que, independientemente de su sentido, sea el resultado de un análisis sereno, ponderado e integral de la prueba”.
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Por ello, les pidió el exmandatario a los magistrados que “acepten, en los términos del artículo 85 del Código Penal, la renuncia que hago al derecho de verme favorecido por la prescripción de la acción penal y que adopten, en mí caso, la decisión de fondo que en derecho corresponda, conforme sólo a lo probado en juicio, a lo que ordena la ley y lo que sea justo”.
La decisión del ex jefe de Estado, dada a conocer este lunes, se produce a mes y medio de que venza el plazo legal para que haya una sentencia en firme en su proceso, la cual está establecida para el 16 de octubre.
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Al respecto, el abogado penalista Francisco Bernate explica que “efectivamente la legislación colombiana permite la renuncia a la prescripción por una sola vez, el efecto es que vuelve a correr el término por dos años más. El requisito es que lo haga la persona enjuiciada de manera directa y voluntaria. La discusión pasa porque se renuncia a lo que se tiene, de manera que esta renuncia a la prescripción tiene un efecto simbólico pero no jurídico. Tendrá efecto jurídico si el Tribunal decreta la prescripción y la persona renuncia”.
A su vez, el abogado constitucionalista Germán Calderón España, quien por las redes había recomendado al ex presidente de la República la renuncia a la prescripción, había indicado que este recurso era “para que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tenga tiempo necesario para revisar el fallo de primera instancia con rigor: ¿Valdría más un análisis riguroso y sin afán de la sentencia de primera instancia en el caso del expresidente Uribe, que una decisión del Tribunal ligera y contra el tiempo?”.
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A su vez, la abogada Carolina Restrepo, comentó que “la ley ofrece la prescripción como un derecho; Uribe demuestra que el derecho verdadero es el de ser juzgado en el fondo. Esa es la diferencia entre el privilegio y la República: el privilegio extingue la acción, la República exige la verdad. Uribe no aceptó el privilegio de la prescripción. Lo entregó. Lo puso a un lado para decirle a Colombia: júzguenme de frente, con pruebas, con la ley, con la conciencia. No busco impunidad, busco claridad.
Y el legista Santiago Trespalacios indicó que “sobre la renuncia a la prescripción de Uribe hay dos posiciones encontradas sumamente interesantes: Una, no puede renunciar porque aún no ha ocurrido; y dos, sí puede renunciar pues estaría renunciando a la expectativa válida de que posiblemente ocurra. Mi opinión es que sí puede renunciar a la prescripción, pues esta constituye un derecho sustancial en cabeza de él, y aunque todavía no se ha configurado, sí puede renunciar al término que está contando. Quien puede lo más puede lo menos, es decir, si el expresidente podría renunciar a la prescripción ya consumada con mayor razón al término de para su configuración desde antes”.
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El expresidente Uribe indica que con esta decisión busca dar ejemplo en camino a la verdad.
“A pesar de que la ley me otorga un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso, no puedo aceptarlo, pues, aún con el peso de la injusta condena y estando mi libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad”, indica el documento.
“Servir a Colombia ha sido el máximo honor que he recibido en mi vida. La confianza depositada en mí, por la patria y mis compatriotas, me impone, en esta encrucijada, dar ejemplo y optar por el camino que, por más difícil o riesgoso, es correcto y coherente con lo que he defendido a lo largo de mi vida; la verdad.”
De igual modo, denunció que su derecho a ser oído durante la primera instancia no fue respetado.
“A lo largo de este proceso me he aferrado a la garantía más básica que asiste a todos los ciudadanos, el derecho a ser oído. En desarrollo de esta premisa fundamental, no sólo renuncié a mi derecho a guardar silencio, sino que procuré, por conducto de mis abogados, acompañar al juicio nutrida prueba, testimonial y documental. De ello, da cuenta el hecho de que fueron aproximadamente setenta (70) sesiones de audiencia en donde se recogió toda la práctica probatoria”, explicó el exmandatario.
“Estimo, con respeto, que ese derecho a ser oído no fue respetado materialmente por la primera instancia. Eso se aprecia en el fallo que, a pesar de extenso, echó de menos la valoración de gran parte de los hechos probados en juicio.”, agregó.
Y concluyó: “En ese sentido, sería hipócrita de mi parte reclamar mí derecho a ser escuchado, en procura de la verdad, y pretender que ello se realice por la Sala de forma real y adecuada, en un término bastante inferior a aquel que se requiere sólo para tener la oportunidad de escuchar todas las audiencias, revisar los alegatos de conclusión, estudiar el fallo de primera instancia y cotejar, uno a uno, los errores atribuidos al fallo en tres impugnaciones, contrastándolos con los alegatos de los no recurrentes”.