El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena remitir a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes el expediente contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022 ha desatado una ola de reacciones en el escenario político y jurídico del país.
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La alta corte concluyó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene atribuciones para investigar al mandatario en ejercicio, amparado por el fuero presidencial. La decisión, tomada en Sala Plena con una votación dividida de cinco magistrados a favor y cuatro en contra, representa un revés para los dos investigadores del CNE, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, quienes lideraban la indagación contra Petro.
Desde el Gobierno, la lectura ha sido de respaldo al fallo. El ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró lo que considera una ratificación del marco constitucional.
“La Corte Constitucional acaba de reconocer el fuero presidencial al determinar que la única que puede juzgar al presidente Gustavo Petro es la Comisión de Acusaciones”, expresó en su cuenta de X.
En la misma línea se pronunció la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, quien recordó que desde el comienzo del proceso advirtió que el CNE actuaba por fuera de sus competencias. “Lo habíamos dicho y hoy lo ratifica la Corte Constitucional colombiana: el CNE no tenía la competencia para investigar al Presidente por supuestas irregularidades en la financiación de la campaña”, señaló Rusinque, al tiempo que cuestionó el desgaste institucional generado.
Desde el Congreso, el representante del Pacto Histórico Alejandro Toro calificó la investigación como un intento fallido de “golpe de Estado blando” en contra de Petro. “¡Se cae el golpe de Estado blando a través del CNE! La Corte Constitucional hace respetar el fuero presidencial y le dice al CNE que no tiene competencia para sacar al presidente. ¡Continuamos firmes!”, escribió en redes sociales.
El representante Andrés Cancimance, del Pacto Histórico, interpretó la decisión en el mismo sentido. “La Corte Constitucional falló a favor del presidente: el CNE no puede investigarlo. Si lo que buscaban era disfrazar persecución política de investigación, hoy ganó el fuero presidencial, la Constitución y el Estado de derecho. Ganó la democracia”, afirmó.
Sin embargo, en la oposición la lectura es distinta. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático y precandidata presidencial, insistió en que el caso debe tener consecuencias. “El CNE debe investigar y sancionar a Ricardo Roa y compañía de la campaña de Petro en 2022 por la violación de topes de campaña en más de $5.300 millones de pesos”, afirmó.
Cabal también reclamó celeridad a la Comisión de Acusaciones y, tras conocer el pronunciamiento oficial del CNE, advirtió: “Como corresponde, debe avanzar esa investigación y la Comisión de Acusaciones se quedó sin excusa para aplicar el artículo 109 de la Constitución sobre la pérdida del cargo de Petro por violación de topes electorales”.
La respuesta del CNE al fallo de la Corte
El propio CNE, a través de un breve comunicado, confirmó que continuará con la investigación sobre la campaña presidencial del Pacto Histórico. “El procedimiento sancionatorio continuará respecto de los sujetos que de acuerdo con la Ley deban responder por la posible infracción a la normativa electoral”, indicó la entidad, al tiempo que aseguró que acatará lo que dispongan los órganos judiciales.
Pero este pronunciamiento también generó críticas. La magistrada Alba Lucía Velásquez, integrante del CNE, cuestionó lo que considera una ambigüedad institucional. “‘Continuar con la investigación’ y ‘acatar lo que dispongan los órganos judiciales’ no solo no pueden estar en la misma frase… son exactamente lo opuesto. En un Estado Social de Derecho como el nuestro, donde rige la supremacía constitucional, las decisiones de la Corte Constitucional no se interpretan ni se maquillan: se cumplen”, afirmó.
En ese mismo sentido, el representante a la Cámara Eduard Sarmiento Hidalgo advirtió: “¿Intenta el CNE desconocer el fallo de la Corte Constitucional? Peligrosa deriva la que toman. Gracias, magistrada Alba Lucía Velásquez, siempre tuvo razón cuando planteó desde adentro del Consejo Nacional Electoral que no tenían competencia para investigar al presidente”.
Mientras tanto, los magistrados investigadores del CNE, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, deberán entregar en un plazo de cinco días hábiles el expediente del presidente a la Comisión de Acusaciones, tal como lo ordenó la Corte. Aunque el proceso contra Petro se traslada, las pesquisas contra otros actores de la campaña, como Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, seguirán su curso en el organismo electoral.
El CNE tiene hasta el 25 de julio para definir responsabilidades y eventuales sanciones contra los integrantes de la campaña, fecha en la que se cumplen tres años de las elecciones presidenciales y vencen los términos legales para la investigación.
