Dos de los tres poderes de Colombia, el Ejecutivo y el Legislativo, siguen enfrentados. No hay tregua ni conciliación. El Gobierno nacional, tras la línea dictada por el presidente Gustavo Petro, sigue haciendo invitaciones a sus bases para agitar las calles y lanzar por los aires denuncias de fraude y maniobras irregulares por parte de la oposición y los sectores empresariales tras el hundimiento de la consulta popular.
El Senado, por su parte, en cabeza de Efraín Cepeda, se defiende de los cuestionamientos y hace llamados al respeto y la sensatez y al oficialismo; sin embargo, la bandera blanca está lejos de aparecer.
Por su parte, la resucitada reforma laboral, en el medio del huracán, sigue su lento e incierto trámite en el Congreso.
La iniciativa, una de las banderas del progresismo, ha empezado a ser aceptada –como estrategia política o por conveniencia– por las mayorías en el salón elíptico; no obstante, cuando todo parecía que el articulado podría unir a las distintas orillas, el Pacto Histórico ha anunciado que no apoyará el texto y se enfocará de lleno en la consulta popular 2.0, que cuenta con cuatro nuevas preguntas relacionadas con el sistema de salud.
“Se suprimió la naturaleza laboral del contrato de aprendizaje del Sena, se negó el aumento de la licencia de paternidad, se eliminaron las licencias por menstruaciones incapacitantes, se permitió seguir utilizando el contrato sindical para tercerizar y debilitar la organización social”, explicaron.
En medio de esos dimes y diretes, de apoyos y reculadas, Petro ha seguido enfilando sus críticas contra la mesa directiva del Congreso, agrietando –de acuerdo con la oposición– cada vez más las bases de la institucionalidad y alimentando los índices de violencia política en el país.
La apuesta del presidente ha seguido subiendo de tono. Para eso ha usado a Armando Benedetti, ministro del Interior, un curtido operador político que anunció sorpresivamente los planes del Gobierno de convocar la consulta popular vía decreto, ignorando los necesarios conceptos del Senado de la República.
“No permitiremos que se vulnere la Constitución ni que se empleen maniobras para desviar millonarios recursos públicos hacia intereses políticos y campañas electorales. Si se emite un decreto inconstitucional, recurriremos de inmediato a las instancias judiciales competentes para salvaguardar la democracia. No toleraremos actitudes autoritarias que pretendan engañar a los colombianos o pasar por encima del Congreso de la República y la Rama Judicial. El desespero no puede justificar el autoritarismo”, criticó Efraín Cepeda.
Petro, por su parte, no tardó en responder: “¡Ay! Efraín Cepeda, hiciste fraude, y eso tiene una instancia competente para resolverlo: la justicia. Esta tensión social que vive el país tiene su origen en ese fraude”.
En este sentido, Alejandro Gaviria, ex ministro de Educación, consideró que la actual tensión entre el Gobierno y el Congreso puede llevar rápidamente a un “rompimiento institucional”
“Me parece que eso ya está moviéndose de manera muy acelerada a lo que uno podría llamar un rompimiento institucional, que no lo veo inminente, pero sí en esa dirección. No es que vaya a haber un cruce de ese umbral definitivo que uno diga, ahí está, pero yo creo que estamos caminando por esa cuerda floja”, aseguró el académico.
“Cuando el ministro del Interior (Armando Benedetti) dice (al Senado): ‘Yo estoy muy pendiente de lo que van a hacer’, es básicamente una pretensión de que si el Congreso no es notario de la reforma del Gobierno, entonces el Congreso está yendo en contra del pueblo y el Ejecutivo puede hacer cualquier cosa”, agregó.
Cabe recordar que el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, admitió para estudio una demanda que busca anular la decisión en la que el Senado rechazó la convocatoria a una consulta popular.
La demanda de un ciudadano busca no solo la nulidad de la votación del pasado 14 de mayo, sino que también pide la suspensión provisional de sus efectos mientras se resuelve de fondo el litigio.
Calles cansadas
Los dos días de paro nacional concluyeron este jueves con una participación menor a la esperada en las calles y bloqueos esporádicos en el transporte público en las jornadas convocadas para respaldar las reformas del Gobierno, un balance doloroso para el Gobierno si se tiene en cuenta que su principal estrategia ha sido azuzar a sus seguidores para manifestarse en todas las plazas del país.
El paro, impulsado por las principales centrales obreras, el partido oficialista Pacto Histórico y diversas organizaciones sociales, tuvo el miércoles una primera jornada con escasa afluencia en las principales ciudades del país, lo que obligó al Gobierno nacional a desmarcarse de estar detrás de estas manifestaciones. No obstante, desde el oficialismo volvieron a ratificar que su gran apuesta sigue siendo la consulta.
“El seguro de vida de las reformas sociales es la consulta popular. Como lo ha dicho el presidente (Gustavo Petro), va porque va”, señaló el ministro de Trabajo.
En este sentido, Sanguino acusó al Senado de haber intentado “tramposamente escamotear la primera solicitud de consulta, que todavía está viva” y aseguró que “para doblarles la apuesta, hay una segunda que también tendrán que tramitar”.
Debido a lo anterior, el ministro precisó que “habrá consulta popular como única garantía de que las reformas sociales se abran paso en Colombia”.
Sin embargo, a pesar del optimismo del Gobierno, líderes políticos y analistas concuerdan en que el oficialismo ha empezado a abusar de su buena relación con las centrales obreras, lo que ha ocasionado un supuesto hartazgo prematuro para seguir saliendo a hacerse sentir.
“La protesta social, su independencia y su capacidad de transformación saldrá, después de un gobierno de izquierda, debilitada y deteriorada. El trabajo que tomó que la ciudadanía volviera a confiar en esta forma de participación política se tendrá que hacer de nuevo”, aseguró Sandra Borda, investigadora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes.
Por su parte, Jairo Libreros comentó: “El Gobierno pierde también en las calles. Lo que vimos esta semana demuestra que ya no hay capacidad de presión popular como la que se vio en otros momentos”.
“El Gobierno va a jugarse todo en las calles. Sabe que si logra posicionar un candidato en segunda vuelta, ese candidato puede convertirse en presidente. Pero para eso necesita movilización social, y lo que vimos esta semana no es un buen augurio”, agregó.
