El subintendente William Andrés Rayo Jiménez y los patrulleros Gilmar Steven Portocarrero Mosquera y Mayra Alejandra Toledo Hurtado fueron judicializados y enviados a prisión, acusados de tortura, secuestro y falsedad de documentos públicos.
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Los hechos ocurrieron el 3 de marzo de 2024 en el municipio de Bolívar, Valle del Cauca, cuando los uniformados retuvieron a un ciudadano en una estación policial durante 12 horas. Durante su detención, la víctima fue sometida a brutales agresiones físicas y psicológicas mientras se encontraba en estado de indefensión.
Según informó la Fiscalía General de la Nación, los policías posteriormente liberaron al hombre, registrando falsamente en documentos oficiales que había salido “en óptimas condiciones” de la estación. Sin embargo, al llegar a su vivienda, familiares del afectado lo encontraron gravemente herido y lo trasladaron urgentemente a un centro médico.
Debido a la gravedad de las lesiones causadas durante la tortura, los médicos se vieron obligados a amputarle un brazo. Además, según información publicada por El País, la víctima tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica para extraerle el bazo, también afectado por la violencia de las agresiones.
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Inicialmente, los tres uniformados habían sido capturados pero enviados a sus hogares mientras continuaba el proceso judicial. Sin embargo, tras un recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, un juez de circuito revocó esta decisión y ordenó su encarcelamiento.
Los implicados cumplirán la medida de aseguramiento en la cárcel de la policía ubicada en Facatativá, Cundinamarca, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
