La Fiscalía General de la Nación anunció este sábado 20 de enero que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador de Magdalena, Omar Ricardo Díazgranados Velázquez, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
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El ente acusador indica en el comunicado que, según los elementos de prueba, en medio de nueve grandes irregularidades, 'el exmandatario dirigió y permitió la celebración, ejecución y liquidación de un contrato y una adición que tenían por objeto garantizar la prestación de servicios administrativos y de aseo en los colegios del departamento, entre agosto de 2009 y abril de 2010'.
También se agrega que parte de las inconsistencias se concentraron en los estudios previos, donde se fijó sin justificación un plazo inicial de seis meses para cumplir las actividades previstas. Además, se señala que tampoco fueron explicados los fundamentos para realizar esa contratación, no se indicó si respondía a las necesidades que había en las instituciones educativas; 'y de manera caprichosa se destinó un presupuesto con el argumento de que serían contratados 872 trabajadores para cubrir los diferentes ítems, en jornadas laborales de 12 horas diarias, por encima de las 10 horas contenidas en la norma'.
Por si fuera poco, las pruebas también dieron a entender que no se estimaron los riesgos en la contratación ni se asignaron responsabilidades sobre estos; se abrió el proceso de licitación para brindar servicios administrativos y de aseo en los colegios, dejando por fuera el mantenimiento que había sido contemplado en los estudios preliminares; y se elaboró un pliego de condiciones confuso, que limitó la participación de aspirantes con experiencia en el sector privado.
'Asimismo, se acreditó que no se hizo una adecuada evaluación de la propuesta de la empresa que resultó adjudicataria y se dejaron de considerar en este trámite algunos requisitos del pliego de condiciones, y aun así se suscribió el contrato. Posteriormente, fue otorgada una adición que aumentó 2 meses y 20 días el tiempo de ejecución, e incrementó el presupuesto de 6.980 millones de pesos a 10.328 millones de pesos. Estas ampliaciones también se hicieron sin justificación alguna', se agrega en la misiva de la Fiscalía.
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Las investigaciones también determinaron que Finalmente que el entonces gobernador del Magdalena habría permitido que la empresa contratista se apropiara de 2.610 millones de pesos que hacían parte del erario. 2.223 millones de pesos corresponderían a sobreestimación, sumas que el departamento fijó por encima de los valores reales establecidos en el momento; y más de 387 millones de pesos serían pagos por 41 operarios que nunca fueron contratados.
La Fiscalía determinó que Omar Ricardo Díazgranados Velázquez, en su condición de mandatario, presuntamente faltó a los deberes de vigilancia, supervisión y control sobre los dineros públicos al permitir el trámite, celebración y liquidación del contrato y la adición objeto de investigación.
