La Cancillería habría decidido acudir este viernes a la audiencia de conciliación convocada por la Procuraduría con la compañía que venía fabricando los pasaportes en el país, Thomas Greg & Sons, tras la declaratoria de desierta de la licitación y ante la demanda de $117 mil millones interpuesta contra el Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Al respecto, este jueves se cumplió la reunión del comité de conciliación de la cartera diplomática precisamente para definir sí se llega a un acuerdo o no con la multinacional.
Al encuentro asistieron los cinco integrantes del comité, entre ellos el abogado Germán Calderón España que, aunque presentó su renuncia, asistió a la reunión debido a que, según el Código General del Proceso, debe fungir como apoderado hasta cinco días después de la dimisión.
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Por medio de una carta, el togado solicitó la terminación del contrato que lo tenía como el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores: 'Renuncio al poder conferido por ustedes para representar al Ministerio y su Fondo Rotatorio ante la solicitud de conciliación interpuesta por el apoderado de la Unión Temporal Pasaportes 2023 y otra, en la Procuraduría 119 Judicial Administrativa de la PGN, y ante un eventual medio de control jurisdiccional ordinario administrativo. (Nulidad y Restablecimiento del Derecho)'.
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Contraloría insiste en que sí hay riesgos financieros en el nuevo modelo de expedición de pasaportes
En el escrito también describe que el debate jurídico 'representa un alto riesgo de detrimento patrimonial futuro, en atención a las circunstancias modales que lo rodean, entre ellas, los conceptos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría Delegada para la Función Pública Preventiva, no obstante, los actos administrativos acusados estar impresos bajo el principio de presunción de legalidad y estar conforme a reglas constitucionales y contractuales vigentes en Colombia'.
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Al parecer, el apoderado dejó su cargo por una razón en específico: apoyaba el proceso de conciliación, un concepto jurídico contrario a lo ordenado por el canciller Álvaro Leyva y el presidente Gustavo Petro.
La decisión de declarar desierta la licitación se tomó después de que Thomas Greg & Sons fuera señalada por otras compañías que advirtieron que no existe libre competencia en la adjudicación del contrato de pasaportes, al que todavía le restaban tres años. Por ello la Cancillería decidió suspender el pasado 12 de septiembre la adjudicación.
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