La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU indicó este martes que las masacres aumentaron en el país un 11% entre enero y junio de 2023, cuando se registraron 52 homicidios colectivos.
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Los departamentos más afectados por las matanzas fueron Atlántico, Antioquia, Cauca, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
Además, señaló el ente multilateral que en el mismo lapso se registraron en el territorio nacional 46 homicidios de defensores de derechos humanos —19% menos— y 48 casos de reclutamiento de menores.
Juliette de Rivero, representante de este organismo en Colombia, advirtió que la principal preocupación que tienen las comunidades es el reclutamiento infantil.
Así mismo, reporta la entidad que la expansión territorial de los grupos armados se concentra en Arauca, Huila, Caquetá, Córdoba y Guaviare con homicidios, amenazas, reclutamiento y carnetización de la población, entre otras.
'Muchas de las autoridades locales no pueden solas con la situación humanitaria y es prioritario proteger la vida', dijo De Rivero.
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Finalmente, se perpetraron 18 homicidios y una desaparición forzada de candidatos y líderes políticos en la antesala de las elecciones regionales.
Estos crímenes políticos se dieron en Cauca, Magdalena, Norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño.
Por ello la ONU recomendó desplegar la presencia integral del Estado en puntos estratégicos del país para recuperar y extender el control territorial del Estado frente a la actuación de los grupos armados no estatales y fortalecer la articulación entre la política de paz total, la política de seguridad humana y la política de desmantelamiento para atender la situación territorial y los factores estructurales que motivan la continuación de la violencia contra las comunidades.
Así mismo, pide el ente multilateral considerar el Derecho Internacional Humanitario y la protección de los Derechos Humanos como el eje central de las negociaciones con los grupos armados no estatales y organizaciones criminales. Incluir el cese de acciones victimizantes hacia la población civil, y en particular el reclutamiento infantil y la protección de la niñez, en los diálogos o negociaciones con grupos armados no estatales como un punto central de las negociaciones.





















