No hay consenso en torno a varios asuntos que enmarcan las conversaciones con los disidentes, sobre todo en lo que tiene que ver con concederles estatus político y negociar con desertores de la paz.
Juan Pappier, de Human Rigths Watch, advirtió que 'las Farc se desmovilizaron en Colombia en 2016. Lo que quedan son ‘disidencias’ dedicadas principalmente al narcotráfico. Llamarlas ‘estado mayor de las Farc-EP’ es contraproducente y no es propio de un gobierno que se ha comprometido a implementar el acuerdo de paz'.
En cambio, el senador petrista Gustavo Bolívar planteó: 'Las disidencias eran mil hombres al momento de la firma del acuerdo. Hoy son 4.000. Muchos regresaron porque el gobierno no les cuidó la vida como está establecido. Mataron 330 excombatientes. ¿Entonces nos quedamos otros 70 años dando plomo? Hay que apostarle al diálogo siempre'.
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El exsenador Rodrigo Lara, del liberalismo socialdemócrata, puso de presente que 'si el Gobierno va a desmovilizar a estos bandidos reincidentes, pues estupendo. Lo que pedimos es que la desmovilización no termine otorgándoles reconocimiento político. No lo tienen y menos aún se lo merecen'.
El senador Iván Cepeda, del Pacto, manifestó: 'La búsqueda de un cese al fuego multilateral no es ningún acto de debilidad del Estado o concesión ingenua. No es un problema de método o táctica de negociación. Se trata de la necesidad de proteger poblaciones en los territorios como paso para construir la paz total'.
Y el exministro Juan Fernando Cristo opinó: 'La paz total es un propósito que merece el apoyo de todos los colombianos. Pero no se puede meter a todos los grupos ilegales en el mismo costal. Márquez y todos quienes incumplieron el acuerdo deben ir a la justicia ordinaria'.
