El procurador delegado ambiental, el samario Gilberto Blanco, le dijo a EL HERALDO que el cierre de Johnny Cay, solicitado por el Ministerio Público y ejecutado por la corporación ambiental sanandresana Coralina, se da ante hallazgos relacionados con el riesgo para los turistas ante la inexistencia de un muelle adecuado para desembarcar, la propia cantidad de turistas que rebasaba la permitida en el cayo y los vertimientos de residuos que estaban destruyendo los corales del ecosistema insular.
'Después de una visita en campo que hicimos hace poco más de dos meses, la Procuraduría impulsó cuatro acciones judiciales en la isla: una de ellas fue la acción popular solicitando en el marco de una medida cautelar el cierre temporal o definitivo de Johnny Cay', explicó el delegado del ente de control disciplinario.
Precisó en este sentido que hubo dos consideraciones fundamentales para pedir la medida, entre las cuales, la primera fue 'el riesgo que había para los turistas en la medida en que no existía en este momento muelle en el cayo y la forma en que estaban desembarcando no era la más adecuada, encontramos manos mutiladas y muchas situaciones en general de riesgo'.
La segunda motivación para el cierre del cayo, añadió, fue la de los 'vertimientos de residuos líquidos y sólidos que estaban dinamitando a la isla, (...) los corales se estaban destruyendo por esos vertimientos y el descontrol de los servicios'.
Así mismo, advirtió Blanco, 'en el estudio de capacidad de carga, que ya se había hecho por Coralina, se encontró que Johnny Cay tiene una capacidad de 800 personas por día y estaban entrando 1.200 o 1.300'.
Finalmente, indicó el samario, aunque la resolución de Coralina es con vocación de permanencia hasta tanto no se restablezcan las condiciones óptimas para el ingreso, existe una acción popular interpuesta por el Ministerio Público y que deberá resolver la Justicia en breve.
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Coralina, declaró el cierre temporal del cayo desde el lunes 29 de mayo, por el incumplimiento de los acuerdos y medidas de control de la capacidad de carga por parte de los operadores y prestadores de servicios turísticos.
Así las cosas, la corporación dispuso la prohibición del ingreso de visitantes al parque, el arribo de embarcaciones particulares y la prestación de todo tipo de servicios incluyendo restaurantes, aseadores, deportes náuticos, entre otros servicios.
De esta manera, las únicas embarcaciones que podrán operar en Johnny Cay son las que tengan carácter oficial.
Tampoco se podrán adelantar labores como mantenimiento de zonas verdes, de educación ambiental, ni servicio de baños públicos, salvamento, rescate acuático, primeros auxilios, atención prehospitalaria y suministro de insumos.
Entre tanto, el gobernador de San Andrés, Ronald Housni, dijo que unos 171 trabajadores y 56 lanchas se ven afectados económicamente con la medida.
