Con $2 millones ‘arreglaban’ grados de abogados en la UPC

La secretaria de la oficina de Registro y Control de la decanatura de Derecho de la Universidad Popular del Cesar, María Inmaculada Pinto, es señalada por la Fiscalía de ser la determinadora y autora del fraude cometido en este centro de educación superior.

Néstor De Ávila
Aspecto de la audiencia que se adelantó en la capital del Cesar con la presencia de los 10 implicados en este caso. Néstor De Ávila
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La secretaria de la oficina de Registro y Control de la decanatura de Derecho de la Universidad Popular del Cesar, María Inmaculada Pinto, es señalada por la Fiscalía de ser la determinadora y autora del fraude cometido en este centro de educación superior.

La Fiscalía avanza en la investigación para ‘desenmarañar’ el cartel de los certificados falsos que se habrían utilizado para intentar graduar a un grupo de estudiantes como abogados en la Universidad Popular del Cesar, UPC. Según el ente acusador, el fraude habría sido orquestado por la secretaria de la oficina de Registro y Control de la decanatura de Derecho, María Inmaculada Pinto Cerchar, a quien la noche del pasado viernes un juez con funciones de control de garantías envió a prisión por estos hechos.

De acuerdo con la Fiscalía, María Inmaculada Pinto, presuntamente vendía en $2.000.000, por lo menos en el caso de dos estudiantes conocido por el organismo de investigación, las certificaciones falsas de los seminarios que son requisitos para obtener el título.

La mujer es señalada de ser el ‘cerebro’ de lo que la Fiscalía llamó una  ‘idea criminal’ para permitir, a cambio de dinero, que los estudiantes que se prestaron para este fraude pudieran graduarse sin cancelar los valores correspondientes por cada seminario a la Universidad Popular del Cesar, además de no asistir a los cursos, ni hacer las evaluaciones, obteniendo los documentos falsificados.

De acuerdo con los costos establecidos por la UPC para este año, cada estudiante debía pagar unos $3.500.000 por el total de los seminarios en las áreas de Derecho penal, laboral, público, privado I y II, dinero que tras el fraude dejó de entrar a las arcas de la entidad; al igual que el valor de $15.620 de inscripción por módulo, es decir $75.100 más. Así las cosas, las pérdidas para el claustro académico están sin determinar, teniendo en cuenta que se desconoce cuántos alumnos habrían recurrido a esta práctica; hasta ahora, nueve han sido capturados.

El negocio estaba en que al parecer la funcionaria recibía los $2.000.000, y los estudiantes no solo se ‘ahorraban’ más de $1.500.000, sino que contaban con la garantía de graduarse sin tener que ir a clases, ni ser sometidos a las evaluaciones.

María Inmaculada Pinto Cerchar fue enviada a la cárcel el pasado viernes.
María Inmaculada Pinto Cerchar fue enviada a la cárcel el pasado viernes. Néstor De Ávila

A María Inmaculada Pinto, administradora de empresas, natural de Barrancas, La Guajira, de 49 años,  la Fiscalía le imputó 10 delitos de falsedad material en documento público, teniendo en cuenta los testimonios de dos egresados, a los que ella le habría entregado cinco certificaciones, a cada uno, de seminarios con información adulterada y la firma falsificada del funcionario autorizado.

El organismo le atribuyó ser la determinadora y autora de falsificar documento público, a través de unas certificaciones de seminario para poder graduar a estudiantes que habían cumplido sus materias. “Esa actividad de convencer, animar y llevar a los alumnos a consentir la falsificación de los certificados, se habría llevado a cabo entre septiembre de 2017 y febrero de 2018, en la sede Sabanas de la Universidad”, precisó el fiscal del caso. 

‘Solo recibía instrucciones’
 
María Inmaculada Pinto insistió en que es inocente, señalando en la audiencia de imputación que “nunca falsifiqué ningún documento… también veía cosas allá, pero no podía hacer nada”.

 En su declaración dejó entrever que Jairo Martínez, otro funcionario de mayor jerarquía, le quitó algunas funciones a ella como secretaria, y que en ocasiones este se llevaba los documentos para su casa.

 “Todo el mundo sabe en la universidad como se manejaban la cosas. Las certificaciones que se le entregaron a esos dos jóvenes y los otros fueron en la oficina; me quieren culpar de algo que no hice, yo no era jefe; solo entregaba las certificaciones que él firmaba  últimamente las entregaba él”, precisó la funcionaria.

 Indicó que “él me decía entregue eso; los estudiantes hablaban con él, pero de lo otro yo no sabía nada, solo recibía instrucciones”.

Los procesados
 
Por este caso, tanto María Inmaculada Pinto como nueve alumnos que habían terminado académicamente y buscaban graduarse sin cumplir con los seminarios, fueron capturados por agentes del CTI y unidades del Ejército, en desarrollo de la operación ‘Dignidad por la Universidad Popular del Cesar’, luego que el decano de la misma facultad de Derecho, Robert Romero, denunciara las presuntas irregularidades que se venían cometiendo para graduar fraudulentamente a egresados del centro de educación superior público en este departamento.

El juez legalizó las capturas de estas personas durante una audiencia en la que además la Fiscalía le imputó a los implicados, los delitos de falsedad material en documento público y fraude procesal, pero a diferencia de María Inmaculada Pinto, los estudiantes fueron dejados en libertad, aunque siguen vinculados a la investigación.

Los estudiantes investigados son Linda Marcela Lúquez Palacios, Yoise Galena García Ortiz, Kelly Fernanda Villero Vanegas, Eva Astrid Fernández Rodríguez, Any Lucellys López López, Damaris Edith Pedroza Mejía, José Mario Meneses Duarte, Atilio Miguel Zabaleta Suárez y Libardo Jesús Medina Torres. En la audiencia, los procesados no se allanaron a los cargos.

Imputación a estudiante
 
La Fiscalía le imputó cuatro delitos de falsedad material en documento público y uno de fraude procesal al estudiante José Mario Meneses, de 32 años, quien actualmente se desempeña como inspector de Policía en el municipio de Pailitas, y es hijo de un exalcalde de esa localidad.

El ente investigador, al igual que en los casos de los otros alumnos implicados, lo señala de haber creado certificaciones de evaluación de seminarios con información completamente falsa, relacionadas con haberlos cursados, con haber cumplido la intensidad horaria y aprobarlos exitosamente.

En cuanto al fraude procesal, se refiere la Fiscalía el haber inducido en error, con esa información falsa, a funcionarios públicos de la Universidad Popular del Cesar, con la aspiración de que estos le entregaran el título de abogado, a sabiendas que no había pagado los costos para inscribirse en los seminarios, ni el valor de matrícula de cada uno, que no se presentó a clases, ni se sometió al proceso de evaluación de los docentes y que el funcionario encargado Jairo Martínez no había firmado ningún certificado.

La investigación
 
La investigación se inició, luego que en marzo pasado el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Popular del Cesar, Robert Romero, denunciara ante la Fiscalía que al menos 28 estudiantes intentaron graduarse con documentos falsos.

“En el proceso de verificación de los requisitos presentados por los alumnos, detectamos posibles falsedades en algunos documentos y denunciamos, como era nuestra obligación, ante la autoridad competente”, dijo Romero.

En total se libraron 15 órdenes de captura por este caso, de las cuales se han hecho efectivas 10. Las autoridades se encuentran tras las pistas de otras personas implicadas en el ilícito.

Entre tanto, la decanatura de Derecho en la Universidad Popular revisa si existen casos anteriores a los detectados. En los 21 años de este programa académico se han graduado más de 2.500 abogados en el claustro académico.

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