La JEP informó esta semana que hasta el momento ha recibido 91 declaraciones voluntarias por ejecuciones extrajudiciales o mal llamados ‘falsos positivos’, de las cuales 37 versiones las ha entregado el Batallón La Popa, de Valledupar, convirtiéndose así en la unidad militar que mayor cantidad de casos ha confesado.
El Batallón La Popa pertenece a la Décima Brigada del Ejército, que opera en el Cesar y en La Guajira. El general Nicacio Martínez, comandante del Ejército, fue el segundo al mando de esta brigada entre 2004 y 2006, y por ello ha sido señalado por medios de prensa y organizaciones de derechos humanos internacionales de estar involucrado en supuestos pagos de recompensa en caso que luego se supo correspondían a ejecuciones extrajudiciales.
Martínez, recientemente ascendido a general de cuatro soles en la plenaria del Senado con el respaldo de las bancadas gobiernistas e independientes, ha negado los hechos y ha afirmado que no tiene investigaciones penales ni disciplinarias formales al respecto.
Víctimas barranquilleras
EL HERALDO conoció la decisión judicial más reciente sobre los ‘falsos positivos’ vinculados con el Batallón La Popa, de los que resultaron víctimas dos estudiantes barranquilleros: Orlando Villarreal Cortés y Rubiel López.
Se trata de la acusación y orden de captura expedida el 14 de diciembre pasado, por parte del fiscal 90 especializado de la Dirección Nacional contra Violaciones a los DD.HH. y DIH contra los uniformados Jorgy Castellón Romero, César Jiménez Zambrano y Miguel Arrieta Fragoso por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir.
Los militares, quienes aún no han sido detenidos, son señalados por el ente de investigación penal de haber participado en los hechos registrados el 21 de abril de 2004 en Manaure, La Guajira, donde las tropas dieron de baja supuestamente en combate a dos sujetos reportados como presuntos integrantes de la cuadrilla 59 de las Farc.
No obstante, de acuerdo al informe de la Fiscalía, 'la trayectoria de los disparos lo que nos demuestra es que recibieron impactos postero anteriores y supero posteriores como lo demuestran las gráficas, es decir por la espalda, lo que no es compatible en situaciones de combate'.
Villarreal, como corroboró su familia, era un estudiante de contaduría en la Corporación Universitaria de la Costa, CUC, que había decidido en enero de ese año probar suerte en Valledupar tras recibir una propuesta de trabajo de sujetos desconocidos.
Por estos hechos, el 9 de abril de 2014, la Fiscalía 67 de Derechos Humanos de Bucaramanga, había dictado medida de aseguramiento contra el sargento Néstor Jiménez Corredor, pero el proceso parecía haberse quedado en el olvido.
Los militares habían asegurado que dieron de baja 'en combate' a estos dos 'guerrilleros de la cuadrilla 59 de las Farc' porque iban a 'secuestrar' a unos funcionarios de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata, y de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, que ese día adelantaban labores en el pueblo.
