El exalcalde de Valledupar, Ciro Pupo Castro, solicitó a la Fiscalía 11 seccional, después de ser escuchado en indagatoria, la detención domiciliaria dentro del proceso que se le sigue por los presuntos delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, en el caso de las cámaras de seguridad.
La fiscal 11 seccional, Gladys Angarita, cuenta con cinco días hábiles para resolver la situación jurídica del exmandatario que está cobijado con detención preventiva sin beneficio de excarcelación. Pupo quien permanece en los calabozos del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, se entregó el pasado martes ante este organismo. Los hechos por los que se investiga al exmandatario se remontan al 20 de diciembre de 2006, cuando se celebró el convenio interadministrativo de cofinanciación No. 153 de entre la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia – Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia ciudadana – Fosecom y el municipio de Valledupar, cuyo objeto fue el suministro, instalación, montaje, prueba, puesta en funcionamiento, garantía y mantenimiento del número único 1.2.3 y un circuito cerrado de televisión con video y control en tiempo real, por un valor de $3. 200 millones.
En ese momento el municipio se responsabilizaba de la sostenibilidad y mantenimiento del número único de seguridad y del circuito cerrado de televisión después de cumplirse la garantía y sería responsable de solicitar los permisos a que hubiera lugar para la correspondiente instalación de los equipos del proyecto.
El 14 de agosto de 2007, suscribió el contrato de suministro No. 112 con Diana Isabel Nassif de Rima en representación de la Unión Temporal Cipecol Sve Ltda, para el cumplimiento del objeto del convenio por un valor de $3.197 millones.
El contratista recibió un anticipo de 2.000 millones de pesos, cuyos desembolsos no correspondían al objeto del contrato.
