A María Miranda se le nota la inquietud por emprender. Tiene, como todo buen comerciante, esa voracidad para mantener a como dé lugar su esfuerzo de años: su negocio de almuerzos. Sin embargo, por mucho que lo intente, es consciente de que el futuro de su empresa está sujeto a los cambios que el Gobierno impone. Especialmente cuando entra en vigencia una de las medidas más polémicas del año: el salario mínimo.
Desde que el Gobierno del presidente Gustavo Petro aumentó un poco más del 23 % al salario mínimo para este año, los pequeños comerciantes —así como los grandes— se han volcado a la tarea de tomar decisiones. Pues no les quedó de otra que ajustarse a las nuevas “reglas del juego”.
Sus estrategias para sobrevivir en el campo de batalla del mercado ya empiezan a reflejarse en cosas tan cotidianas, pero muy populares: los corrientazos.
A esa comida, generalmente conocida por ser “buena, bonita y barata”, de barato ya no le está quedando mucho. Y cada vez se complica encontrar precios accesibles para todos, porque todo subió y se tuvieron que tomar decisiones.
“Con el dolor de mi alma me tocó retirar dos trabajadoras para poder reducir las nóminas y poderles pagar más a mis trabajadoras. Además, lo que es verdura, lo que es la cuestión de los granos, los barrotes, todo ha subido. Incluso las carnes, el cerdo, el pollo, todo ha subido en realidad”, expresó María Miranda, dueña del restaurante Sabor Miranda.
Si bien en el 2025 un corrientazo en el centro podría estar costando entre $12.000 y $15.000, actualmente —según lo consultado con algunos comercios— el comensal está pagando entre $17.000 y $20 mil.
No obstante, hay quienes se rehúsan a subir el precio por competencia. Están entre la espada y la pared, porque la comida sube, pero ellos “no se pueden dar el lujo” de incrementar los precios porque se arriesgan a perder clientes. Este es el caso de Franklin Asprilla, el propietario del restaurante de pescados ‘El Paye’.
“Los productos que se compraron el año pasado, a un precio menor, ahora están más caros. Pero las corrientes no las hemos podido subir, porque hay mucha competencia. Entonces, si tú subes un poco más, el otro vende más. Esa es la falla que tenemos aquí”, mencionó.
Por otra parte, al local El Sabor de la Barbosa, la plata ya no le está rindiendo, y enfrenta el riesgo de que el pequeño negocio sea insostenible con el tiempo.
“Ya antes a uno le rendía el dinero y ahora no rinde, porque si no vendemos tanto, ¿cómo nos va a rendir el dinero? Y, aparte, aquí nosotros tenemos que pagar cosas: arriendo y servicios”, manifestó Erika Oropeza, dueña del local.
¿Cuál es el beneficio?
El salario aumenta, pero todo lo demás también, expresaron los clientes, quienes cuentan que el aumento de precios afecta indiscutiblemente sus bolsillos.
“Nos afecta bastante porque subió mucho el precio. Así como en la canasta familiar y hasta en los pasajes. En realidad, pese al aumento del mínimo, no se gana nada, es lo mismo”, dijo la ciudadana Yenis Isabel Sarmiento.
Incluso, los clientes indicaron que están evaluando comer en casa, a pesar de que varios productos también han ido en alza.
“Ahorita ya no se puede comer tanto en la calle, ya toca buscar la comidita en la casa, buscar la economía, porque en la calle ya no se puede comer tanto. Aunque también han subido los productos en la tienda”, aseveró Lida Veloza, cliente habitual.
Un aumento desmedido
Expertos consultados por EL HERALDO han coincidido en que el aumento hecho para este año fue “exagerado”.
“Todos los años es necesario un reajuste del salario mínimo por la pérdida de poder adquisitivo; la gran pregunta es si es moderado, intermedio o alto. En esta oportunidad creo que fue exagerado”, dijo el economista Diógenes Rosero.
A su turno, Jorge Quintero, economista y docente de la Universidad del Norte, calificó esta decisión como “desmedida”, ya que genera afectaciones importantes sobre la economía del país.
“Principalmente en términos de inflación, empleo —especialmente el empleo formal— y situación fiscal. Por supuesto, también tiene efectos relevantes sobre los costos financieros de las empresas, ya que, necesariamente, se generan aumentos en las tasas de interés por parte del Banco de la República para enfrentar estas presiones inflacionarias”, explicó el experto.
Luego de más de dos semanas de entrar en vigencia, ya no se habla de proyecciones, sino de hechos y realidades. Según Quintero, sus efectos se trasladan a la práctica: ya se han ajustado las tarifas de transporte; los precios de los restaurantes, supermercados, alimentos y otras tarifas de distintos servicios.
En cuanto al mercado laboral —tal como se evidenció con el restaurante Sabor Miranda—, algunas empresas han tomado decisiones de reducir su planta de personal de manera acelerada, respondiendo rápidamente a las variaciones del salario mínimo.
Asimismo, el profesor de la Uninorte notificó que se han observado ajustes salariales muy bajos para los empleados que ganan más de un salario mínimo, como una forma de compensar el incremento de los costos laborales que enfrentan las empresas. Y que en muchos casos, estos ajustes han sido incluso inferiores a la inflación.
Posibles soluciones
Por su parte, Joseph Daccarett, analista económico y empresarial, enfatizó que solo alrededor del 10 % de la fuerza laboral en Colombia recibe salario mínimo, pero el impacto del aumento lo asume el 100 % de la población vía mayores precios.
Expuso que el mayor golpe lo reciben las pequeñas y medianas empresas. A diferencia de las grandes compañías —que suelen pagar salarios por encima del mínimo y cuentan con procesos tecnológicos, economías de escala y mayores márgenes de productividad—, las pymes no tienen cómo absorber un incremento tan elevado sin trasladarlo a precios o reducir empleo.
“Paradójicamente, este tipo de aumentos termina fortaleciendo a la gran empresa y debilitando a la pequeña y mediana”, señaló.
Propuso que las soluciones deben enfocarse en acompañar al pequeño comercio y a la pyme, no en imponerles cargas adicionales. Entre las medidas viables que sugirió el analista se encuentran los alivios temporales en costos no salariales, como reducciones o escalonamientos en aportes parafiscales y cargas administrativas, especialmente para empresas de menor tamaño.
Asimismo, serían viables los programas reales de productividad y digitalización, que permitan a las pymes mejorar eficiencia, ventas y márgenes, en lugar de limitarse a subsidios de corto plazo.
Además, el acceso preferencial a crédito productivo, con tasas y plazos acordes a la realidad del pequeño comerciante; desindexar progresivamente ciertos precios y tarifas del salario mínimo, reduciendo el efecto dominó que amplifica la inflación, e instaurar políticas diferenciadas por tamaño empresarial, ya que “no se puede tratar igual a una microempresa que a una gran corporación”.
“Sin estas medidas, el riesgo es claro: menos empresas pequeñas, más informalidad, menos empleo y una economía más concentrada, justo lo contrario de lo que el país necesita para crecer de manera sostenible e inclusiva”, finalizó.
Cae tutela que buscaba suspender el incremento del salario mínimo
El exmagistrado Alejandro Linares radicó una acción de tutela y una solicitud contra el aumento del salario mínimo de 2026 del 23 % dictado por el presidente Gustavo Petro, con lo que esta suma mensual quedaría en $2 millones, incluyendo el auxilio de transporte. El recurso pedía, además, una medida provisional para que se detenga esta alza mientras se falla de fondo.
Linares advirtió que el Gobierno vulneró el derecho al debido proceso y desconoció el mandato constitucional de concertación al adoptar la decisión sin un acuerdo tripartito entre Ejecutivo, empresarios y trabajadores.
No obstante, el pasado miércoles 14 de enero, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó en sus redes sociales que fue negada la medida cautelar que solicitó el exmagistrado.
“Ya fracasó el primer intento de tumbar el salario vital. El exmagistrado Alejandro Linares buscó frenar el aumento del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro y este Gobierno del Cambio, mediante una tutela con medida provisional. El juez constitucional negó esa solicitud”, reportó el funcionario.
Aseveró el jefe de la cartera laboral que “Linares no pudo acreditar un perjuicio inmediato, concreto ni individual, ni la urgencia que exige la ley para suspender una decisión de esta naturaleza”.
“Este es un mensaje para quienes cargan contra el salario vital y la dignidad de millones de personas trabajadoras: no se puede detener el salario vital con argumentos generales”, concluyó.
