Falta poco para despedir este año y darle la bienvenida al 2026, el cual seguramente la mayoría de los sectores del país esperan con grandes expectativas. Sin embargo, en algunos —como el sector eléctrico— su llegada desde ya viene generando gran preocupación.
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La limitada oferta de energía y el crecimiento sostenido de la demanda mantienen en vilo al sistema eléctrico nacional ante el riesgo de un posible racionamiento en los próximos años. La preocupación aumenta por los retrasos en los proyectos de generación y transmisión, que no han entrado en operación dentro de los plazos previstos.
De acuerdo con expertos, en Colombia los tiempos de entrada en operación de proyectos se han venido alargando, principalmente por demoras en los trámites de licencias, procesos de consulta previa con comunidades y trabas administrativas que frenan la entrada en funcionamiento de nuevos proyectos energéticos
Coinciden en que, si la transición no se lleva a buen término, quedará solo en el papel. Un estudio del Centro Regional de Estudios de Energía (Cree), que calculó cómo debería evolucionar el sistema eléctrico colombiano hacia 2050, realizó dos escenarios: uno con una transición energética rápida y otro más lenta.
En ambos escenarios el país, como mínimo, tendría que cuadruplicar su capacidad de generación eléctrica para 2050, a partir de un crecimiento sostenido de todas las tecnologías disponibles y no solo de las no convencionales.
De acuerdo con Tomás González, ex ministro de Minas y Energía y director de CREE, en el escenario más ambicioso, la participación de la energía solar y eólica para el 2050 alcanzaría entre 56 % y 62 % de la matriz.
En los dos casos, sostuvo, las renovables dejan de ser una aspiración y se convierten en un objetivo estructural del sistema y para ello se estima que se necesitarían unas inversiones estimadas entre 55 y 62 mil millones de dólares.
En este punto también aclaró que es importante reflexionar sobre ciertas acciones que anuncia el Gobierno que, en realidad, no puede cumplir por falta de recursos. “Es imposible que el Gobierno, aunque quisiera, pueda dedicar estos recursos para hacer esa transformación. Necesitamos activamente al sector privado”, expuso.
Para el exministro, la solución para evitar una escasez de energía eléctrica es acelerar la ejecución de los proyectos, “porque si no entran la oferta no va a estar, y eso tarde o temprano lo pagará la gente, ya sea con tarifas más altas, porque no hay suficiente energía, o con cortes en el servicio”, advirtió.
Insistió en que abastecer la demanda de energía es una prioridad nacional. “Si la oferta no crece, no habrá ni transición energética ni seguridad en el abastecimiento”, señaló.
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Pese a que actualmente están muchos proyectos en curso, especialmente solares, en conjunto, solo está entrando una cuarta parte de lo proyectado.
Proyectos de transmisión
En cuanto a las redes de transmisión, González fue enfático en afirmar que las demoras en este sector son aún más críticas. Explicó que los proyectos, en promedio, tardan cuatro años y medio en desarrollarse.
Según un análisis que realizaron junto con la Escuela de Ingeniería de Antioquia, se encontró que, hacia 2040, se necesitarán entre 15 y 17 líneas de 500 kV solo en el Caribe —15 si la transición avanza despacio, 17 si es más acelerada—.
En Antioquia, se necesitarían entre 4 y 8 líneas de 500 kV; en el Nordeste, una línea de 500 kV o dos de 220 kV; y en la región Oriental, entre 1 y 3 líneas.
En total, advirtió, serían necesarias alrededor de 29 nuevas líneas de 500 kV para 2040, a fin de garantizar intercambios de energía óptimos y minimizar los costos de atención de la demanda en todo el país.
“Si uno ve estos datos, podemos darnos cuenta de que todo no es viento y sol, también son redes. Si no contamos con la generación —que produce los electrones— ni con la transmisión —que son las carreteras por donde viaja esa energía—, inevitablemente tendremos problemas. Si no se sacan los proyectos a tiempo, no podemos quejarnos después cuando haya apagones o aumentos de tarifas”, expresó.
Riesgos en los próximos años
XM proyecta escenarios de baja hidrología para 2028 en los que el país no podría cubrir toda la demanda. Al respecto González señaló que 2026 y 2027 serían manejables si los proyectos solares entran a tiempo y las térmicas operan con total confiabilidad. “Pero si no, tendremos dificultades”, advirtió.
Desde hace varios años se vienen presentando retrasos significativos en la entrada en operación de los proyectos de generación. En el 2021 solo ingresó el 7 % de la energía esperada; en 2022, el 27,5 %; en 2023, el 17,47 %; en 2024, el 25,29 %, y en lo que va del 2025 solo ha ingresado en operación el 8,5 % de lo esperado a inicios del año.
De acuerdo con información pública de XM, existen retrasos de hasta 13 años en infraestructura del Sistema de Transmisión Nacional y de 11 años en infraestructura del Sistema de Transmisión Regional.
Trámites y consultas previas
El ex ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, al ser consultado por la situación a la que se han tenido que enfrentar los inversionistas para sacar adelante los proyectos con las comunidades que se ven impactadas con estas obras, afirmó que “al Gobierno lo cogió la tarde”.
Hace referencia a que ya existen instrumentos disponibles, como las llamadas licencias ambientales exprés. Puso como ejemplo un documento Conpes expedido durante la primera administración del presidente Juan Manuel Santos —en cuya elaboración participó— que permite que los proyectos de interés nacional y estratégicos (Pines) se acojan a una modalidad que acelera y reduce los tiempos de los actos administrativos asociados a las consultas previas y a las licencias ambientales.
“Pese a ello, el Gobierno no ha hecho uso de esta herramienta”, señaló.
Dijo además que hay normas en varias leyes que declaran que los proyectos eléctricos son de utilidad pública e interés social. Esto significa que cuando se ejecuta un proyecto debe primar el interés general sobre el interés particular.
Esto aplica, detalló, para casos como los que ocurren hoy en Cundinamarca y Boyacá, donde tendidos de redes de transmisión están frenados porque un dueño de finca dice que por su predio no van a instalar torres de energía. Y hasta ahí llegó el proyecto. “No entiendo por qué una disposición como esta no se aplica para destrabar la ejecución de los proyectos eléctricos”.
En cuanto a un cambio para modificar la metodología de las consultas previas, Acosta aseguró que en este punto ha fallado el Congreso de la República.
Explicó que el Consejo de Estado, en fallos reiterados, le ha pedido al Congreso que tramite una ley que reglamente las consultas previas en Colombia, y no ha habido voluntad política para hacerlo.
“Hoy no existe una norma clara. Y al no existir, se han multiplicado los casos de líderes impostores que buscan beneficios personales y no el interés de las comunidades”.
Puso de presente que el Ministerio del Interior tiene a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías y una Dirección de Consultas Previas. “Si para el Gobierno son tan importantes los parques eólicos en La Guajira, yo —en los zapatos del ministro— habría instalado esas dos direcciones allá mismo, en La Guajira, para que se pusieran al frente de las consultas previas. Pero no: siguen apoltronados en sus escritorios en Bogotá”, dijo.
Acelerar los proyectos
La presidente de la Asociación Colombiana de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, aseguró que para agilizar la entrada en operación de los proyectos de generación se requiere una acción integral y coordinada del Gobierno nacional “que ataque simultáneamente las barreras territoriales, regulatorias y operativas que hoy frenan la expansión”.
La líder gremial hace referencia a cinco acciones que para el gremio se deben tener en cuenta para que estas obras lleguen a feliz término.
Plantea que el Gobierno debe liderar el relacionamiento con las comunidades y garantizar seguridad en zonas con conflictos sociales. También insiste en reglamentar las consultas previas, definiendo procesos, plazos y responsabilidades junto con las comunidades.
En materia ambiental, señala que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) debe fortalecer su capacidad técnica, de manera que decretos como LASolar y LAEólica logren reducir en forma efectiva los tiempos de licenciamiento de 90 a 25 días
Advierte que la entrada masiva de solar y eólica exige respaldo firme —térmico, hidráulico o de almacenamiento— y reglas claras para mantener la confiabilidad del sistema.
Finalmente, propone crear un “gestor estatal” que destrabe los retrasos prediales, ambientales y sociales que hoy frenan la conexión de nuevos proyectos renovables.
La ejecutiva recalcó que acelerar la entrada en operación de los proyectos no es solo un asunto de permisos: “Requiere presencia en territorio, seguridad jurídica y regulatoria, decisiones ambientales oportunas y una lectura sistémica que entienda que la transición energética solo es viable si renovables y generación firme avanzan juntas”, puntualizó.
