La visita de una comisión del Ministerio de Educación Nacional a la sede norte de la Universidad del Atlántico este viernes derivó en el anuncio de nuevas acciones administrativas dentro de la investigación sancionatoria que ya se adelanta por las presuntas irregularidades en el proceso de elección del rector.
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El viceministro de Educación, Ricardo Moreno, explicó que la presencia del Gobierno responde a llamados de la Asamblea Universitaria y a la necesidad de escuchar las distintas voces de la comunidad estudiantil, actualmente dividida frente al paro académico y la legitimidad del nombramiento del rector Leyton Barrios.
“Hemos escuchado tanto a los estudiantes que rechazan el paro como a quienes lo respaldan por considerar que la elección rectoral compromete el futuro institucional. Nuestro deber es garantizar la escucha y el debido proceso”, señaló Moreno.
Agregó que: “Existen unos términos que van desde los que debe responder el Consejo de Estado y que deben responder los jueces frente a los procesos externos que se vienen erradicando y existen unos tiempos también del Ministerio de Educación Nacional. Nosotros iniciamos unas actividades la semana pasada de inspección y vigilancia que actualmente continúan en la universidad, hay un equipo de inspección y vigilancia, un equipo técnico que se encuentra recogiendo la información”.
Haroll Hernández, subdirector de Inspección y Vigilancia de la cartera, explicó que la presencia en el campus tuvo como propósito recaudar documentación que no ha sido entregada o ha sido remitida de manera parcial por las autoridades universitarias, particularmente por el Comité de Credenciales y el Consejo Superior.
“Algunos requerimientos no han sido acatados, otros han sido respondidos de forma parcial y otros de manera excepcional. Por eso la necesidad de venir a recaudar la información de manera directa”, afirmó Hernández, señalando que el desacato a estas solicitudes constituye por sí mismo una conducta sancionable.
Hernández señaló que desde hace semanas el Ministerio había solicitado documentos a la institución, pero parte de la información no fue entregada o llegó incompleta.
“El desacato a los requerimientos genera por sí mismo una conducta sancionatoria. Por eso se abrió esta investigación, y podrían abrirse nuevas si la situación persiste”, advirtió.
El funcionario aclaró que la investigación no tiene como objetivo determinar quién debe ser rector, sino verificar el cumplimiento de las funciones estatutarias y legales de los órganos encargados del proceso.
“Esto no significa que el Ministerio esté tomando decisiones sobre la designación del rector. Lo que se evalúa es si el Comité de Credenciales y el Consejo Superior cumplieron sus obligaciones, entre ellas la verificación de los requisitos de los aspirantes”, explicó.
Hernández recordó que, según los estatutos de la institución, el Comité de Credenciales no solo debe constatar que se entregue la documentación requerida, sino verificar de fondo que los requisitos consignados correspondan a lo exigido para el cargo.
El subdirector también advirtió que, además de la investigación sancionatoria ya abierta, podrían iniciarse otras nuevas si se confirma el incumplimiento reiterado de los requerimientos hechos por la entidad.
“La ley obliga a las instituciones de educación superior, públicas y privadas, a responder los requerimientos de la autoridad competente. El desacato puede generar nuevas investigaciones”, sostuvo.
Por su parte, Juan Carlos Bolívar, director de Calidad del Ministerio, afirmó que la apertura del proceso se sustentó en información suficiente y corroborada.
“No estamos actuando por presunciones. La documentación y los testimonios recibidos son consistentes. Si encontramos evidencia de irregularidades graves o de presunta falsedad, remitiremos los hallazgos a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría”, indicó.
Bolívar también destacó el diálogo abierto con la comunidad estudiantil: “Hubo épocas en las que exigir participación implicaba ser señalado o reprimido. Hoy el Estado escucha a los estudiantes. Eso también es un cambio”.
¿Qué viene ahora?
La comisión permanecerá varios días en la Universidad del Atlántico para continuar la recolección de documentos y podría llamar a declarar a integrantes del Consejo Superior, del Comité de Credenciales y de la administración universitaria.
El Ministerio reiteró que no intervendrá en la autonomía universitaria, pero insistió en que esta no puede servir como argumento para desconocer la ley.
Mientras tanto, en los pasillos del campus se mantiene el debate entre quienes piden levantar el paro académico y quienes consideran que no debe reanudarse la actividad académica hasta garantizar un proceso de elección rectoral transparente.
La Universidad del Atlántico atraviesa así un momento decisivo para su gobernanza institucional y la estabilidad de su vida académica.
