Durante una reunión que se llevó a cabo el pasado miércoles en la ciudad de Cartagena con las alcaldías y gobernaciones de Bolívar y Atlántico, el Gobierno nacional reafirmó su intención de seguir con el cobro de la Contribución Nacional de Valorización (CNV) en la zona de influencia entre estos dos departamentos, pese a las medidas cautelares que ordenan frenar el proceso.
Con respecto a esto, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías) dialogaron con las autoridades territoriales para socializar que los recursos de la valorización se van a distribuir en proyectos de infraestructura vial para la región Caribe.
En ese sentido, ambas entidades defendieron la implementación del cobro bajo los principios establecidos en el artículo 249 de la Ley 1819 de 2016, norma que define la CNV como un gravamen al beneficio adquirido por las propiedades inmuebles y que se utiliza como mecanismo de recuperación de los costos por proyectos de infraestructura.
La viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Liliana Ospina, indicó que “la distribución se realizará conforme a 17 variables analizadas dentro de las que se encuentran la población total, la cobertura de servicios públicos, el índice de desempeño fiscal, la cobertura de alcantarillado, el número de predios urbanos y rurales, el gasto de inversión, entre otros”.
La funcionaria también señaló que el Invías tomó como base de información principal el repositorio de datos de TerriData –Sistema de Estadísticas Territoriales de Colombia del Departamento Nacional de Planeación–, con el que analizó factores relevantes como la densidad económica, el financiamiento urbano y la ruralidad de las variables.
“Se obtuvieron los índices de los diez municipios que comprenden la zona de influencia, determinando el porcentaje de participación de cada uno sobre el total del recaudo, permitiendo así distribuir el recaudo de manera que los municipios menos favorecidos en criterios socioeconómicos tendrán un mayor porcentaje de participación en el reparto del recaudo”, enfatizó Ospina.
Fase de implementación
Por su parte, el director del Invías, Jhon Jairo González, aseguró que el cobro de valorización es un proyecto que se encuentra en la etapa de implementación, teniendo en cuenta que el instrumento se aplicó bajo los principios establecidos de las normas vigentes y cuenta con recursos por orden de $1,23 billones.
El Invías resaltó que se viene dando cumplimiento a la medida cautelar del Tribunal Administrativo del Atlántico, la cual ordenó cesar el cobro hasta que se desarrollen audiencias públicas informativas en los diez municipios que comprenden la zona de influencia.
Es de anotar que estas audiencias ya se vienen desarrollando desde el pasado 6 de noviembre y se extenderán hasta el 6 de diciembre en los departamentos de Atlántico y Bolívar.
Rechazo al cobro
El senador Carlos Meisel fue enfático en que el cobro de valorización fue suspendido por el Tribunal Administrativo del Atlántico y que no hay razón para seguir adelante con el mismo.
“Todo el proceso se suspendió. Renuncien a la idea de vernos la cara y respeten que Colombia es un estado social de derecho. Nosotros nos sabemos defender y vamos a seguir demostrando que este cobro es injusto”, comentó.
Agregó: “No pudieron meternos la idea del cobro con la ministra Constanza García, entonces mucho menos lo van a hacer unos funcionarios de medio rango”.
Por su parte, Alberto Forero, líder empresarial, sostuvo que “el Gobierno no puede seguir perjudicando a toda la región Caribe, en este caso al Atlántico y Bolívar con este cobro. Es un proyecto que afecta tanto al estrato 1 como al 6, y también a los inmuebles de todo tipo”.
Aseguró que “en el Atlántico, en el sector de la Vía al Mar, volveremos a llenar todos los inmuebles urbanos y rurales con vallas en rechazo a este cobro”.
