El superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, aclaró que no es cierto que la Nueva EPS se encuentre en un proceso de deterioro progresivo, sino que enfrenta una situación compleja que requiere correctivos inmediatos.
“Las cifras no revelan un deterioro, sino la magnitud del problema que hay que resolver, en lo que ya viene trabajando esta administración”, señaló Rubiano, al explicar que la intervención iniciada en abril de 2024 permitió conocer la real situación financiera de la entidad y avanzar en la solución de sus causas.
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Según el funcionario, una de las principales dificultades detectadas ha sido la ineficiencia en los procesos financieros y contables, reflejada en el represamiento de facturas y cuentas médicas. Para enfrentar este problema, la EPS puso en marcha el sistema digital Factramed, que permite gestionar las facturas con mayor agilidad y realizar auditorías a tiempo, a través de una firma especializada. La herramienta ya cuenta con 4.000 prestadores capacitados y cobertura en 321 IPS a nivel nacional.
Rubiano explicó que las deudas acumuladas han llevado a que el mayor pagador del sistema de salud colombiano deba sortear un panorama difícil: mantener la atención de 11,7 millones de afiliados y al mismo tiempo garantizar el pago a más de 2.500 proveedores. A esto se suma que la entidad administra un presupuesto mensual de 2 billones de pesos, en medio de presiones de algunos prestadores que acuden al cierre de servicios o embargos de la UPC para exigir sus recursos.
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“En este escenario, la prioridad es mantener el flujo de recursos mientras se ordena la casa, para evitar la interrupción de los servicios a los usuarios”, enfatizó el superintendente.
En cuanto a la relación con los prestadores, Rubiano destacó que en lo corrido de septiembre la Nueva EPS se ha reunido con 335 de ellos y que en octubre prevé sostener mesas con 235 más. Además, ha participado en 141 mesas técnicas organizadas por la Superintendencia con diferentes IPS.
Finalmente, el funcionario precisó que los cambios de interventores y las medidas cautelares aplicadas en el último año no han buscado interferir con el plan de trabajo de la EPS, sino introducir ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos.
