Un fuerte llamado de atención fue hecho por el Comité de Moralización –integrado por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación– a las administraciones municipales para que cumplan con las transferencias para la financiación de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), las personerías municipales y los cuerpos de bomberos voluntarios.
Dicha solicitud fue hecha teniendo en cuenta que dichas entidades son responsables de prestar servicios públicos esenciales, desarrollando funciones de “interés público y social”, tal como lo establece la normativa vigente.
Frente a este panorama, EL HERALDO realizó una indagación frente a la actual situación financiera de dichas entidades, pudiendo establecer que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico enfrenta una serie de dificultades debido a que desde el año 2003 se vienen registrando inconsistencias en las transferencias por parte de las entidades territoriales, al punto que la deuda asciende a $10.738 millones por concepto de sobretasa ambiental (ver recuadro).
De acuerdo con lo expuesto por Jesús León Insignares, director de la CRA, las administraciones actuales de varios municipios del Atlántico han informado que no cuentan con los recursos para pagar deudas correspondientes a vigencias anteriores.
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En este punto, León Insignares fue enfático al sostener que no todas las entidades territoriales han incumplido con las transferencias desde esta fecha.
“También se vienen presentando deudas en las vigencias actuales, pero se desconocen las razones por las cuales no se efectúan las transferencias correspondientes a los dineros recaudados”, agregó en diálogo con este medio.
Es de anotar que $9.320 millones corresponde a vigencias anteriores, mientras que los $1.418 millones restantes corresponden a la actual vigencia, de acuerdo con la autoridad ambiental del departamento.
Por concepto de sobretasa ambiental, la CRA recibió alrededor de $49.117 millones entre 2020 y 2023, de acuerdo en lo establecido por la entidad. En el año 2020, el recaudo ascendió a $8.409 millones, mientras que en 2021 fue por $12.325 millones. Para 2022 ascendió a $13.923 millones y en 2023 alcanzó los $14.459 millones.
Recuperación de cartera
Desde la autoridad ambiental del departamento se viene haciendo uso de acciones administrativas y judiciales –tales como constituciones en renuencia, acciones de cumplimiento, incidentes de desacato, declaración de deudores y liquidación de intereses moratorios– para recuperar dicha cartera.
Además, se ha hecho traslado de esta situación a entes de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, “solicitándole a estos el acompañamiento para obtener la transferencia de estos recursos”.
Por otro lado, el director de la CRA explicó que esta situación ha conllevado a disminuir las capacidades de ejecución de las acciones estratégicas contempladas en el Plan de Acción Institucional 2024-2027, el cual recibe el nombre de ‘Por un Ambiente sin Fronteras’.
“Entre ellas se encuentran proyectos relacionados con la sostenibilidad del recurso hídrico, la biodiversidad del departamento, la participación equitativa para la inclusión social de nuestras comunidades y acciones de cambio climático y gestión del riesgo, toda vez que un gran porcentaje de nuestro plan financiero se respalda con estos recursos”, sostuvo.
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En ese sentido, León Insignares recalcó que todas estas acciones se encuentran directamente relacionadas con la gestión ambiental para el desarrollo sostenible del departamento y el derecho a gozar de un ambiente sano para las comunidades.
Fue enfático al sostener que para suplir esta fuente de recursos, desde la CRA se ha venido fortaleciendo los ingresos por concepto de recursos propios como la tasa retributiva, la tasa por agua, transferencia del sector eléctrico y tasas de compensación forestal.
“Hemos avanzado en la consolidación del ejercicio de autoridad ambiental en lo relacionado con los servicios de evaluación y seguimiento ambiental y la imposición de sanciones por infracción a las normas ambientales”, agregó.
Desde la entidad también se ha optado por la consecución de otras fuentes de financiación, tales como las convocatorias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Sistema General de Regalías y del Departamento Nacional de Planeación, así como convenios con la Gobernación del Atlántico, para así garantizar la conservación, recuperación y protección del medio ambiente.
En ese sentido, hizo un llamado a las entidades territoriales para que den cumplimiento a este mandato legal, realizando las correspondientes transferencias a la autoridad ambiental, siendo enfático que dichos recursos se destinan a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables.
“Se les insta a atender la solicitud realizada por el Comité de Moralización de la Procuraduría General de la Nación de acogerse a la obligación de cumplir con las transferencias hacia las Corporaciones Autónomas Regionales; evitando de esta forma procesos de responsabilidades administrativas, disciplinaria, fiscales y penales”, recalcó.
Al día con personerías
Olga Lucía Orellano, personera de Galapa y presidenta de la Asociación de Personeros del Atlántico (Asoperatlántico), expuso que la directiva emitida por el Comité de Moralización se hizo de forma preventiva, teniendo en cuenta que –hasta el momento– no hay pendientes transferencias por parte de las entidades territoriales a las Personerías del departamento.
“No existe actualmente ninguna personería que tenga retrasos en los giros. Los alcaldes están juiciosos cumpliendo. En periodos anteriores se han registrado algunos incumplimientos por parte de alcaldes”, explicó.
Aseguró que este tipo de giros se deben realizar de forma rigurosa, teniendo en cuenta que son vitales para desarrollar las funciones como máximo defensor de los derechos humanos en el territorio.
Agregó que, de acuerdo con la Ley de Víctimas, existe una obligación para que los alcaldes fortalezcan las personerías, la cual –en algunos casos– no está siendo cumplida por parte de los entes territoriales.
“Este fortalecimiento se relaciona con las necesidades que tenga cada personería. Todo debe ir enfocado a fortalecer las herramientas para maximizar la efectividad de la atención a la población víctima”, mencionó.
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Puso de presente que, en el inicio de su periodo, la mayoría de las Personerías del departamento no contaban con equipos de cómputos adecuados para el desarrollo de diversos procesos.
“Ese es un caso de necesidad que se puede resolver gracias a esa obligación legal. Otros municipios, en cambio, no requieren computadores porque ya los tienen, pero sí necesitan adecuar infraestructura que garantice la confidencialidad de las declaraciones”, puso de presente.
La representante del Ministerio Público fue enfática al sostener que cumplen un rol “trascendental” en las comunidades, teniendo en cuenta que son vigías del cumplimiento de los derechos humanos.
“A pesar de carencias de recursos, herramientas o personal en algunos municipios, seguimos cumpliendo más de 1.500 funciones. Por eso es fundamental que los alcaldes cumplan rigurosamente con el giro de las transferencias. Solo así se garantiza que los recursos estén disponibles y que podamos cumplir esas funciones tan importantes para nuestras comunidades”, dijo.
A su turno, Alfonso Fonseca, personero de Sabanagrande, destacó que se ha venido contando con el respaldo “oportuno” de la administración local: “Hasta la fecha de hoy no hay pagos pendientes, ni tampoco se han retrasado con los pagos”.
Indicó que esto permite cumplir con los compromisos del Ministerio Público, tales como el pago de salarios y aportes a seguridad social, así como cubrir los gastos de funcionamiento.
La “crítica” situación financiera de los Cuerpos de Bomberos
Nelson Zuluaica, presidente de la Confederación Nacional de Cuerpos de Bomberos de Colombia, aseguró que la situación en muchos municipios es “muy crítica”, teniendo en cuenta que no se cumple con la entrega de los recursos.
“A pesar de que en algunos municipios existe la sobretasa bomberil, estos no entregan a tiempo los recursos correspondientes. La situación del sistema de Bomberos Voluntarios es bastante compleja y precaria en el país”, aseguró.
Indicó que se han venido dirigiendo oficios a los municipios que vienen registrando esta situación, para que se tomen los correctivos necesarios y se pueda garantizar este servicio a las comunidades.
“Junto con la Procuraduría y la Junta Nacional hemos adelantado mesas de trabajo para que no solo el Gobierno nacional cumpla con la norma, sino también los municipios y goberna-ciones. Por eso estamos realizando las indagaciones pertinentes para poder notificar oficial-mente a los municipios que no están cumpliendo con lo establecido en la ley”, recalcó.
La reglamentación de la sobretasa ambiental
A través del artículo 44 de la Ley 99 de 1993 se creó la sobretasa ambiental, que corresponde a un porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15 % ni superior al 25.9 %.
Dichos recursos se encuentran destinados a la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, por lo cual se deberán transferir a las Corporaciones Autónomas Regionales por trimestres para su ejecución conforme a los planes ambientales regionales y municipales.
“Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recursos de que trata el presente artículo a la ejecución de programas y proyectos de protección o restauración del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción”, establece la norma.
Además, se determinó que “para la ejecución de las inversiones que afecten estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre planificación ambiental que la presente ley establece”.
