Una acción de cumplimiento radicada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico y una tutela presentada al Consejo de Estado son las dos medidas que han sido adoptadas por la Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e en Intervención para presionar que el Gobierno adopte las medidas pertinentes para atender la crisis que arrastra la compañía.
En la primera acción judicial se argumenta que los recursos pueden ser conseguidos mediante constitución de garantías y créditos de la Nación, instrumentos de financiamiento destinados a asegurar la continuidad de un servicio público esencial, los cuales no implican un gasto presupuestal no previsto.
En ese sentido, se expone que las deudas totales de Air-e suman $3.6 billones de pesos, incluyendo las de antes de la intervención, que ascienden a cerca de $1.9 billones, mientras que las acumuladas durante el primer año de la toma de posesión alcanzan $1.7 billones.
Se expuso que la compañía atiende alrededor del 11% de la demanda total del Sistema Interconectado Nacional (SIN), por lo que es responsable del recaudo de aproximadamente $41.000 millones mensuales para remunerar la actividad de transmisión: “La situación es más crítica en el Sistema de Transmisión Regional Norte, en el que representa el 44% de la demanda”.
Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, recalcó que la intención con la acción de cumplimiento es que la Superintendencia de Servicios Públicos y los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía gestionen de inmediato los recursos que requiere el Fondo Empresarial y así resolver la “crítica situación de iliquidez” de Air-e.
“Como producto de una improvisación en la gestión por parte del Gobierno en este año de intervención, ya han pasado 3 superintendentes y 4 agentes interventores, y hemos visto un incremento del 246 % de la deuda con generadores y otros proveedores”, expuso.
El líder gremial puso de presente que “esta situación amenaza el suministro eléctrico de más de 1,3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira y podría generar un colapso en el Sistema Eléctrico Nacional”.
Con relación a la acción de tutela, Cepeda explicó que se presentó con el objetivo de que “nos garantice el acceso a la información sobre la situación financiera, el plan de inversiones y las dificultades operativas de Air-e”.
En ese sentido, agregó que “esperamos fallos favorables, pero reiteramos: usaremos todos los recursos legales para evitar un apagón en la región y exigir la prestación de un servicio estable y de calidad para los usuarios”.
Por su parte, Manuel Fernández Ariza, presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, puso de presente que la región se está enfrentando a una “evidente falta de gestión y coordinación” por parte del Gobierno nacional.
Aseguró que esto ha imposibilitado que se construyan garantías y créditos de la Nación para lograr los recursos que nutran el Fondo Empresarial y así capitalizar a Air-e Intervenida: “Se trata de instrumentos que no implican un gasto presupuestal no previsto y que pueden destinarse a asegurar la continuidad de un servicio público esencial, como el de la energía eléctrica”.
También recalcó que la crisis de Air-e ya tiene un impacto nacional “porque sus deudas con otros agentes del sector superan los $2.2 billones de pesos, en una especie de taxímetro que sube a diario”.
Enfatizó que de esa suma, cerca de $1 billón de pesos le debe a las generadoras termoeléctricas, “lo cual ha puesto en riesgo la sostenibilidad de estas empresas, que constituyen un eslabón fundamental en el sistema eléctrico del país”.
Mientras que Alberto Vives, gerente de la Andi en Atlántico y Magdalena, puso de presente que la situación actual demuestra que no ha existido un plan claro frente a la intervención, el cual debe definirse en el menor tiempo posible.
“La ausencia de dicho plan, sumada a la falta de gestión y coordinación tanto de los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía como de la propia Superintendencia, ha desestabilizado a Air-e, incrementando sustancialmente el riesgo de un posible racionamiento de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira”, explicó el líder gremial.
Asimismo, Vives referenció que el plan de inversiones para la modernización y el mantenimiento del sistema de distribución se encuentra paralizado, “lo que agrava el deterioro de la calidad del servicio”.
En la misma línea, mencionó que “en 2026, Air-e estará expuesta a comprar en bolsa un porcentaje muy alto de la energía que requiere para atender el mercado, ya que no tiene asegurado el suministro mediante contratos de largo plazo”.
Cabe recordar que la Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e en Intervención se encuentra conformada por los Comités Intergremiales de Atlántico y Magdalena, así como las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y la seccional Atlántico – Magdalena de la Asociación Nacional de Industriales (Andi).
Más detalles del caso de transformadores
Nuevos detalles se conocen alrededor de las denuncias hechas por presuntos sobrecostos en compra de transformadores en Air-e durante el periodo de Edwin Palma como agente interventor, que conllevaron a la apertura de una indagación preliminar de la Procuraduría.
Este jueves, la revista Cambio dio a conocer una serie de documentos en los que se probaría que la empresa fabricante de los equipos los comercializó al consorcio SEC por un precio inferior a los que fueron vendidos posteriormente a Air-e.
De esta manera se daría a conocer el esquema de tercerización de compras creado por Palma en ese periodo, que habría agudizado la crisis financiera y administrativa de la compañía.
