Nuevas críticas han surgido desde el Congreso de la República ante la propuesta del Gobierno de revivir una contribución solidaria al consumo de energía, que generaría un incremento del 20 % en la facturación para los estratos 5 y 6, así como usuarios industriales y comerciales en todo el país.
A través de una constancia presentada ante la plenaria del Senado, el conservador Efraín Cepeda aseguró que este borrador de decreto se constituye en un “golpe directo” a la canasta familiar.
“Este decreto tendrá repercusiones directas: incrementos en los costos de los alimentos, de los servicios públicos, de la vivienda, y una pérdida significativa de competitividad para nuestras empresas, en particular para las MiPymes, que en regiones como la Caribe tendrá doble efecto por los incrementos que ya se han sufrido en materia energética, ésta pérdida de competitividad terminará impactando al empleo”, dijo el congresista.
También sostuvo que este decreto “busca que los colombianos paguen los platos rotos de la baja ejecución presupuestal, el bajo recaudo y la ineficiencia del Gobierno nacional”.
“Este incremento será inequívocamente un ataque para el desarrollo de nuestro país, para la competitividad, una barrera al empleo, al acceso a la vivienda social y los más preocupante, un aumento del precio de los alimentos de la canasta familiar de los más vulnerables”, anotó.
A su turno, el senador Carlos Meisel expuso que este tipo de medidas planteadas por el Gobierno buscan acabar con la actual escala solidaria de tarifas, a la vez que destacó el “daño” que representa para los sectores comerciales e industriales.
“Los usuarios que tengan posibilidades van a migrar hacia otras fuentes de energía fuera del sistema y los que no pueden hacerlo tampoco podrán seguir pagando sobre tasas como esta”, dijo el congresista.
En ese sentido, agregó que “la salida creativa no puede ser ordeñar más a los que ellos consideran que pueden seguir siendo ordeñados. Todo es una mezcla explosiva contra la generación de ingresos, de empleo, de utilidades en el país”.
El también senador Gustavo Moreno mencionó que la propuesta del Gobierno no es solo un abuso, “sino también una torpeza política”.
En ese sentido, anotó que “no es aceptable que mientras los ciudadanos demandan la disminución de tarifas, el gobierno pretenda el incremento a algunos sectores claves de la economía y que en últimas esa alza repercutiría en el bolsillo de los hogares colombiano”.
Por lo que recalcó que “desde mi curul llevamos 3 años largos luchando contra el abuso tarifario. Hemos insistido en todos los frentes legislativos, como el control político al Gobierno nacional y a pesar de los compromisos, no vemos avances”.
Defensa de Minminas
El Ministerio de Minas y Energía salió en defensa de la propuesta de revivir esta contribución solidaria creada en 1994, asegurando que es necesaria para contar con los recursos que permitan subsidiar el costo por la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica de los estratos 1, 2 y 3.
La cartera ministerial indicó que se han adelantado diferentes mesas de trabajo con la la participación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
“Se reduce el segmento de actividades económicas sujeto de la exención del pago del 20 % que comprende dicha contribución, de modo que muchos sectores industriales volverían a colaborar en el pago de la tarifa de la población de estratos bajos, con lo que se apalancarían recursos para el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI), para garantizar los subsidios por menores tarifas del sector eléctrico de los estratos 1, 2 y 3”, explicó el Ministerio.
En la misma línea, sostuvo que se mantendrán algunas de las exenciones como la industria manufacturera, “con el fin de avanzar en la política de reindustrialización”.
“Se pretende que los industriales no exentos desarrollen acciones de eficiencia energética, así como que adopten otras fuentes de energía limpia, en el marco de la estrategia nacional de transición energética justa, de modo que disminuyan sus niveles de consumo”, agregó la cartera de Minas y Energía.
Al respecto, el ministro Edwin Palma enfatizó que “no significaría un aumento del 20% en el servicio de energía para los usuarios, lo que se pretende es seguir apoyando el pago por menores tarifas de los usuarios de estratos 1, 2 y 3, a través de la contribución que deben pagar las industrias no exentas. Además, esperamos con la modificación promover un uso eficiente de la energía, así como la implementación de energías limpias por parte de los contribuyentes”.
