Luego de conocerse la propuesta de la solución empresarial para la empresa Air-e, desde distintos sectores reiteraron que la prioridad debe ser la garantía del servicio de energía para los usuarios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Alejandro Castañeda, presidente de Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), aseguró que la posible nacionalización de la compañía puede ser una solución que se debe revisar a profundidad para evitar nuevas crisis a futuro.
“Vemos que quieren capitalizar la compañía con $1.4 billones, que es la deuda que tiene con el sector eléctrico. Y uno diría que es lo que se debe hacer. Pero además, se piensa en nacionalizarla y no sé si sea la solución, porque en el sector eléctrico existen distintas formas de prestar el servicio”, dijo.
Al respecto, agregó que “lo importante son los recursos. No dependen de la Superintendencia. Tiene que estar respaldado por el Ministerio de Hacienda, pero hace 15 días nos dijeron que desde la Superservicios no se han hecho gestiones para nuevas asignaciones presupuestales”.
Y también dijo que el Caribe colombiano cuenta con “condiciones complejas” para la operación del servicio de energía, entre ellos, la baja capacidad de pago de los usuarios y los altos niveles de cartera.
“En el sector privado, eso ahoga y asfixia. Electricaribe colapsó por esos problemas y Air-e se revienta por lo mismo. Entra la Superintendencia y la deuda crece. No basta solo con la propuesta, hay que trabajar en soluciones estructurales para la región Caribe, sino se va a repetir la misma historia”, mencionó.
Opinión de entes de control
El contralor delegado para asuntos de minas y energía, Germán Castro, advirtió –luego de conocer la posibilidad por parte del Gobierno nacional de convertir a Air-e en una empresa pública– que que primero se deben revisar las deudas pendientes y reiteró que se debe garantizar el servicio a los usuarios.
“Todo lo que comprometa el gasto público y el Presupuesto General de la Nación tiene que mirarse con detenimiento, porque igual que inyectarle recursos hoy a una empresa que tiene intervenida, podría ser similar a hacer una empresa nueva, pero únicamente pública. Esto no se puede tomar a la ligera”, afirmó Castro.
Castro también se refirió al manejo de los recursos de la empresa y dijo que le están iniciando un seguimiento específico a los recaudos de Air-e en la facturación: “Queremos garantizar que se cumplan las obligaciones con los generadores de energía y evitar que se acumulen nuevas deudas”.
Desde los usuarios
El coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, Norman Alarcón, aseguró que desde el inicio de la intervención de la empresa Air-e se ha solicitado que se convierta en una empresa pública.
Sin embargo, recalcó que en esta etapa del proceso se requiere de voluntad política para garantizar la estabilidad de la compañía.
“Creíamos que el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos, iba a realizar las inversiones necesarias en esta región tan importante. Considerábamos que lo primero que debía hacer la Superintendencia era estabilizar la situación económica de la empresa Air-e, pero no lo ha hecho. Ya falta un mes para cumplir un año desde la intervención y lo que observamos es que no hay una voluntad política”, afirmó.
No obstante, para el líder de los usuarios, si existe disposición e intención del Gobierno nacional de adquirir la empresa Air-e, se debe contemplar la inyección de recursos y hacer las inversiones necesarias.
Por su parte, el senador José David Name calificó el borrador del documento Conpes como una “idea descabellada” del saliente superintendente de Servicios Públicos, Yanod Márquez. Agregó que no tiene fundamento, porque habla de unos recursos que hoy el Gobierno nacional no tiene.
“Esa una idea del anterior superintendente, quien no tenía ningún conocimiento sobre energía. Yo le hice varios debates de control político a este superintendente y, gracias a Dios, el presidente le pidió la renuncia y lo sacó”, afirmó el senador.
Para el congresista lo que hay que pedirle al Gobierno, al Ministerio de Minas y Energía y al nuevo superintendente, “es que tiene que invertir los recursos necesarios para que Air-e pueda salir adelante”, precisó.