La crítica situación financiera y administrativa de la Empresa Social del Estado Universitaria del Atlántico (ESE UNA) ha llevado al gobernador Eduardo Verano de la Rosa a admitir que su creación no ha dado buenos resultados y que, por el contrario, ha generado traumas importantes en la atención de salud en el departamento.
Tanto es así que anunció que –junto a sus asesores y el personal especializado de la salud– se vienen estudiando las posibilidades de liquidar la empresa para retornar al sistema anterior, donde cada uno de los cinco hospitales que hoy conforman la ESE UNA funcionaban con gerencias independientes.
De esta manera, las sedes ubicadas en Barranquilla –Mental, Alta Complejidad y Hospital Niño Jesús–, así como el Hospital de Sabanalarga y el Juan Domínguez Romero de Soledad, volverían a trabajar de manera independiente, autogestionándose para ofertar sus servicios.
De manera puntual, el gobernador Verano dijo que “estamos evaluando regresar a tener un director y un área de mercadeo en cada hospital, para que tengan vida propia y una mayor dinámica”.
Añadió que “no hemos tomado una decisión definitiva. Antes cada hospital tenía su propia administración; luego se unificaron bajo un solo modelo”.
En el contexto general, la crisis sigue siendo “muy grave”, de acuerdo con los sindicatos y trabajadores de la entidad. A esas voces se suman algunos diputados del Atlántico, que vienen haciendo un “estricto” seguimiento a la situación actual.
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Pese a que esta semana se realizó un pago parcial de nómina –tras un giro de más de $9 mil millones por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia (Adres), correspondiente a los servicios prestados a siete EPS en el departamento–, a la mayoría de los trabajadores les deben cerca de seis meses de salarios.
Además, a los diferentes especialistas no les han podido hacer los respectivos pagos debido al embargo de una cuenta bancaria por parte de un proveedor, que reclama pagos atrasados por los servicios brindados.
Es de anotar que una de las principales problemáticas de la ESE UNA corresponde a cinco contratos suscritos con aliados a un término de 15 años, en los cuales se va casi el 80 % de lo facturado mensualmente por la entidad, que además tiene problemas en la recaudación y esto hace que no pueda cobrar eficientemente lo generado.
Para algunos conocedores de la dinámica del modelo departamental de salud, se trata de un “círculo vicioso” o “una bola de nieve que va creciendo por el camino”.
Una mirada a la propuesta
Una de las interrogantes que queda en el aire ante este panorama es si es viable u oportuna una posible transición al modelo anterior. Por ello, EL HERALDO consultó a expertos y diputados del departamento frente a los desafíos y particularidades que rodean el proceso.
“Para poder crear la ESE UNA, la administración departamental inició un proceso liquidatorio de cada una de las entidades hospitalarias Cari Mental, Alta Complejidad, Hospital Niño Jesús, Hospital de Sabanalarga y el Juan Domínguez Romero. A la fecha, aún el proceso liquidatorio de esas entidades no se ha finiquitado, debiéndose todavía el pago de obligaciones legítimas a trabajadores de la salud, proveedores y, al parecer, también a empresas de servicios públicos. Para que la propuesta de Verano sea posible, debería liquidarse la ESE UNA primeramente”, aseguró una fuente a EL HERALDO.
Y es ahí cuando algunos comienzan a ver el tema poco viable. Es el caso de la diputada Alejandra Moreno, perteneciente al Pacto Histórico, quien asegura que ello generaría mayores traumatismos para el sector salud en el departamento.
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“La propuesta del gobernador Verano resulta inviable y para mí es un saludo a la bandera; para mí es inviable si antes no se logra solucionar el déficit presupuestal de la ESE UNA, que asciende a $120 mil millones. El gobernador habla de simplemente liquidar, sin claridad de cuál es la fuente, de dónde vendrán esos recursos, porque para poder liquidar necesariamente tiene que pagar”, apuntó.
Moreno agregó que otra problemática corresponde a los contratos firmados con los proveedores y que son –en gran parte– los responsables de la crisis económica de la entidad.
“El segundo punto que tendría que solucionar serían los contratos cuestionados que se realizaron cuando se creó la ESE UNA. Varios contratos que fueron firmados hasta el año 2037, o sea, unos contratos por el orden de más de un billón de pesos. El gobernador no se ha pronunciado referente a dichos contratos y, antes de liquidar a la ESE UNA, debe llegar a unos acuerdos y a una revisión jurídica del tema”, recalcó la diputada.
Los contratos a los que se hace referencia y que están ‘amarrados’ desde el momento de la creación de la empresa son los siguientes y que en su momento este medio dio a conocer. El primero corresponde al servicio de UCI por valor de $354 mil millones concedido a la UT UCI Pediátrica y Neonatal.
El contrato de servicios farmacéuticos por valor de $241 mil millones entregado a la UT Servicios Farmacéuticos del S&D. Así mismo, el contrato de imágenes diagnósticas por un monto de $303 mil millones para la Sociedad Ayudas Diagnósticas del Atlántico.
Otro es el aliado para alimentación, por un valor de $173 mil millones pactado con el aliado Servicios de Alimentos N.P. y, finalmente, para el laboratorio clínico por el orden de los $85.563 millones con la UT ESE UNA.
Es por este panorama que las fuentes consultadas por esta casa periodística opinan que “obviamente los concesionarios, para poder aceptar ser parte de un proceso liquidatorio, exigirán que les paguen dicho valor que tenían como expectativa recibir en desarrollo de las concesiones firmadas con la ESE UNA”.
Mayor expectativa
Harry Canedo, diputado por el Partido de La U, manifestó que desde la duma se encuentran a la expectativa de estudiar el proyecto de ordenanza que en su momento presentaría el gobernador Verano para definir un derrotero frente al futuro de la ESE UNA.
“Yo estoy de acuerdo con que se vuelva al modelo anterior. Acompaño al gobernador en esa propuesta que él tiene. Lo que me preocupa mucho es dónde están los recursos porque estamos hablando de $190 mil millones que tendrían que buscarse para poder liquidar la ESE UNA”, sostuvo el asambleísta.
Canedo fue enfático al sostener que es necesario un saneamiento financiero para que los hospitales puedan “empezar de cero” y recorrer una senda para convertirse en entidades autosostenibles.
“En el anterior modelo, el hospital de Sabanalarga, el hospital Niño Jesús y el Cari Mental eran viables. El Cari de Alta Complejidad era la ‘manzana podrida’ y al unirlos, sucedió todo esto, se dañó el proceso que venía”, puntualizó.
En ese sentido, el momento de la ESE UNA no es nada sencillo y no tiene una salida clara, pues las enormes deudas acumuladas no hacen posible comenzar a pensar en un cambio de modelo. La primera salida sugerida es la recuperación económica, para así luego comenzar a pensar una reestructuración de la prestación de servicios. Más allá de ello, habrá que plantear los mecanismos para que en lo que venga no se repita el fracaso.
Seguimiento al plan de mejoramiento
Uno de los factores a tener en cuenta para avanzar en un futuro proceso de liquidación de la ESE UNA es el actual plan de mejoramiento que es vigilado por la Superintendencia Nacional de Salud.
Es de recordar que en el mes de abril recibieron una visita sorpresa de parte de los auditores de la entidad para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. De dichas observaciones también dependerán las determinaciones a tomar.
Diversas fuentes han señalado que el plan de mejoramiento, ordenado en el 2023, no se ha venido cumpliendo según lo esperado, y que este es otro factor que ahonda la situación de la entidad.
Piden intervención del Ministerio del Trabajo en deudas de la ESE UNA
En una carta enviada por la diputada Alejandro Moreno al Ministerio del Trabajo se pidió la inmediata intervención de esa cartera en el tema por las demoras de hasta seis meses en los salarios de los trabajadores vinculados por Órdenes de Prestación de Servicios (OPS).
El texto señala que “ante la grave crisis institucional y vulneración sistemática de los derechos laborales de sus trabajadores. La situación actual de dicha ESE, que agrupa hospitales clave del departamento del Atlántico, es alarmante y crítica”.
Al respecto, evidenció que existen retrasos generalizados en el pago de salarios y honorarios de los trabajadores bajo orden de prestación de servicios (OPS), con deudas que en algunos casos superan los cinco meses.
También referenció la desvinculación “arbitraria” de personal médico y asistencial, “sin el respeto de garantías mínimas legales y sin el pago de las acreencias laborales”.
Además, denunció que existiría “contratación irregular de médicos sin afiliación a seguridad social, lo que constituye una violación grave a los principios laborales y de seguridad social en salud”.
A eso se suman amenazas laborales y represalias contra quienes denuncian las irregularidades o exigen el respeto de sus derechos, así como parálisis de servicios vitales como urgencias y anestesia, ante el cese de actividades por parte del cuerpo médico debido al incumplimiento en los pagos.
Es de anotar que, hasta el momento, la misiva no ha sido contestada por la cartera de Trabajo.
