Desde 1991, tal como lo establece la Constitución de ese año, es obligación del Estado colombiano garantizar la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos domiciliarios.
Además, en su artículo 367, se dispuso que la población de menores recursos y en condición de vulnerabilidad tuviera derecho a subsidios para acceder a servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y gas.
En el caso de la energía, este beneficio económico dirigido a los estratos 1, 2 y 3 ha sido motivo de constante preocupación en el último año para los actores del sector eléctrico, debido al retraso en los desembolsos que el Gobierno debe girar a las comercializadoras, quienes inicialmente asumen el costo de ese subsidio.
Cabe recordar que es la Ley 142 de 1994 la que reglamenta tanto la entrega de subsidios como el recaudo de los recursos para financiarlos.
Este sistema funciona con base en un esquema de subsidios cruzados y se hace a través de una herramienta que se encarga de manejar esos recursos, denominada Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI).
Esta consiste en que los hogares de mayores ingresos, como lo son los estratos 5 y 6, y el sector comercial ayuden a financiar el consumo básico de los usuarios de menores ingresos.
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Es decir, pagan un valor adicional del 20 % sobre el consumo total, lo que se conoce como una contribución para subsidiar el consumo básico de los usuarios vulnerables, y si el recaudo no alcanza, es el Gobierno el responsable de aportar el restante a través del Presupuesto General de la Nación.
Por su parte, el estrato 4 no recibe subsidio ni paga contribución, y su tarifa sirve como base de referencia (tarifa plena).
Además, dentro de la reglamentación se determinaron unos porcentajes de aplicación según el estrato y un límite de kW/h-mes acorde al lugar de residencia del usuario.
Estos subsidios, en el caso de la energía eléctrica, para el estrato 1 son de hasta el 60 %; para el estrato 2, de hasta el 50 %; y para el estrato 3, de hasta el 15 %.
Con respecto a un consumo básico de subsistencia, se estableció que para municipios a menos de 1.000 metros sobre el nivel del mar, como en la costa Caribe, el consumo de subsistencia es de 173 kWh/mes.
Mientras que para municipios por encima de 1.000 metros, el límite es de 130 kWh/mes.
A partir de esos valores, si los usuarios superan este límite deben pagar la tarifa plena.
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Según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), actualmente 13,5 millones de hogares de los estratos 1, 2 y 3 —el 80 % de los usuarios residenciales del país— reciben subsidio en su factura de energía, lo que equivale a beneficiar a cerca de 40 millones de colombianos.
Presupuesto 2025
Según los informes disponibles, el Estado debería aportar para cubrir los subsidios cerca de $300.000 millones mensuales, es decir, $3,6 billones al año.
Sin embargo, en el presupuesto de este año solo se apropiaron recursos para tres meses: $900.000 millones. El resto no tiene apropiación asignada.
Ante esta situación, el presidente de Asocodis, José Camilo Manzur, hizo un llamado al Gobierno nacional para apropiar los recursos pendientes y cumplir con el pago de los subsidios de este año.
El líder gremial reconoce los desembolsos que hizo el Gobierno de los subsidios de la vigencia 2024, pero si no se cancelan los recursos correspondientes de lo que va de este año, la deuda al finalizar este 2025 podría ascender a los 2.7 billones de pesos, lo que llevaría a las empresas del sector eléctrico a una “situación mucho más crítica”, sostuvo Manzur.
Advirtió además que, de mantenerse el retraso en el pago de estos subsidios, en la región Caribe las tarifas podrían duplicarse.
“El aumento sería, en promedio, del 100 %”, señaló, lo que refleja la urgencia de que el Gobierno nacional cumpla con estas obligaciones legales para evitar un impacto tarifario crítico en la zona.
Nuevas propuestas
En medio de este panorama, y como parte del debate nacional por la crisis tarifaria y energética, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, socializó recientemente en Valledupar el borrador de un proyecto de ley para reducir las tarifas de energía. En este se contempla reformar el actual esquema de subsidios y contribuciones cruzadas, que se basa en la estratificación socioeconómica, proponiendo una focalización de subsidios que no solo tenga en cuenta el estrato, sino también el consumo mensual de energía.
Palma insiste en que esta medida permitiría identificar casos como grandes mansiones y casas campestres clasificadas en estratos bajos, que reciben subsidios estatales. “Todos los colombianos terminamos subsidiando este tipo de usuarios”, afirmó.
Desde la Liga Nacional de Usuarios del Caribe, su coordinador, Norman Alarcón, rechazó esta propuesta, calificándola como una estrategia disimulada para recortar subsidios. Recordó que esta idea fue inicialmente impulsada por Jorge Iván González, ex director de Planeación Nacional en este mismo gobierno, quien en su momento planteó retirar de los subsidios a 3,5 millones de familias.
Alarcón defendió que los subsidios sigan asignándose bajo el criterio de estratificación socioeconómica, como ha funcionado hasta ahora.
Aunque reconoció que existen viviendas atípicas, que pese a estar en estratos bajos, deberían pertenecer a estratos superiores, precisó que la legislación actual ya contempla mecanismos para corregir esos casos.
“Pero lo que no se puede permitir es excluir de los subsidios a millones de familias simplemente porque un nuevo criterio de focalización lo considere así”, enfatizó.
El dirigente también cuestionó otra propuesta presentada meses atrás por el presidente Gustavo Petro, que consiste en reemplazar progresivamente los subsidios con la entrega de paneles solares a los hogares.
“Eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo van a cubrir a toda una población con paneles solares? Lo que buscan es ahorrarse esa plata y destinarla a otros fines”, sostuvo.
Según cálculos del exministro Juan Camilo Restrepo, esa iniciativa no sería viable, ya que el dinero destinado a cubrir los subsidios para millones de colombianos apenas alcanzaría para instalar unas 200.000 soluciones solares familiares, cuyo costo promedio sería de 30 millones de pesos por vivienda.
Iniciativas fiscales
Durante la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó el interés del Gobierno en explorar alternativas para cambiar el modelo actual de subsidios en energía y gas.
La propuesta, alineada con lo expuesto por el ministro Palma, busca reemplazar la estratificación por la clasificación del Sisbén como criterio para entregar subsidios.
De acuerdo con Ávila, esta medida busca aliviar la presión fiscal, pues el déficit llegó al 2,4 % del PIB en el primer trimestre de 2025 y podría escalar hasta el 7,1 %, siendo el costo de los subsidios uno de los conceptos que más pesa en el balance fiscal nacional.
