Aunque ya ha pasado más de un año (7 de mayo) desde que el presidente Gustavo Petro anunció desde Barranquilla que el Gobierno asumiría los saldos pendientes de la opción tarifaria para reducir las tarifas de energía, la realidad es que nada ha cambiado. Los ciudadanos del Caribe siguen siendo los principales afectados por las alzas de las tarifas, y desde el Ejecutivo no se vislumbra todavía una solución concreta a esta encrucijada.
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En un principio, el primer cambio que planteó el presidente Petro para tratar de asumir el saldo de la opción tarifaria fue titularizar la deuda, aduciendo que no era viable para las empresas generadoras de energía refinanciarla.
De esta manera, el jefe de Estado mencionó en su momento que “esa deuda tiene que titularizarse, es decir se convierte en deuda pública de la Nación. La opción tarifaria que debía pagar la familia a las comercializadoras en energía eléctrica debe pagarla la Nación y eso se llama títulos de deuda pública nacional. Debemos sincerar la deuda, poner en blanco y negro las mentiras que dijo Duque y pagar como Nación”.
Tras el paso de varios meses mientras se avanzaba en esta propuesta, el ex agente especial interventor de Air-e Carlos Diago también anunció que el cobro de la opción tarifaria sería suspendido para los usuarios de la empresa a partir del mes de octubre de 2024. Una decisión que fue bien recibida, pero que también tuvo algunas críticas debido a que la deuda estaba prácticamente saldada con la compañía a falta de 4 meses más de cobro.
Sin embargo, lo que comenzó con una buena intención terminó convirtiéndose en un problema. La deuda tarifaria que estaba próxima a saldarse en los próximos cuatro meses no fue suspendida, si no más bien diferida a 10 años mediante un acto administrativo con el que la compañía se acogió al límite máximo determinado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para recuperar los saldos por opción tarifaria.
De esta manera, el cobro de esta opción se determinó en las facturas por cerca de 12 pesos desde el mes de octubre, mientras que en el mes anterior este mismo cobro ya había ascendido a cerca de 265 pesos por kilovatio hora.
Esta fue una de las últimas medidas adoptadas por Diago mientras estuvo al frente del cargo en la intervención de Air-e y una de las razones que se acumularon para retirarlo del cargo.
Las alternativas del Gobierno
Para hacer posible la propuesta del presidente Petro de volver pública la deuda de opción tarifaria, el Gobierno nacional, a través del entonces ministro de Minas y Energía Andrés Camacho conoció que era necesaria una ley para el proceso de titularización.
En ese sentido, el Ejecutivo concentró sus esfuerzos en ese proyecto de ley que les permitiera convertir dichos saldos de la opción tarifaria –que ascienden a cerca de $5.7 billones– en deuda pública,
Precisamente en ese momento las empresas continuaban haciendo el cobro del componente tarifario, aunque la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el Ministerio de Minas y Energía definieron una serie de topes para adelantar dicha recuperación, en varios departamentos del Caribe se ha avanzado a “pasos agigantados”.
De esta manera, y mientras se avanzaba en las alternativas de saldar la deuda, el Ministerio de Hacienda implementó un proceso de crédito con Findeter por cerca de $2 billones para las comercializadoras de energía, el cual sería asumido por el Estado.
Lo que el Gobierno no tuvo en cuenta fue que este crédito no iba a extinguir el saldo de la opción tarifaria. Así las cosas, se tuvo que buscar otra manera de financiación para los $3 billones adicionales que permitieran cubrir el restante de la opción tarifaria para los usuarios del Caribe colombiano.
En medio de esta búsqueda interminable de alternativas, el exministro Camacho precisó que se daría prioridad a los estratos 1,2 y 3 en estos saldos de la opción tarifaria. Una de las estrategias para poder obtener estos recursos y cubrir la deuda sería con la Ley de Financiamiento, en la cual se agregó un apartado para asegurar este dinero.
Adicionalmente, desde distintos sectores políticos y gremios se pidió presentar un proyecto con artículo único para cumplir con esta tarea, pero ninguna de las dos opciones tuvo cabida en el Congreso de la República. Las comisiones económicas conjuntas hundieron en primer debate el proyecto por considerar que era una disfrazada reforma tributaria que no cabía en el momento económico del país.
Desde los gremios se sugirió un proyecto de ley con un solo artículo, pero eso tampoco caminó.
Ante la situación, el jefe de Estado mostró su descontento, y calificó como un “sabotaje” el hundimiento de la Ley de Financiamiento. El presidente Petro jugó una última carta con la que espera saldar la opción tarifaria.
Una promesa incumplida
La promesa de convertir el saldo de la opción tarifaria en una deuda pública nunca se logró materializar. En su lugar, el Ministerio de Minas y Energía avanza desde el mes de marzo en un proyecto de ley para cambiar la estructuras de la tarifa de energía del país y que los estratos 4,5 y 6, así como los usuarios comerciales e industriales asuman el saldo pendiente por el concepto de opción tarifaria.
Este proyecto contempla adoptar normas en materia de subsidios a las tarifas del servicio público de energía eléctrica, que implica que a partir del segundo ciclo de facturación mensual después de la entrada en vigencia de la norma las empresas comercializadoras solo aplicarán los subsidios a usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 cuyo registro de consumo total mensual de energía eléctrica sea igual o menor al consumo básico de subsistencia.
En caso de que el consumo sea superior, los usuarios deberán pagar la tarifa plena del costo unitario aplicable, independientemente del estrato al que pertenezcan.
La propuesta también contempla que, a partir del cuarto ciclo de facturación mensual posterior a la entrada en vigor de la ley, “las empresas comercializadoras de energía eléctrica deberán aplicar una contribución del 20 % a la tarifa de aquellos usuarios residenciales que durante los tres ciclos de facturación mensual anteriores hayan consumido en promedio más de 529 kWh-mes”.
En ese sentido, el Gobierno planteó como su última alternativa que el saldo de la opción tarifaria, el cual la Nación podría reconocer como deuda pública, sería como máximo el saldo de la opción tarifaria adeudado al momento de la entrada en vigor de esta ley de servicios públicos domiciliarios.
Reacciones
La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), en cabeza de su director, Alejandro Castañeda, fue enfático en que el gobierno de Petro incumplió con la promesa de bajar las tarifas de energía en la región Caribe.
“Más que una crisis de energía es una deuda que se tiene por parte de los usuarios con las empresas, y el Gobierno había prometido a la gente asumir esa deuda y luego lo fue desmontando poco a poco con diferentes cambios que al final no tienen mucho sentido. Es una decepción particularmente para la gente de la región Caribe”, comentó.
Por su parte, Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, reafirmó los llamados de atención que se le han hecho al Gobierno por el concepto de los pagos pendientes de energía.
“La Contraloría ha advertido al Ejecutivo por la deuda pública que asciende a los $7.6 billones y que pone en riesgo la prestación del servicio en el Caribe Colombiano”, mencionó.
Acosta manifestó su preocupación por las deudas que tiene la empresa Air-e, lo que “puede terminar en un racionamiento”.
Intervención de Air-e no fue efectiva para los usuarios del Caribe
La intervención de Air-e no salió como se esperaba y se encuentra en riesgo la prestación del servicio de energía para los usuarios del Caribe. Esta es la preocupación que manifestó el contralor delegado para el sector de Minas y Energía, Germán Castro, a EL HERALDO tras ser consultado sobre la situación actual que atraviesa la empresa.
“Lo único que hemos recibido es preocupaciones porque no hay con qué cubrir los costos y los gastos de esta empresa que son crecientes. El problema pasa porque al ser la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios una entidad del Estado, ellos tienen que recurrir a usar el Presupuesto General de la Nación para sanear la empresa, y la verdad es que tampoco hay mucho dinero dinero disponible en las arcas del Estado”, comentó.
Puso de presente: “Vemos un crecimiento, un incremento de las deudas de Air-e con los generadores, y si los generadores no reciben la plata la afectación va a ser para todo el país, por eso es que hacemos un llamado de atención por los recursos que se utilizan del Estado para las intervenciones”.
Castro agregó también que el problema de Air-e va a causar consecuencias económicas y sociales en la costa Caribe colombiana.
“Las intervenciones hay que pensarlas, analizarlas y financiarlas de tal manera que brinden soluciones, hasta ahora el remedio de la intervención no fue efectivo, no le vemos todavía una solución. Es preocupante porque tampoco vemos un panorama claro para el siguiente año en materia energética”.
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