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La agente interventora de Air-e, Diana Bustamante, le pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos que les lancen un “salvavidas financiero” para poder cumplir las obligaciones con las generadoras y proveedores.

La funcionaria recalcó que los recursos que se requieren son necesarios para poder seguir operando en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

“Es importante que Air-e disponga de estos recursos para poder continuar con la operatividad. Son $1.1 billones lo que se les deben a los generadores y proveedores”, dijo.

Expresó que son varias las reuniones que han tenido con la Superservicios alrededor de este tema, incluso cuando Edwin Palma estuvo al frente de la intervención de la compañía.

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Bustamante señaló que el insumo básico de la operación de la compañía es la energía y por eso se requiere una inyección de recursos que permita seguir garantizando el servicio a los usuarios.

Asimismo, dijo que espera que el Ministerio de Hacienda cumpla con el giro de subsidios de ley, con los cuales la firma cumpliría con las obligaciones que se encuentran pendientes.

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Reacción de Andeg               

Una vez se dio a conocer esta solicitud, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, calificó como “absurda” la petición.

El líder gremial recordó que fue precisamente por los problemas financieros que el Gobierno nacional, a través de la Superservicios, intervino la empresa.

“Es decir que la agente especial designada por la Superservicios le pide a quien la nombró un salvavidas financiero. Es claro que la Superservicios no ha hecho ninguna gestión para garantizar que la empresa cuente con los dineros que permitan pagar a generadores y proveedores”, cuestionó Castañeda.

En ese sentido, dijo que con esta solicitud les está dando la razón a los generadores y gremios del sector frente a la deuda que tienen con ellos que ya suma, aseguró, 1.5 billones de pesos.

Cabe recordar que antes de la intervención la deuda estaba en $500 mil millones.

Fue enfático en afirmar que es el Gobierno el que debe asegurar que los pagos de esa obligación de noviembre a la fecha se lleven a cabo en los próximos días: “Estamos jugando con candela, nos podemos quedar sin energía, porque los generadores no aguantan seguir produciendo energía sin el pago. Y esto se volvería un problema no solamente de tres departamentos, sino de todo el país”.

Castañeda también aseguró que espera que el ministro Edwin Palma, quien conoce el “tema a detalle” por haber sido agente interventor, adelante las gestiones para “destrabar la compleja situación”.

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Crece deuda de subsidios

El director ejecutivo de Asocodis, José Camilo Manzur, manifestó su preocupación por el creciente aumento de la deuda del Gobierno por concepto de los subsidios al sector energético.

Explicó que, a la fecha, se adeudan en total $7,6 billones: $3,1 billones corresponden a la opción tarifaria; $2,9 billones a subsidios; $1,2 billones a deuda oficial y $400 mil millones por los precios de bolsa: “La mala noticia es que, cerrando abril, ya tenemos el estimativo de que pasamos de $2,9 billones en marzo a $3,1 billones en materia de subsidios. Son sumas que han sido entregadas por las empresas y que aún no vemos que se reduzca esa deuda”.

Gremios reacciones por anuncio de decreto por parte de minminas

El pasado lunes, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que se encuentra listo el decreto que limitaría el costo de la energía en bolsa en el país.
“Con esta medida, se tiene la expectativa que en los periodos de sequía en los que la energía es más costosa pueda disminuir su precio entre $20 y $120 por cada kilovatio-hora, dependiendo de la severidad de la sequía y del comportamiento de los precios en bolsa”, explicó el funcionario.
El primero en reaccionar ante este anuncio fue el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, quien dijo que poner techos a los precios en bolsa de energía es una “locura” porque el mercado funciona por demanda y oferta.
“Ellos creen que decir que baja va a bajar. Si no hay oferta y hay más demanda, el precio sube. Y eso es lo que está pasando”, señaló el líder gremial.
Por su parte, el director ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, sostuvo que es “muy loable” porque busca que haya un mayor nivel de contratación; sin embargo, advirtió que se debe buscar es el cómo.
Precisó, además, que el verdadero desafío sigue siendo la capacidad de generación firme en el país: “Hoy, Colombia enfrenta un déficit estimado del 7 % para los años 2027-2028”.
Los líderes gremiales coinciden en que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) la que debe hacer este tipo de regulaciones.
Al respecto, Fanny Guerrero, experta comisionada de la Creg, dijo que una vez este en firme el decreto será analizado “y cuando esté en el marco de viabilidad técnica, jurídica, regulatoria, está obligado a expedir las reglas que viabilizan ese lineamiento que ha dado el ministerio”.