La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos urgió al Estado a “redoblar los esfuerzos en materia de prevención y protección”.
El secuestro se registró en una zona rural del municipio de El Paujil, Caquetá, el 26 de noviembre de 2024. La mujer estaría en poder del Bloque Rodrigo Cadete, perteneciente a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá Córdoba.
Era defensor de los derechos de las familias campesinas de la región.
Los fallecidos pertenecían a la subestructura acusada de haber perpetrado el crimen del líder social Jaime Gallego, quien fue hallado sin vida en la madrugada de este domingo, 9 de marzo.
El alto tribunal concluyó que la expresión utilizada por el mandatario afectó el derecho a la honra y el buen nombre de la líder social, así como su participación ciudadana y libertad de expresión.