La Contraloría halló a tres exgobernadores de San Andrés prestadores de salud del archipiélago como responsables fiscales por $202.767 millones por irregularidades en la gestión de recursos en la atención de los afiliados al régimen contributivo y subsidiado en la isla.
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Las anomalías se presentaron 'dentro de las vigencias comprendidas entre los años 2017 a enero de 2021 inclusive, con ocasión de la ejecución de un contrato interadministrativo celebrado entre la gobernación del archipiélago y una IPS pública', señaló la entidad mediante un comunicado.
De acuerdo con la Contraloría, estas EPS solicitaron a la Adres, encargada del control de los recursos de salud, $94.936.891.152, los cuales para el ente 'no se vieron representados en servicios de salud para sus usuarios en las Islas y a su turno las EPS giraron a las UT prestadoras de servicios $2.905.830.271, los cuales tampoco se vieron representados en prestación de servicios de salud durante esas vigencias'.
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La Contraloría también encontró que se giraron más de 87 mil millones a la IPS pública, entidad que no estaba habilitada en ese departamento para prestar servicios de salud ni tampoco tenía contratos suscritos con las EPS para las vigencias antes mencionadas.
'Por otra parte, se estableció que se le han dejado de pagar a la Gobernación de San Andrés $824.336.362, como contraprestación por la entrega de la infraestructura hospitalaria a la IPS Pública mediante el contrato interadministrativo celebrado entre ambas partes', indicaron.
