La ponencia favorable que presentaron dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se formulen cargos en su contra por la presunta financiación irregular de su campaña, en 2022, ha hecho estallar en cólera al presidente Gustavo Petro, que una vez más tildó las indagaciones que giran en torno suyo a un intento de “golpe de Estado” o “golpe blando” por parte de sectores de la oposición.
Aunque el documento por supuesta violación del tope de gastos electorales apenas está en fase de estudio, Petro –al igual que en ocasiones anteriores– no tardó en escupir improperios contra los órganos de control y altas cortes, generando de nuevo un clima de tensión en la institucionalidad colombiana.
“11 millones y medio de colombianos (que votaron por él en la segunda vuelta de las elecciones de 2022) van a perder sus derechos políticos. No porque ningún juez penal haya dictaminado que son criminales, sino porque así lo decidió la oligarquía colombiana y el régimen de corrupción. Quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el presidente de la República, a pesar de ser elegido por el pueblo de Colombia, tiene que dejar de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos de la politiquería así lo quieren”, aseguró Petro.
Tras las duras acusaciones, el CNE exigió respeto por su labor y aseguró que las declaraciones del mandatario ponen en riesgo a los magistrados del órgano electoral.
“Las graves declaraciones contra los miembros de esta corporación quebrantan el normal funcionamiento del sistema democrático y ponen en riesgo a quienes están a cargo de tomar las decisiones en cumplimiento de sus funciones constitucionales”, señalaron en un comunicado.
Sin embargo, Petro ha seguido agitando a sus bases más fieles, y al mismo tiempo radicales, incitándolas a salir en masa a las calles. Incluso, desde Cali, el mandatario aseguró que, de no aprobarse sus reformas, Colombia viviría otro estallido social, lo que ha causado repudio de diferentes sectores que han hecho un llamado a la calma al jefe de Estado.
“Nos tenemos que serenar todos. Esa idea de que hay un golpe me parece que no tiene asidero. Siempre ha habido locos que quieren tumbar al presidente, pero eso no tiene el significado que el presidente le quiere dar, entre otras cosas porque la función del CNE es investigar una campaña y todas las campañas pueden ser investigadas. Esto apenas es una ponencia. Si hay un comprometimiento del presidente esto tiene que ir a la Comisión de Acusaciones. (…)Luego bajemos el tono, este llamado a la victimización, a decir que hay un golpe andando, tiene repercusiones internacionales dramáticas para Colombia. La comunidad internacional debe estar aterrada diciendo: ¿qué pasa en ese país cuando es el propio presidente que dice que lo quieren tumbar”, solicitó el senador Humberto De la Calle.
En este sentido, el politólogo Fernando Posada consideró que la actitud del presidente “profundiza la división social en el país”.
“La mayoría de presidentes se han enfrentado a oposiciones muy fuertes. Uribe literalmente creó un partido para oponerse a Santos y bloquearle el proceso de paz. A Duque le paralizaron el país semanas enteras. Es realmente deshonesto que Petro ahora radicalice al país con el argumento de que la oposición que enfrenta es inédita y que su objetivo es sacarlo del poder. La oposición se enfrenta con acuerdos interpartidistas y con administración efectiva. En estos dos frentes Petro ha sido realmente ineficaz”, señaló.
“Qué peligrosa es la apuesta del presidente de radicalizar a una nación, profundizar la división social y referirse a una protesta en su contra como la ‘marcha de la muerte’. Todas estas son acciones que dejan mucho por desear del talante democrático de un dirigente”, agregó.
A su turno, David Luna, senador de Cambio Radical, le pidió al presidente que respete a las diferentes instituciones del país.
“Ningún político se hace demócrata por repetir un millón de veces que es demócrata. Ya es hora de respetar las instituciones, la prensa y la ciudadanía crítica. Presidente, deje atrás ese cuento paranoico del ‘golpe blando’, enfrente lo que tenga que enfrentar en derecho y termine su gobierno. Es lo único que pedimos y lo único que lo haría a usted un verdadero demócrata”, solicitó el legislador.
Posteriormente, tras un acalorado discurso de Petro en Cartagena, Luna consideró que “el Presidente Petro ya está mostrando sus verdaderas intenciones. Desconociendo a las instituciones, irrespetando la democracia y sin sonrojarse afirma: –Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante, más adelante iré–. Qué ansias de reelegirse tiene”.
Además, Alejandro Gaviria, académico y exministro de Petro, consideró que el mandatario está tomando una actitud victimista en los últimos meses.
“Si cualquier investigación, cualquiera, se rechaza y señala como un golpe blando, la pretensión del presidente Petro es evidente: impunidad absoluta. Quiere ponerse por encima de la ley”, indicó.
Por otro lado, Jota Pe Hernández, senador de la Alianza Verde, consideró que el mandatario no puede hablar de golpe blando cuando en su círculo más cercano han estallado varios escándalos de supuestos hechos de corrupción.
“El Gobierno tiene más de 15 escándalos por corrupción en los últimos 20 meses de su mandato. Petro ahora habla que 4 o 5 vagabundos politiqueros lo quieren tumbar, debe revisar su círculo cercano ya que los corruptos están dentro. Que cínico. Petro debe salir de la Presidencia”, manifestó.
El Pacto se defiende
Por su parte, el oficialismo ha defendido la postura del presidente argumentado que Álvaro Hernán Prada, llamado a juicio por el caso de soborno a testigos y fraude procesal, actualmente es magistrado del CNE.
“¿Cómo un señor con el prontuario que tiene Álvaro Hernán Prada llega a ser honorable magistrado del CNE? Habla muy mal del poder electoral. Además del golpe blando en contra del presidente Petro, este caso deja en evidencia la necesidad de una reforma política democrática”, criticó la senadora Aida Avella, del Pacto Histórico.
Ademas, el presidente Gustavo Petro consideró que el CNE está “violando la ley” al investigar los gastos de los testigos electorales, que según el mandatario no hacen parte de la campaña.
“Con esta violación a la ley electoral los ponentes del CNE quieren propiciar el golpe. La Ley 996 de 2005 establece que la campaña presidencial, sobre la cual hay que rendir cuentas, es el ‘conjunto de actividades realizadas con el propósito de divulgar el proyecto político y obtener apoyo electoral’. Aquí no entran los testigos electorales. Como ven, los gastos que hacen testigos electorales no son gastos de campaña porque la campaña acaba un día antes de depositar los electores los votos. Así, violando la ley, quieren violar el resultado electoral del 2022”, aseguró en su cuenta de X.
En esta misma línea, se conoció este sábado que ante la Fiscalía General de la Nación fueron denunciados los magistrados de ponencia contra la campaña del presidente Petro en el CNE por presunto prevaricato.
La ponencia
El texto presentado por los dos magistrados se discutirá por la sala plena del CNE, compuesta por nueve miembros, que decidirán si la admiten para seguir adelante con el proceso, para lo que necesitan los votos de al menos cinco magistrados, o si, por el contrario, lo archivan.
Este caso se remonta a febrero de 2023 cuando el CNE abrió una indagación preliminar contra la campaña presidencial de Petro por presuntas irregularidades en su financiación.
Según informó entonces ese organismo, la indagación se abrió “con base en la queja anónima presentada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial del año 2022”.
