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El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, dice que la iniciativa incluye pedagogía legal.
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Política

“La reforma a la justicia es un proyecto de la gente, no mío”

El jefe del Ministerio Público quiere llevar la justicia hasta los lugares más apartados y que los territorios no dependan de Bogotá.

Para poder estructurar el proyecto de reforma a la justicia que a juicio del procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, requiere el país, se consultó a casi 9.000 ciudadanos de todas las regiones que durante un buen tiempo participaron en mesas temáticas.

Por eso el jefe del Ministerio Público recalca que ese no es su proyecto, sino de los colombianos: “el proyecto de la gente”, con el que quiere romper el centralismo que existe en el país en el suministro de una justicia oportuna y clara, como la quiere el país.

Un país de regiones

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, afirma que el articulado que ha propuesto ante el Congreso de la República reconoce a Colombia como “un país de regiones”, lo que lo diferencia de “los proyectos bogotanizados” de reforma a la justicia que suelen presentarse y naufragar en el Capitolio.

“A diferencia de los proyectos bogotanizados de reforma a la justicia tradicionales, estamos reconociendo que Colombia es un país de regiones, de afros, de campesinos, víctimas, líderes, estudiantes, tantos colectivos cuyos derechos en los territorios siguen siendo desconocidos. La justicia no llega a los territorios”, afirma.

Señala además el jefe del Ministerio Público que los derechos económicos y sociales de los ciudadanos requieren de una reforma que tenga como epicentro el acceso a la justicia, “una reforma que tenga como centro al ciudadano, con un enfoque territorial, descentralizado, rural y diferencial”.

El proyecto

La iniciativa que promueve el procurador, de 30 artículos y 23 páginas, se divide en los capítulos de disposiciones generales, sistemas locales y rurales de justicia, implementación de estos sistemas  y planeación e instancias territoriales de justicia.

Entre las disposiciones concretas del proyecto se cuentan las de la formación temprana en derechos desde las escuelas y colegios, la implementación de un modelo de asistencia y orientación jurídica, ampliación y fortalecimiento del servicio de defensoría pública y la promoción de modelos de justicia comunitaria a través de conciliadores en equidad y jueces de paz.

Así mismo, se crea la Comisión de Acceso a la Justicia, encargada de formular la política pública de justicia con enfoque territorial e integrada por el ministro de Justicia, los presidentes de las altas cortes, el fiscal, el procurador, el defensor, el director del DNP y representantes de distintos sectores.

Se crea también la Comisión Departamental de Justicia, como instancia de coordinación, articulación y complementación de la justicia local y rural, integrada por los gobernadores y los presidentes de los tribunales departamentales y jefes regionales de los entes de control.

Y se crean los Comités Locales de Justicia, con la participación de los alcaldes, los jueces de más alto rango de la jurisdicción y los directivos de los entes de control a nivel local además de representantes de los distintos sectores.

El articulado establece de igual forma los núcleos de justicia rural, para los que los alcaldes y los gobernadores a través de sus planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial podrán establecer en los centros poblados núcleos de justicia, que cumplan con un mínimo vital de infraestructura física y tecnológica que permitirá la prestación efectiva de servicios de justicia rural.

Para establecer otros mecanismos de fortalecimiento de la justicia local y rural, se lee en el proyecto: "Los departamentos y municipios en la elaboración de sus planes de desarrollo y de sus correspondientes planes de acción y programación del gasto, tendrán en cuenta la incorporación de programas y proyectos de inversión para el fortalecimiento de la justicia local y rural, conforme a las necesidades específicas de cada territorio".

Y, finalmente, para garantizar otras fuentes de financiación, dispone la iniciativa que el Gobierno Nacional y las entidades territoriales podrán suscribir contratos plan específicos, "comprometiendo recursos de fuente nacional, territorial y de otras fuentes, para la financiación conjunta de proyectos de inversión para el fortalecimiento de la justicia local y rural, de conformidad con los artículos 18 de la ley 1454 de 2011 y 198 y 199 de la ley 1753 de 2015”.

P.

¿Por qué ese afán de transformar la justicia en Colombia si no se cambian las estructuras?

R.

  En estos últimos años se ha hecho aún más evidente la necesidad de transformación del Estado colombiano. Esta transformación no será posible sin tener en cuenta las necesidades estructurales del servicio más esencial en una democracia: la justicia.

P.

¿Qué tanto respaldo tiene el proyecto de reforma que usted presentó al Congreso?

R.

Mi propuesta nace directamente de una propuesta ciudadana. La consulta nacional, ‘Voz por la Justicia’, cuyo objetivo es fortalecer la justicia del país, contó con la participación de más de 9.000 personas de todo el territorio colombiano. 

A este proceso de casi seis meses fueron vinculados representantes de organizaciones sociales, pueblos indígenas, consejos comunitarios, del sector privado, la academia, servidores públicos y jueces.

P.

¿Cómo lograron interesar a las regiones y territorios apartados de la capital, cuando todos saben que todo se dirige desde Bogotá?

R.

Logramos conectarnos con los territorios y ver de cerca las necesidades de la ciudadanía frente al sistema de justicia. Realizamos ocho mesas regionales y 32 talleres departamentales, cubriendo el 87% del territorio nacional.

P.

¿Qué tanto respaldo académico tuvo esa iniciativa que usted ahora está promoviendo?

R.

La consulta contó con el respaldo de la Corporación Excelencia en la Justicia, la Rama Judicial, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, 100 universidades, 500 profesores y 900 servidores públicos. 

Recibimos 206 propuestas ciudadanas concretas sobre las oportunidades de mejora y cambio frente al sistema de justicia.

Se diligenciaron 2.538 cuestionarios, cuyas preguntas nos permitieron identificar las opiniones, necesidades y deficiencias en materia de acceso a la justicia.

P.

¿A su modo de ver cuál es ese diagnóstico de las necesidades que tiene la ciudadanía respecto a la justicia?

R.

Logramos establecer un diagnóstico de las necesidades apremiantes de la ciudadanía tiene frente a la justicia.

Al preguntarle a los participantes de ‘Voz por la Justicia’ sobre las falencias del sistema de justicia descubrimos que el 80% considera que las leyes no se aplican por igual.

El 53% considera que las sentencias no se cumplen.

Y el 95% considera que los tiempos en los procesos judiciales son demorados.

P.

¿Según su evaluación, estas inquietudes qué significan?

R.

Los resultados evidencian la necesidad de orientar la justicia hacia las personas mediante procesos ágiles, la materialización del principio de igualdad ante le ley y estrategias efectivas para el cumplimiento de sentencias.

P.

¿Cómo cree que la ciudadanía o la gente misma pueda reconocer que mediante su proyecto si podrá tener una mejor justicia?

R.

Nuestro proyecto de ley sitúa a la gente en el centro de los sistemas de justicia y a la justicia en el corazón del desarrollo sostenible.

 Esto porque centra el fortalecimiento del acceso a la justicia mediante un enfoque territorial, participativo, sistémico, diferencial y ético.

Pero además prevé herramientas para la construcción y empoderamiento de la ciudadanía, a través espacios de participación.

P.

¿Su proyecto contempla mirar más a las regiones, pero cómo va a ser posible esto si todas las decisiones respecto a la justicia se toman desde Bogotá?

R.

Nuestro proyecto responde a la necesidad de fortalecer a las entidades territoriales en los mecanismos para la resolución de conflictos. Le apuntamos a la desconcentración de la Rama Judicial, poniéndola al servicio de los que más necesitan de la justicia.

Con este proyecto de ley se busca promover decididamente el diálogo entre Estado y Sociedad, creando escenarios para construir las políticas públicas del acceso a la justicia en el país, bajo estándares de Gobierno Abierto en Comités, Locales de Justicia en cada municipio, Comisiones Departamentales de Justicia, Comisión de Acceso a la Justicia a nivel nacional.

Además se proponen políticas para la implementación de la justicia local y rural como la construcción de ciudadanía, y el fortalecimiento de los departamentos y municipios.

Con estas estrategias se busca crear escenarios de planeación y coordinación de la política pública de justicia a nivel nacional, departamental y local.

P.

¿Con todos esos puntos cómo se lograría llevar una justicia eficiente a los territorios y regiones apartadas?

R.

Sabemos que la ciudadanía demanda una justicia con presencia territorial, porque nuestro país es de regiones y allá es donde debe estar la justicia.

Es necesario llevar la justicia a las regiones más apartadas, y por eso el proyecto de ley fortalece a los municipios de la ruralidad en la prestación de los servicios de la justicia.

Establece la creación de núcleos rurales de justicia con infraestructura física y tecnológica para asegurar la prestación continua de servicios de justicia en el campo.

Nuestro objetivo es acercar la justicia al ciudadano de a pie, por eso creamos asesorías y asistencia jurídica para la población local y rural.

El acceso a la justicia no se limita a llevar un juzgado al territorio, ello debe estar acompañado de pedagogía legal, sobre todo en la ruralidad.

De nada sirve llevar justicia al territorio si la población no tiene acceso a un abogado, no conoce sus derechos o no sabe cuándo necesita acceder a la justicia, ni de qué forma.

P.

¿Qué hacer para agilizar los procesos y que haya pronta justicia y frenar la impunidad?

R.

Ese es otro de los problemas que tenemos pero para ello vamos a valernos de la tecnología, para dar eficiencia y celeridad con la que se imparta justicia.

Sabemos que la mejor forma para solucionar esta barrera de acceso a la justicia es dotar al sistema de herramientas tecnológicas que faciliten el manejo de los grandes volúmenes de información.

Le apostamos a la integración de un sistema único de información que facilite la toma de decisiones y la creación de estándares de desempeño en la justicia.

Se propenderá por la expansión de las tecnologías de la información en el sistema, modernizando la forma como se imparte justicia.

Para ello, el proyecto de ley promueve la creación de alianzas entre el Estado, el sector privado, las organizaciones sociales y comunitarias y la cooperación internacional, para adelantar programas y proyectos de mejoramiento de la justicia local.

P.

Pero en este país una y otra vez se caen en el Congreso las reformas a la justicia. ¿Por qué cree que su proyecto sí va a avanzar en el legislativo con tantos intereses de por medio?

R.

Hemos presenciado cómo las reformas a la justicia se hunden en el Congreso y no llegan a ser leyes de la República, porque carecen del ingrediente más importante: la voz de la ciudadanía.

Nuestro trabajo se concentró en canalizar la voluntad ciudadana e impulsarla para lograr que las reformas a la justicia se centraran en el ciudadano y fuesen construidas a través del diálogo social.

Este proyecto emana de los intereses y necesidades reales de todos los actores inmersos en el sistema de justicia, no es una propuesta de un color político o del otro, es de la ciudadanía.

La finalidad es saldar la deuda histórica con las regiones y permitirle al país un acceso a la justicia con enfoque social, territorial y participativo.

Este no es un proyecto del procurador, sino que es el proyecto de la gente.

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