Ante la Comisión Legal de Cuentas del Congreso el contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió este miércoles sobre el riesgo que generaría una eventual reprogramación y utilización para otros fines de los recursos de vigencias futuras de proyectos concesionados viales 4G y 5G.
“Si se llegare a materializar el riesgo de modificar unilateralmente los perfiles de vigencias futuras pactados en los contratos de concesión y además utilizar estos recursos para otros fines, la ANI y la Nación tendrían que pagar intereses remuneratorios, de mora y podrían incurrir en eventuales incumplimientos contractuales con las consiguientes demandas en su contra”, indicó el jefe del ente de control fiscal.
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Así mismo, reiteró que los contratos de concesión vial vigentes no tienen previsto condicionar el aporte de las vigencias futuras pactadas al estado del proyecto o del contrato de concesión; tampoco tendría soporte legal ni contractual el no hacer los aportes de las vigencias futuras, cuando la Nación o la ANI consideren que el contrato de concesión no avanza conforme a lo previsto.
“A esto se sumarían las consecuencias de orden fiscal, disciplinario y/o penal que podrían darse y el riesgo de parálisis de ejecución de las obras”, señaló.
De otro lado, el contralor hizo un llamado para un manejo fiscal responsable y realista que garantice las finanzas públicas.
Al presentar los resultados de cuatro informes de ley correspondientes a la vigencia 2024: el Informe de la Auditoría del Balance General de la Nación, el Informe de la Auditoría del Balance de la Hacienda Pública, el Informe de la Cuenta General del Presupuesto y el de la Situación de la Deuda Pública, puso de presente Rodríguez Becerra que, si bien a julio de 2025 hay un incremento en el recaudo tributario con respecto a la vigencia anterior, preocupa que se ubique un 5.3% debajo de la meta establecida para este mes y que no se cumplan las metas anuales, tal como sucedió en el 2024.
También expuso que se presentaron altos niveles de reservas presupuestales en el 2024 que sumaron $61,73 billones, que deben ser cubiertas con los ingresos de 2025.
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“Frente a la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, se proyecta un déficit equivalente al 7,1 % del PIB ($129,6 billones) para 2025 y al 6,2 % ($119,6 billones) para 2026. Esto sin dejar de lado que el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026 está supeditado a una ley de financiamiento por $26,3 billones”, concluyó el funcionario.