Luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera orden de captura contra los ex presidentes del Senado, Iván Name, de la Alianza Verde, y de la Cámara, Andrés Calle, del Partido Liberal, en relación al caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, ahora se abre el debate sobre qué pasará con las curules de ambos congresistas.
Leer también: Así fue el momento de la captura del expresidente del Senado Iván Name, vinculado al escándalo de la Ungrd
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 134 de la Constitución Política, modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 2 de 2015; el artículo 299 de la Ley 5 de 1992 y el artículo 10 de la Ley 1475 de 2011, ambos políticos perderán su investidura como congresistas y sus curules tanto en la Cámara como en el Senado y no podrán ser reemplazadas.
Con las capturas consumadas, se aplica lo que se conoce como “silla vacía”, que se da cuando los dueños de los puestos en el Congreso están involucrados en actos de corrupción.
La ley señala que quienes hayan sido condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico, delitos dolosos contra la administración pública, delitos contra los mecanismos de participación democrática o delitos de lesa humanidad, no podrán ser reemplazados en ningún caso.
La “silla vacía” afecta también a los partidos que dieron aval a los involucrados, en este caso a Alianza Verde, por Name, y Partido Liberal, por Calle.
Un ejemplo similar pasó en el caso de Ciro Ramírez, exsenador del Centro Democrático, cuya vacante no pudo ser cubierta por otro miembro de su partido luego de que se emitiera orden de captura por su presunta responsabilidad en el megacaso de las Marionetas 2.0.
Importante: “Aún faltan poderosos por caer”: abogado de Sneyder Pinilla tras captura de Iván Name y Andrés Calle
Vale mencionar que el senador Name y el representante Calle fueron acusados en su momento de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, en una investigación relacionada con la adjudicación de contratos de la Ungrd.
La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, dijo en las audiencias de noviembre pasado contra la ex consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, que hubo una entrega de $3 mil millones al entonces presidente del Senado.
La exfuncionaria habría recibido, transportado y entregado al ex presidente del Congreso de la República, $3 mil millones que tendrían origen ilícito. Los recursos corresponderían al pago de coimas por el direccionamiento de un contrato en la Ungrd que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira, indicó la delegada.
