De cara a las elecciones de Congreso y de Presidencia, las cuales se realizarán durante este primer semestre de 2022, La Guajira pide a los políticos que llegarán a los poderes Legislativo y Ejecutivo que atiendan, con prioridad, una serie de problemas en su territorio que llevan décadas esperando y agravándose.
Seguridad alimentaria
El líder cívico e investigador social Ángel Roys señaló a EL HERALDO que en el norte del país esperan 'el desarrollo de una política pública en seguridad alimentaria', para que así se atienda este asunto de manera integral y 'no que se esté pensando en la repartición de contratos para beneficios particulares'.
Advierte al respecto que mientras el problema del hambre se 'siga viendo como negocio, eso no va a tener solución porque se concibe el problema como una oportunidad para darles contratación a sectores políticos o económicos que apoyaron campañas, entonces uno observa que a instancias tanto del ICBF como de la Gobernación lo que se genera es la compra de mercados, la asistencia a comunidades, pero uno no observa que se diseñe una política pública que acometa con presencia real y efectiva a las comunidades que padecen esos problemas, sobre todo las comunidades indígenas dispersas en el territorio'.
A su vez, César Arismendi, economista de la Universidad de los Andes, sugiere a los políticos 'desarrollar y poner los esfuerzos en la superación del estado de cosas inconstitucionales que mantiene el departamento, entendido como un déficit de derechos que tienen las comunidades por tener muchas limitantes para acceder al agua, a la seguridad alimentaria y nutricional, a la salud y a la participación'.
Estos cuatro derechos, agrega, deben ser reivindicados 'dado que la sentencia de la Corte Constitucional de 2017 al respecto no se ha implementado en su plan de acción y es importante que los políticos tomen conciencia en apoyar a las comunidades y a la niñez, es decir, hacer coincidir su gestión con una agenda de infancia'.
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'Escasez de agua'
Para Roys, la otra agenda que está diluida para los políticos guajiros es el tema de la represa del río Ranchería.
'No se concibe que haya escasez de agua potable cuando hay una represa construida con recursos millonarios y que está en desuso y solo está siendo aprovechada por un reducido número de agricultores para sus cultivos'.
Pone de presente que esa represa 'tiene más de 60 años de estar siendo desplomada, y hay registros de eso en debates en el Congreso'.
Lo otro, añade, es que se dignifique la vida de los habitantes de Riohacha que no reciben ni agua potable ni permanente.
'Donde yo vivo, por ejemplo, el agua llega una vez a la semana y debe resolverse el problema del alcantarillado, porque una capital con 300 mil habitantes sigue haciendo un vertimiento de aguas de alcantarilla al mar'.
Y recuerda en este punto que hace más de un lustro, a instancias de las Asociación Guajira de Profesionales se promovió un foro cuando Cerrejón pretendía desviar el río Ranchería, que es el río tutelar del departamento y que beneficia a muchas comunidades.
'Los expertos –entre ellos el ex ministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez– concluyeron que esa determinación de modificar el cauce del río tendría una gran afectación y acabaría este río. Cerrejón no solo ha intentado desviar el Ranchería, sino también arroyos para usar su cauce y para sacar el carbón. Entonces, se ha demostrado que sí hay una afectación real pero se privilegian mucho los intereses de las multinacionales. Y es que ellos van a insistir en la desviación del Ranchería y de los arroyos'.
Cambio económico
Arismendi llama la atención sobre la necesidad del cambio del modelo de desarrollo económico regional.
'El desarrollo económico de La Guajira está centrado hace 35 años en gas y carbón, en la minería, pero esto está impactando condiciones de mercado porque tanto el gas como el carbón tienen un consumo limitado por el calentamiento global'.
Reitera que La Guajira juega un papel importante en la transición energética del país y por eso 'se necesita una fuerte convergencia para ir hacia las energías renovables'.
Por otro lado, observa que es importante que se privilegien sectores como el turismo, basado en la cultura y la diversidad de pisos térmicos, de desierto y nieve perpetua que tiene la península, así como poner atención en el desarrollo de la agricultura. 'No es tan cierto que La Guajira sea solo desierto. Hay tierras ubérrimas, fértiles, donde está la represa del río Ranchería, que es un espacio disponible para la producción de alimentos e inclusive para exportarlos'.
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Movidas de los actuales representantes a la Cámara
Los dos representantes a la Cámara que tiene La Guajira no buscarán repetir su curul en la cámara baja del Congreso de la República. En las pasadas elecciones, el Partido Conservador y el Partido de la U lograron hacerse con los dos escaños que tiene el departamento. En el 2021 la Corte Suprema de justicia llamó a indagatoria a la congresista María Cristina Soto de Gómez por su presunta participación en un caso de corrupción electoral, que se habría dado, según el alto tribunal, para que Soto llegara al Congreso. También en ese mismo año, la parlamentaria afrontó la muerte de su esposo Loreto Segundo Gómez Ospino, quien era empresario y ganadero de la región.
En las pasadas elecciones obtuvo un total de 40 mil votos y se desempeñó en la Comisión Septima de la Cámara de Representantes.
El legislador Alfredo Deluque hace parte de los representantes a la Cámara que buscan dar un salto al Senado de la República, por lo que integra la lista del Partido de la U a la cámara alta. Además hace parte de la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes. Deluque en la pasada contienda logró 50.614 votos, consolidando su fuerza electoral en el departamento y la región.
Es importante destacar que las elecciones al Congreso se realizarán el próximo domingo 13 de marzo junto a las consultas interpartidistas.
Líderes del pueblo wayuu expresan sus reclamos
José Silva, de la ONG Nación Wayuu, citó el informe anual de Derechos Humanos en La Guajira, fechado el pasado 31 de diciembre, en el que se advierte que a pesar de la promesa de desarrollo que ha generado la explotación de carbón y de los importantes avances normativos sobre los derechos de participación de los pueblos indígenas que se han dado en Colombia, 'el pueblo wayuu se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural', agregando que en las últimas décadas, desde el seno del Estado colombiano, según cuenta, se ha venido impulsando 'el cumplimiento de las consultas previas libres e informadas, como derecho fundamental de los pueblos indígenas en el mundo de decidir sobre sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo'. Explica que estas decisiones se toman ajustados a sus creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera.
Sin embargo, 'el cumplimiento estricto de este derecho fundamental se ha convertido solo en un sofisma distractor para el pueblo wayuu, o bien sea un mecanismo de engaño y manipulación', comenta Silva en conversación con EL HERALDO sobre las necesidades del pueblo wayuu.
Recuerda el líder indígena al respecto que la etnia más numerosa del país, el pueblo wayuu, que representa el 20 % de la población indígena de Colombia, habita en la península. En este sentido Silva advierte que el Estado colombiano 'se rajó', ya que –como publicó en su más reciente reporte la organización del pueblo ancestral– 'no existen garantías para la pervivencia de este pueblo sujeto de especial protección constitucional. Las graves vulneraciones de derechos al pueblo indígena wayuu nos invitan a analizar la satisfacción de las demandas a la luz del sacrificio de pueblos y territorios'.
Indica, además, que el debate sobre una transición energética justa exige cuestionamientos 'acerca de la responsabilidad política de distintos actores globales, y de nuestra demanda de altas cantidades de energía para mantener nuestros niveles de comodidad y productividad'. Insiste que el pueblo wayuu es fuerte y digno, pero la 'extracción de energía en su territorio, la implementación de proyectos urbanísticos y la extracción de hidrocarburos, pueden ser insostenibles para su supervivencia física y cultural en el mediano y el largo plazo'. Dice que el departamento produce el 40 % del carbón del país y tiene 65 proyectos eólicos en trámite.
El panorama político para 2022 en la península
Para la contienda electoral que se avecina en La Guajira se destaca la participación de varias candidaturas de jóvenes, aunque algunas apoyadas por políticos de vieja data. Se resalta la lista a la Cámara por el Pacto Histórico, que encabeza Luis Fernando Lobo, quien comenzó a recorrer los quince municipios guajiros en bicicleta para difundir sus propuestas. Está en la lista con el presidente de Sintracarbón, Igor Díaz y Félix Rosanía. También encontramos a dos experimentados políticos que representan al Partido de la U, como son Alejandro Rutto y el exdiputado Idelfonso Medina, quienes van acompañados de Carlos Daza. Los conservadores están participando con el joven Juan Loreto Gómez Soto, hijo de la actual representante María Cristina Soto, la lideresa wayuu Débora Barros y Hernando Salom. El Partido liberal estará participando con la lista conformada por Jorge Martelo Yepes, Pedro ‘Pello’ Pérez y Jarlen Garrido, muy conocidos a nivel local. Pedro Arteta Bonivento, Mariela Moreno Osorio y Jesús Javier Yancy Pertuz se inscribieron avalados por el Partido Mira y Colombia Justa Libres. Por el Partido Colombia Renaciente, la lista está conformada por el ex secretario de Gobierno de Riohacha
Miguel Pitre Ruíz, el ex alcalde de Barrancas Jorge Cerchario y la dirigente Teresa Iguarán. Y al Senado va el representante Alfredo Deluque, tercero en la lista del Partido de la U. También va al Senado –por Fuerza Ciudadana– Jorge Guevara, ex secretario general y asesor jurídico del Magdalena en el 2020. Y por Cambio Radical aspira al Senado el contador Luis Alonso Colmenares, padre del joven Luis Andrés Colmenares.
