Nuevamente el fuerte gremio de los polvoreros consiguió que el Congreso de la República engavetara el proyecto de Ley que buscaba prohibir totalmente la fabricación y venta de pólvora.
En varias oportunidades se ha querido sacar adelante esta iniciativa pero el lobby desarrollado por los polvoreros ha dado al traste con la norma, que en esta ocasión fue impulsada por la senadora Dilian Francisca Toro.
La Federación Nacional de Pirotécnicos (Fenalpi), siempe ha defendido el negocio e insistido en que quieren una reglamentación para formalizar el oficio y para que haya control.
Pero ayer, la Cámara de Representantes frustró nuevamente la posibilidad de que el país contara con una ley que prohibiera de tajo su fabricación, porte y venta.
Esto, a pesar de que el Senado había dejado en manos de esa corporación la iniciativa para acabar con la manipulación de la pólvora por manos inexpertas. En cambio dejó que el proyecto quedara otra vez, para después.
La senadora Dilian Francisca Toro, declaró que aunque su proyecto pasó sin ningún problema en el Senado, éste duró más de seis meses sin que se tramitara en la Cámara.
'Si hubiéramos tenido la ley ‘anti-pólvora’, ahora en diciembre, se estarían presentando menos casos de niños quemados con pólvora', sostuvo la legisladora vallecaucana.
Por eso, llamó a que los ponentes de la iniciativa en la Cámara respondan por la demora en su trámite.
'Creo que ese proyecto era primordial para esta época de diciembre en donde se ve el aumento de quemadura con pólvora en niños', aseguró.
El Proyecto contemplaba que los alcaldes fueran responsables de prohibir tanto la fabricación, como el uso, como el transporte de pólvora por manos inexpertas.
Y pretendía que ninguna persona pudiera vender en cualquier tienda la pólvora por manos inexpertas. Es decir que el oficio solo lo podían ejercer especialistas en esa materia.
Lo que hay. En el año 2001 fue expedida por el Gobierno la Ley 670, por medio de la cual se desarrolla parcialmente el artículo 44 de la Constitución para garantizar la vida, la integridad física y la recreación del niño expuesto al riesgo por el manejo de artículos pirotécnicos o explosivos. Allí se consigna que 'todo adulto está obligado a contribuir en forma eficaz a la prevención del riesgo ocasionado por los artículos pirotécnicos y fuegos artificiales que puedan afectar la vida, la integridad física, la salud y la infancia feliz del menor'.
Y en su artículo 17 reza: 'Facúltase a los alcaldes municipales y distritales, para el conocimiento de las infracciones e imposición de las sanciones previstas en la presente ley y para todo lo demás que sea de su competencia'.
Sin embargo el gremio de los polvoreros, demandó la Ley y la Corte Constitucional sentenció que los alcaldes no están habilitados para prohibir la comercialización de artículos pirotécnicos y fuegos artificiales.
Así las cosas, las medidas que se toman amparados en esta norma, dejan sin armas a las autoridades locales para evitar la comercialización.
Y si bien el proyecto no se ha hundido y puede salvarse si es tramitado en el primer semestre del próximo año, la idea de la Senadora Toro, era que pudiera empezar a regir para diciembre de 2012 y evitar así el aumento de quemados.
