El primer punto de la agenda de negociación en La Habana, el de desarrollo agrario, es considerado el tema de fondo para las Farc en la mesa de paz con el Gobierno. Quizá por ello, las negociaciones sobre este asunto han marchado a paso lento, a tal extremo que los avances, a la luz de los colombianos, han sido pocos.
Las Farc, de hecho, nacieron en 1964 en medio de una lucha contra el Estado por los graves problemas de pobreza y desigualdad en el campo, y en una lucha por la tierra misma.
Además, el tema agrario va ligado al asunto de las víctimas, ya que los cuatro millones de desplazados provienen casi todos del campo y una buena parte estaría esperando que les devuelvan las tierras que les tocó abandonar. Según las cifras oficiales, el despojo de tierras en el país provocó el abandono de unas 5,5 millones de hectáreas.
Las Farc presentaron las cien propuestas, condensadas en 10 generales, alrededor del desarrollo agrario. Paralelamente, el Gobierno de Juan Manuel Santos ha expuesto sus planteamiento al respecto a través de la Ley de Desarrollo Rural y la Restitución de Tierras.
Esta ley del Gobierno contempla la formalización de la propiedad agraria, el programa de Desarrollo Rural con Equidad, DRE, que se basa en asistencia técnica y financiera a campesinos, incluyendo aspectos como educación, salud y bienestar social, todo pensado para que sean las regiones las que hagan las políticas públicas y planifiquen su desarrollo, pues el fracaso de un desarrollo rural planteado desde Bogotá, ha sido evidente.
Lo que va, hasta ahora, es que en La Habana no ha habido acuerdo sobre el tema agrario.
Las propuestas de las Farc. La guerrilla insiste en una reforma agraria que buscará 'la superación de las condiciones que generan el ejercicio de la violencia por parte del Estado y fuerzas paramilitares y provocan el alzamiento armado guerrillero'.
Sigue la aspiración de la 'erradicación del hambre y la pobreza de los campesinos con la puesta en marcha de programas de nutrición y de empleo'.
Así mismo, plantean la 'construcción de una nueva ruralidad' y un 'ordenamiento del territorio, del derecho al agua y de los usos de la tierra', para emprender acciones que 'desganadericen las economías rurales y privilegien la producción de alimentos y la soberanía alimentaria', además de 'establecer límites socioambientales a las economías de extracción de gran minería a cielo abierto, de hidrocarburos, de energía hídrica y de agrocombustibles' y, finalmente, que contemple acciones frente a los cultivos ilícitos para 'transitar hacia producciones alternativas'.
Propone la creación de 'un Fondo de Tierras, conformado por 20 millones de hectáreas de tierras provenientes de latifundios improductivos, baldíos, despojos, incautaciones al narcotráfico', para distribuirlos a campesinos sin tierra y mujeres.
Sobre la restitución de tierras, las Farc dicen que 'debe ser superada por la reparación integral basada en el catastro alternativo', que se refiere a una investigación de las riquezas en recursos naturales, los intereses políticos, megaproyectos e inversiones que se desarrollaron en las tierras de las víctimas, para determinar las causas y los autores materiales e intelectuales de los despojos.
Pretenden también 'el reconocimiento de los territorios campesinos', con 'autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural, y en la administración de justicia' y que 'asumirán dos formas: Zonas de Reserva Campesina y Zonas de Producción Campesina de Alimentos'.
La octava propuesta es el 'compromiso con la soberanía alimentaria', con la provisión de infraestructura vial, transporte, acopio y almacenamiento, comercialización y acceso a los mercados local, regional, nacional o internacional, de crédito y financiación'.
Y, finalmente, proponen la 'denuncia o revisión de los acuerdos y tratados de comercio, que menoscaben la soberanía alimentaria (…), propicien la extranjerización de la tierra, promuevan su acaparamiento en manos de consorcios transnacionales o estimulen la especulación financiera' y, mientras esto se da, solicitan la 'protección y subsidio a las economías de producción de alimentos, en especial a la economía campesina'.
Concluyen las Farc que estas propuestas 'demandan la conformación de una nueva institucionalidad estatal y social de la economía y la sociedad rural colombiana' y 'requieren de un marco jurídico' a través de una Asamblea Constituyente.
Los peros de los analistas. Para el politólogo y columnista Vicente Torrijos, las propuestas de las Farc alrededor de una reforma agraria 'intentan romper la integridad territorial del país mediante la figura de unas Zonas de Reserva Campesina bajo el control de la guerrilla y autogobernadas por ella, y donde la jurisdicción de la fuerza pública no existiría'.
Sobre la pretensión de revisar los TLC suscritos, considera que 'eso es imposible, porque se refiere a una serie de tratados que son válidos y reconocidos en el contexto del derecho internacional, y su revisión desviaría el orden de la política exterior colombiana'.
Torrijos concluye que la Asamblea Constituyente 'es un atajo por donde ellas gratuitamente tendrían asignadas por circunscripción especial de paz muchas curules, así que no tendrían que depender de la voluntad popular para tener sus delegados en esa asamblea'.
El experto en temas del agro y columnista guajiro Indalecio Dangond señala que 'la reforma agraria de las Farc consiste en dos temas fundamentales: que se le pueda extinguir a los latifundistas una porción de sus fincas, de entre el 10 y el 20% que no están siendo explotadas, y la otra es que se deba implementar unas Zonas de Reserva Campesina que no son más que corredores geográficos con autonomía administrativa y judicial. Ambas son inconvenientes porque violan los principios constitucionales de la propiedad privada, la institucionalidad y la justicia'.
Añade que 'estas zonas, además, son un modelo fracasado: en los Montes de María, ninguno de los minifundistas obtiene ingresos superiores a 300 mil pesos mensuales en predios entre 15 y 25 hectáreas; mientras que los que están en un esquema de alianza estratégica con empresarios que prestan asistencia técnica y les garantizan el contrato de compra de su fruto, tienen ingresos superiores a los 2 millones de pesos mensuales. Ese es el modelo que se debe discutir en la mesa'.
Al respecto de privilegiar la producción de alimentos sobre, por ejemplo, la ganadera, considera que 'eso debe hacerse a través de estudios agroecológicos: en EU están definidos cuáles son los estados que producen algodón, maíz o ganadería; en Colombia deberíamos hacer lo mismo'.
José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, cree que 'las Farc necesitan usar la reforma agraria como una bandera política y no como un instrumento real de desarrollo del campesinado colombiano'.
Para el directivo, las Zonas de Reserva Campesina se deben a que los subversivos 'requieren de un territorio donde poder mantener sus actividades criminales de narcotráfico, minería ilegal y los enclaves de adoctrinamiento político con fines electorales'. Sobre la aspiración de las Farc de hacer primar la producción alimentaria sobre la ganadera, puntualiza el samario que 'lo que se necesita es una gran reconversión productiva, y probablemente la ganadería en vez de tener 38 millones de hectáreas debería concentrarse en la mitad del área, incluso aumentando el hato, pero para eso se necesita una política activa, para que haya más gente que cultive maíz, algodón, sorgo. Porque la realidad es que mientras no haya créditos, infraestructura y una política pública adecuada en el sector rural, no hacemos nada'.
Acuerdo antes del 25 de mayo. Este fin de semana continuarán reunidas, por separado, las delegaciones de las Farc y del Gobierno Nacional, analizando los textos de los borradores sobre un eventual acuerdo agrario.
En este noveno ciclo de las conversaciones habría ya un preacuerdo sobre cuatro puntos de la reforma agraria, pero faltaría avanzar en el tema de tierras, el estímulo a la producción agropecuaria, los mecanismos para garantizar un sistema de seguridad alimentaria y la formalización laboral del campesinado.
En ese orden de ideas, el Gobierno Nacional y las Farc esperan llegar a puntos de encuentro la semana entrante para emitir un comunicado conjunto antes del 25 de mayo, donde se explique qué fue lo acordado sobre la política de desarrollo agrario integral.
Por Tomás Betín del Río
